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El envío de refuerzos policiales al puerto de Limón hacía presagiar que el Gobierno se preparaba anoche para tomar bajo su control los muelles de Japdeva.
Al cierre de edición, a las 10:30 p. m., decenas de efectivos de la Fuerza Pública y de Tránsito permanecían en los alrededores de las terminales de Moín y Limón a la espera de órdenes de la Casa Presidencial.
Incluso, los propios trabajadores portuarios esperaban que las autoridades ingresaran en “cualquier momento” a asumir el manejo de los muelles.
Marco Vargas, ministro de Coordinación Institucional, anunció anoche que se tomarán “las medidas necesarias” para que los puertos vuelvan a operar de manera eficiente.
“Nuestro deber es velar por el buen funcionamiento del servicio público y las medidas que tomaremos serán para lograr ese fin”, aseveró el funcionario.
Vargas permaneció ayer en sesión permanente en Zapote junto con Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia, y Wálter Robinson, presidente ejecutivo de Japdeva.
El comando de crisis estuvo valorando las medidas a tomar en consulta con otros ministros como Fernando Berrocal, de Seguridad Pública, y Karla González, de Transportes.
El Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) aplica tortuguismo en los muelles de Limón desde el lunes pasado.
En un principio el grupo utilizó esta medida de presión para exigir el pago de ¢470 millones por concepto de beneficios laborales, pero luego de que el Gobierno prometió tomar el superávit de Japdeva para pagarles, los sindicalistas demandaron un compromiso escrito de que los muelles no serán concesionados ni privatizados.
Trascendió que ayer no hubo contactos ni negociaciones con el Sindicato de Japdeva. No obstante, el Gobierno lanzó fuertes críticas en contra de los dirigentes del movimiento.
El presidente, Óscar Arias Sánchez, los culpó por el rezago turístico en Limón. “Los líderes sindicales de Japdeva le están haciendo mucho daño a Costa Rica”, dijo.
Presión. El sector productivo lanzó ayer una fuerte ofensiva ante el Gobierno para exigir la normalización de los servicios en Japdeva.
En la mañana la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) exigió intervenir los muelles de Limón y Moín.
Luego, en la tarde, representantes de las empresas Dole, Chiquita Brands y Del Monte se reunieron con Fernando Berrocal, ministro de Seguridad, para informarle que el tortuguismo les ha ocasionado pérdidas por $5 millones.
De hecho, los trabajadores de Japdeva estuvieron descargando dos contenedores por hora en lugar de los 60 habituales.
Los empresarios indicaron que esta situación los obligó a detener la corta de banano y piña, lo cual afecta a unos 10.000 trabajadores que ganan $17 al día por cortar o empacar las frutas.
Mientras tanto, en las afueras de Japdeva se formó una fila de furgones de dos km de longitud.
Uno de los afectados es Juan Carlos Víquez, quien llegó el martes a las 11 p. m. y pudo ingresar a Moín a las 5:30 p. m. de ayer. Víquez llegó de San Carlos con piña que no pudo descargar.
“Me veo muy afectado pues gano por viaje realizado y perdí un día de trabajo”, dijo el transportista. Colaboraron: Marvin Carvajal y Juan Fdo Lara.
