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Eloísa Castro Méndez, de 69 años, no era ciudadana de ningún país, era una apátrida.
Como no aparecía registrada en ninguna parte, tampoco obtuvo una cédula al cumplir 18, ella era invisible jurídicamente. No podía hacer un simple trámite bancario, no podía recibir atención médica, ni siquiera pudo pedir la pensión de sus seis hijos.
Sin embargo, su realidad cambió luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le otorgara la nacionalidad costarricense.
"Yo vivía en Honduras con una tía, a los 15 años me trajo una señora para acá a Costa Rica y me dejó botada. Yo no sé por qué me dejaron botada, no sé nada de mis papás. Yo vine y comencé a trabajar cogiendo café, en una cantina o en una casa. Así saqué adelante a mis hijos", contó la mujer, quien vive en San Francisco de Coronado.
Al llegar a Costa Rica, dijo, no pudo nacionalizarse porque ella no aparecía inscrita en su país de nacimiento.
Cinco décadas después, gracias a la reforma del Reglamento del Estado Civil realizada por el TSE, Castro pudo concretar todos los trámites necesarios para convertirse en costarricense y sacar cédula de identidad. Ahora, es una ciudadana con derechos legales y sociales.
“Por no tener ese documento, los hospitales no me atendían cuando me enfermaba. Mi esposo se murió, pero yo me había separado porque él me maltrataba. Por no tener cédula, ni siquiera pude pedirle pensión para mis hijos. No podía pedir ayuda a un banco, ni al IMAS. Ahora ya podré recibir atención médica”, comentó Castro.
Fue hace un mes que la llamaron para que se presentara al Registro Civil. Acudió primero a una ventanilla, la entrevistaron y luego la hicieron esperar en otra oficina. Hasta ese momento, no sabía la noticia que le iban a dar.
"Me dijeron 'vamos abajo' me llevaron a la ventanilla y allí me dijeron 'hoy le vamos entregar su cédula'. Ay viera yo como lloraba, le pedí tanto a Dios. Le dije que me ayudara con esto porque yo no podía seguir enferma", dijo la tica.
Cuando tuvo el documento en sus manos, narró, lo primero que hizo fue ir a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Con este caso, Costa Rica se convierte en el primer país latinoamericano en contar con legislación sobre personas apátridas y en concretar el trámite del otorgamiento de nacionalidad.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reporta dentro de sus estadísticas hasta 10 millones de personas que viven en esa condición.
Castro ahora podrá votar y tener acceso a servicios médicos, bancarios, ayudas estatales y a todos los beneficios y derechos que tiene un ciudadano costarricense.
"A sus 69 años de edad, esta madre de seis hijos ya no volverá a vivir la infinidad de momentos difíciles que debió atravesar por ser apátrida. Este es un caso de suma importancia a nivel mundial, pues concreta el cumplimiento de una serie de compromisos que realiza el país con la ratificación de dos convenciones que persiguen la reducción de los casos de apatridia”, explicó Luis Bolaños, director del Registro Civil del TSE.
