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Uber inició operaciones en el país desde 21 de agosto de 2015. | J. NAVARRO
El Gobierno reiteró que el servicio privado de transporte que ofrece la empresa Uber mediante una aplicación web es ilegal y por lo tanto investigará la operación del centro de servicios para Latinoamérica anunciado este martes por la compañía.
"Los servicios de transporte que Uber ofrece en el país están al margen de la ley. Por esa razón, cualquier actividad conexa que facilite la operación de Uber, aunque técnicamente pueda ser legal, será exhaustivamente investigada para impedir que se apoye el funcionamiento de un negocio que es ilegal", expresó en un comunicado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Uber, que funciona en 61 países, nueve de ellos en América Latina, anunció que creará en Costa Rica un centro de servicio al cliente para Latinoamérica, en el que empleará a 300 personas e invertirá $3,5 millones.
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Ante esto, el MOPT afirmó que el Gobierno apoya las innovaciones tecnológicas que beneficien a los consumidores y que favorece todas las inversiones, pero las empresas deben "cumplir con la legislación nacional".
El presidente Luis Guillermo Solís dijo que a pesar de que se establezca el centro de operaciones, el funcionamiento de Uber en el país es ilegal.
"Con respecto al centro, bajo condiciones de legalidad, es un centro que se puede abrir de acuerdo a lo que establecen las disposiciones de la ley actual. Se nos ha informado que brindará servicios para América Latina y Brasil, entiendo que eso incluye a Costa Rica y no debe incluir a Costa Rica. La operación sigue siendo ilegal aquí y por lo tanto esa es una consideración que tenemos muy clara", mencionó Solís.
El MOPT reiteró que la Policía de Tránsito tiene instrucciones para aplicar multas a los conductores de los vehículos que ofrecen el servicio de Uber.
El Ministerio agregó que mantiene abierto el diálogo con los representantes de Uber para tratar de resolver el problema mediante alguna iniciativa de ley.
En Costa Rica la empresa comenzó a operar en agosto del año pasado y se calcula que las tarifas son hasta un 50% más bajas que las de los taxistas.
El gremio de taxistas pide al Gobierno que no permita el funcionamiento de Uber y amenaza con llevar a cabo protestas y bloqueos de carreteras como medida de presión.
"El Gobierno hace un llamado a la calma y advierte que no se tolerarán bloqueos ni acciones intimidatorias contra empresas o sus empleados", manifestó el MOPT.