EscucharEl Gobierno frenó el proyecto que cinco diputados puntarenenses impulsan para dar pensión a unos 125 exempleados del puerto de Caldera, lo que costaría al Estado más de ¢300 millones anuales.
Aunque la mayoría de legisladores avalaron la semana anterior acelerar el trámite de la iniciativa, el Ejecutivo pidió consultar instancias involucradas en el eventual pago, como los ministerios de Hacienda, Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico.
“La intención es hacer esas consultas y tener claro el impacto que el proyecto podría tener”, manifestó ayer el viceministro de la Presidencia, Roberto Thompson, después de una reunión con la legisladora oficialista Xinia Nicolás, una de los cinco impulsores del transitorio a la Ley Reguladora de la actividad portuaria de Costa Rica.
Tiempo. Las consultas tardarán al menos una semana, lo que retrasará el trámite en el Congreso, donde solo se oponen los 17 diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) pues consideran que sería un “privilegio para enmendar consecuencias de prácticas neoliberales”, había argumentado el subjefe de la bancada, Alberto Salom.
Olivier Pérez, legislador del PAC por Puntarenas, había apoyado el proyecto, pero después se alineó con el criterio de su partido.
Los eventuales pensionados serían 125 empleados que el INCOP liquidó en agosto, tras ceder el muelle de Caldera a una empresa privada. El requisito sería que tengan más de 25 años de trabajar para el INCOP y más de 45 años de edad.
“El plan lo había consultado, pero no frente a frente con don Rodrigo (Arias, ministro de la Presidencia). La intención es flexibilizar la Ley para dar una solución a esas familias que viven en una zona de muy pocas opciones laborales”, afirmó Xinia Nicolás.
