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La última audiencia pública en setiembre del 2001 en Limón convocó a decenas de personas a favor y en contra de la explotación petrolera. Rechazo. | ARCHIVO / LA NACIÓN
El ministro del Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, catalogó como “risible” la cifra de $57.000 millones que exige la petrolera estadounidense Harken como indemnización por la suspensión del contrato para exploraciones en el Caribe.
El monto no solo es astronómico y ajeno a cualquier posibilidad gubernamental, sino que la compañía estadounidense “no puede cobrar pues no cumplió con los requisitos del contrato” para explorar y, eventualmente, explotar hidrocarburos, dijo.
Pese a estos alegatos, la petrolera acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones (CIADI), con sede en Washington, Estados Unidos, para que resuelva el diferendo que mantiene con Costa Rica desde marzo del 2002.
En aquella época la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), del Ministerio del Ambiente, catalogó como “no viable” la construcción de una plataforma petrolera frente a Moín, en Limón, pues Harken no garantizaba una exploración que no dañara el ambiente.
Estas consideraciones las rechazó el representante de la compañía Brent Abadie, quien dijo a La Nación, en marzo del 2001, que ofrecían una operación segura y menos riesgosa que exportar crudo en buques.
Por lo pronto, Carlos Manuel Rodríguez rechazó la posibilidad de que Costa Rica acepte el arbitraje internacional y dijo que el tema se discutirá en profundidad mañana con el equipo económico de Gobierno.
Además, esta semana le notificarán a Harken sobre la rescisión contractual pues tampoco invirtió en los otros tres bloques petroleros que tenía adjudicados en Limón.
¿Qué sigue?
Así las cosas, varios abogados expertos en arbitrajes confirmaron anoche que la posición del Gobierno no facilita las acciones de Harken.
En todo caso, la empresa podría seguir presionando al país para que acepte el arbitraje, pero el contrato que firmó con el Gobierno tico dice que la mediación es viable cuando Harken acuda a las vías administrativas y judiciales en nuestro territorio.
Por lo pronto, Harken solo agotó las vías administrativas cuando apeló el fallo de la Setena frente a la entonces ministra del Ambiente, Elizabeth Odio, el año pasado.
Los mismos abogados explicaron que Harken podría separarse del CIADI y entonces recurrir al Gobierno de los Estados Unidos para que asuma el caso.
Si eso ocurre ya no sería un arbitraje entre la firma y Costa Rica, sino una demanda de país a país ante la Corte Internacional de Justicia.
Anoche se intentó localizar de nuevo al presidente de Harken, pero no contestó en su oficina de Nueva Orleans, Estados Unidos.
