EscucharUn funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) habría borrado al menos 300 archivos que estarían relacionados con la millonaria adjudicación a cooperativas de salud con aparentes sobreprecios, hecho que está en investigación por parte del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La información fue revelada este jueves por Rándall Zúñiga, director de la Policía Judicial, en una entrevista con Noticias Columbia.
El jefe policial informó de que la acción se habría ejecutado desde una computadora ubicada en el Hospital Max Peralta de Cartago. Sin embargo, explicó que el responsable habría sido habilitado de manera remota para ingresar al sistema y acceder a la información de la cuenta de correos de uno de los implicados en la pesquisa, denominada Caso Barrenador. No se conoce la identidad del responsable.
Posteriormente, en un comunicado, el OIJ precisó que uno de los 28 allanamientos realizados el lunes 23 de setiembre, dentro de esta causa judicial, fue en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones de la CCSS, en la cual “se inició el respaldo de las cuentas electrónicas de las personas imputadas”. A solicitud de las autoridades judiciales, también se deshabilitaron las cuentas de correo implicados en el caso.
No obstante, dos días más tarde, el perito de la Sección Especializada de Cibercrimen detectó la manipulación en las cuentas de uno de los investigados. Solo se dijo que es un hombre.
“El día 25 de setiembre alrededor de las 8:30 a .m., el Perito de la Sección Especializada de Cibercrimen, informó que al momento de revisar que el proceso de descarga culminara correctamente, encontró en una de las cuentas (perteneciente a uno de los masculinos), generó errores en la sincronización de archivos, siendo que al revisar la bitácora, se observó que había 4 elementos eliminados en el OneDrive y preliminarmente al menos unos 300 archivos del correo electrónico”, detalló la Policía Judicial.
Se logró determinar que el correo fue habilitado sin autorización judicial, luego del bloqueo realizado durante el allanamiento. Para lograrlo, se utilizó el usuario y clave de un alto funcionario que tiene la capacidad de habilitar cuentas de correo. Esa clave y usuario serían del administrador del sistema, que se encontraba de vacaciones, su retorno a labores estaba previsto para el lunes 30 de este mes.
“Se sospecha que alguien más accedió a las credenciales de este funcionario para habilitar los permisos sobre el contenido en cuestión de una de las personas imputadas”, indicó la Policía Judicial.
De acuerdo con el comunicado, se encontró en la bitácora que el martes 24, un día después de los allanamientos, se dio “un ingreso correcto” en la cuenta de correo de uno de los investigados, pues para ese momento estaba habilitada, pese a que un juez había ordenado dejarla fuera de funcionamiento.
“Se presume que aprovechó ese momento para borrar la cantidad indicada de correos. La revisión interna de los IPs apunta a que el borrado lo hizo una persona dentro de la misma CCSS, pero desde una terminal del hospital Max Peralta en Cartago”, confirmó la nota de prensa.
Ni el jerarca ni el comunicado precisaron qué tipo de datos se borraron, pero la entidad aseguró que se utilizarán todas las herramientas forenses a su disposición para recuperar correos y archivos. De no contar con los recursos suficientes, se gestionaría ayuda internacional.
“Este tipo de acciones criminales orquestadas refuerzan la tesis del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial de que los allanamientos en el caso Barrenador eran totalmente necesarios, mismos que fueron avalados por un juez de la República y que no es posible en estos casos de presunta corrupción citar a los imputados para que se presenten a declarar a un despacho judicial ya que esto alertaría a todas las personas involucradas y podrían eliminar prueba como ya sucedió lamentablemente en este caso”, concluyó el informe de prensa.
Los implicados en adjudicación a cooperativas con posibles sobreprecios
Como parte de esta causa judicial fueron detenidos el lunes 23 de setiembre la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, la gerenta general, María de los Ángeles Gutiérrez, y seis personas más, entre miembros y exmiembros de la Junta Directiva de la entidad.
Estos últimos son Zeirith Rojas, Johnny Gómez, representantes patronales, así como María Isabel Camareno, delegada de gobierno. Así también, los ahora exdirectivos Jorge Porras (su renuncia se hizo efectiva este 25 de setiembre), Roberto Quirós y Jorge Luis Araya.
Ellos fueron liberados al día siguiente, el martes 24, pero se está a la espera de que el Juzgado Penal de Hacienda resuelva las medidas cautelares, pues la Fiscalía solicitó impedimento de salida del país, que se presenten a firmar a un despacho judicial y la suspensión de cargos por seis meses.
LEA MÁS: Audiencia de medidas cautelares sobre Marta Esquivel y directivos de CCSS continúa este jueves
A ellos se les sigue causa por los delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública, conductas en las que se habría incurrido al aprobar la adjudicación a las cooperativas para la administración de Ebáis en 10 áreas de salud, pese a un sobreprecio de ¢12.400 millones anuales, de acuerdo con la Fiscalía.
Colaboró en esta información, el periodista Juan Fernando Lara
