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La atención de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 durante el 2020, representó para el Estado costarricense costos de entre ¢1,65 billones y ¢2,14 billones, según una estimación de la Contraloría General de la República (CGR).
Ese cálculo catalogado como “conservador” por el órgano contralor, contempla los ingresos dejados de percibir, así como los gastos adicionales en los que se incurrió dadas las repercusiones de la propagación del nuevo coronavirus.
De acuerdo con la contralora general de la República, Marta Acosta, ese es un costo inicial, pues la enfermedad continúa propagándose por el país, lo que ejerce mayor presión sobre las debilitadas finanzas públicas.
“El costo inicial de la pandemia durante el año 2020, desde un punto de vista financiero, se ubica aproximadamente en un 5% del producto interno bruto, siendo este un porcentaje conservador.
“Este costo es superior a todo el gasto en inversión pública realizado durante el año 2019, para que tengamos una noción. Este es un punto de partida pues esta cuenta aún está lejos de cerrar”, advirtió Acosta.
Para tener un punto de comparación, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en 2021 fue de ¢444.148 millones.
Financiamiento de la pandemia
El Estado financió el costo de la atención de la pandemia en 2020, según la Contraloría, mediante cuatro mecanismos principales: reasignaciones presupuestarias, desinversión pública, préstamos internacionales y superávits institucionales.
Los préstamos externos representaron entre el 17,6% y el 22,8%.
Entretanto, las reasignaciones presupuestarias ocupan entre el 42,2% y el 55,5% de los costos totales de la crisis sanitaria. Este mecanismo se refiere a los dineros que estaban asignados a una partida, pero que tuvieron que redirigirse para la atención de la emergencia.
Además, el Gobierno también tuvo que suspender inversiones de capital, por ejemplo en infraestructura, para soportar entre el 19% y el 24,6% de los daños causados a la Hacienda Pública por la situación.
Asimismo, a través del superávit se financió entre el 7,9% y el 10,2% de la respuesta a la crisis.
“La pregunta que surge es ¿qué tan sostenibles son esas fuentes de financiamiento ante esta pandemia que no sabemos cuándo va a finalizar o si en el futuro cercano se presentarán otros eventos tan disruptivos como este?”, reflexionó Acosta.
La Contraloría estimó este costo utilizando la metodología de evaluación de desastres elaborada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Esta consiste en estimar los costos a través de la suma de pérdidas y gastos adicionales que ha enfrentado la Hacienda Pública debido a la pandemia.
Las pérdidas, en este caso, consisten en los ingresos que las instituciones públicas dejaron de percibir como consecuencia de la emergencia sanitaria, por ejemplo, la caída de recaudación de impuestos o las disminuciones de ingresos por venta de bienes y servicios.
Entretanto, los gastos adicionales se refieren a todas las erogaciones requeridas para atender la emergencia y que no se tenían contempladas a inicios del periodo. Por ejemplo, los gastos relacionados con la adquisición de vacunas, el Programa de Seguridad Alimentaria o los bonos Proteger.
Según datos a enero, vacunas para poco más de tres millones de personas implicaron una inversión de ¢47.700 millones.
Educación, desempleo y pobreza
La Contraloría General de la República también alertó en su Memoria Anual 2020, de los problemas sociales que brotaron con esta crisis. Esas repercusiones, según Marta Acosta, representarán una caída en los ingresos proyectados del Estado en un futuro no muy lejano.
Se centran, dijo, en una desmejora de los servicios de educación, así como las consecuencias en desempleo y pobreza.
“Los indicadores nacionales muestran que la pandemia ha desacelerado la actividad económica y ha aumentado el desempleo y la pobreza, especialmente para las mujeres jefas de hogar. Se ha disminuido la esperanza de vida, la escolaridad y la incorporación de los estudiantes a los centros educativos”, afirmó Acosta.
La pandemia todavía ocasiona efectos en la educación de niños y jóvenes, sobre todo por la imposibilidad de asegurar una atención debida de los 1.173.000 alumnos matriculados, de los cuales 325.000 no tenían acceso a Internet.
Aunque en febrero de este año, retornaron las clases presenciales, algunos alumnos acuden solo una vez a la semana o menos, con lo cual el contacto con los docentes es escaso.
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La situación de la pandemia para los estudiantes de escuelas y colegios se viene a sumar a los aprendizajes incompletos del 2018 y 2019 debido a las huelgas de educadores.
Entretanto, en desempleo, aunque continúa la tendencia a la baja luego de alcanzar números históricos, aún había 452.000 personas sin trabajo para el trimestre entre diciembre de 2020 y febrero de 2021.
La cifra más alta se alcanzó entre mayo y julio del 2020, cuando el desempleo alcanzó al 24,4% de la fuerza laboral, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
“Esto lleva consigo una enorme pérdida social y también una pérdida de ingresos futuros para nuestro país. Sin lugar a dudas esto representa grandes desafíos para la Hacienda Pública”, afirmó la contralora.
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