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El Gobierno y los diputados negocian destinar una parte de los $380 millones del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Alianza Francesa de Desarrollo (AFD) a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La ides es compensar recursos que, por la crisis económica del coronavirus, la CCSS está dejando de percibir a causa de una disminución de los ingresos provenientes de las cuotas obrero patronales.
Existe la posibilidad de que la transferencia sea considerada como un abono a la deuda del Poder Ejecutivo con la Caja, la cual estima la obligación pendiente en ¢1,95 billones (millones de millones), aunque el monto aún está en discusión.
Luis Fernando Chacón y Enrique Sánchez, jefes de fracción de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC), afirmaron que el giro a la CCSS, con fondos del préstamo del BID-AFD, estaría por encima de los $60 millones (cerca de ¢35.000 millones).
Casa Presidencial informó de que propone, precisamente, un monto de $60 millones.
El empréstito sería discutido el próximo lunes por el plenario legislativo para ser sometido a votación en primer debate.
Así lo acordaron, el mediodía de este jueves, los jefes de fracción y el Directorio legislativo.
“¿Cuál es el monto? Va a depender de los criterios, de tener claridad de lo que estamos ayudando a la Caja a solventar la situación particular que provoca la reducción de ingresos por la emergencia. Creo que sería una transferencia, un apoyo”, expuso el diputado Enrique Sánchez.
Por su parte, Xiomara Rodríguez, jefa del Partido Restauración Nacional, dijo que su fracción asume el compromiso de que, por cada crédito internacional que se apruebe en el Congreso, una parte sea destinada al pago de la deuda del gobierno con la Caja.
En cuanto al préstamo del BID-AFP, afirmó que el monto que sería girado a la CCSS será definido el lunes, mientras que su compañero, Carlos Avendaño, habló preliminarmente de un monto de $100 millones.
El 24 de marzo, el gobierno planteó que los $380 millones del BID-AFD serían usados para financiar su operación normal, previendo una caída sustancial en la recaudación de impuestos por el coronavirus.
El jefe del PLN afirmó que, ahora, los recursos del crédito tendrían tres vertientes: un giro a la CCSS, financiamiento de bonos Proteger a trabajadores afectados económicamente y mejoramiento del perfil de la deuda pública.
Este último objetivo consiste en que, con los recursos de un préstamo internacional, el gobierno evita endeudarse en el mercado interno, el cual cobra mayores tasas de interés.
Sánchez también dijo estar de acuerdo con que el resto del empréstito se destine a alivianar la deuda pública.
El empréstito tiene un plazo de 20 años. Lo componen $230 millones provenientes del BID a una tasa del 2.75% y $150 millones del AFD a una tasa del 0,94%.
El gobierno lo gestionó, en un principio, como apoyo presupuestario para destinarlo al Plan Nacional de Descarbonización.
Sin embargo, la Contraloría General de la República avaló que esos recursos podrían destinarse a la atención de la emergencia nacional provocada por la pandemia.
Rodolfo Peña, jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), coincide en destinar a la CCSS un monto similar al propuesto por Carlos Avendaño.
“Hay títulos valores del Estado que están colocados en la Caja. Bueno, que se vuelvan a comprar esos títulos”, indicó.
En la reunión de este jueves, los diputados también acordaron discutir el giro de ¢75.000 millones del Instituto Nacional de Seguros (INS) a subsidios para los trabajadores afectados económicamente por la pandemia, así como dos reformas constitucionales.
Una de estas reformas es para cambiar el orden de los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso y otra para establecer como derecho constitucional el acceso humano al agua.
