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La contralora general de la República, Marta Acosta, ratificó que la filtración de recursos en bonos Proteger, entregados a personas que no lo necesitaban, se presentaron en las dimensiones reveladas por una auditoría de ese órgano en diciembre pasado.
Sus manifestaciones, este jueves, durante su comparecencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, desestimaron los resultados del informe del Gobierno.
Un análisis elaborado por el Poder Ejecutivo señaló que las filtraciones de subsidios podrían haberse presentado, pero por un monto cercano a los ¢1.100 millones, muy por debajo del estimado por el órgano contralor.
“Nosotros estamos hablando de entre ¢11.000 millones y ¢15.000 millones de posibles filtraciones, pero también estamos hablando de montos que se pagaron más allá de lo que correspondía.
“Estamos hablando de personas a las que les correspondía ¢62.500 y se les pagó ¢125.000. Pero este es un tema que la Administración está revisando actualmente, porque están en el proceso de ejecución de las disposiciones”, manifestó Acosta.
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El bono Proteger fue un subsidio dirigido, principalmente, a trabajadores afectados por la suspensión de contratos o reducción de jornadas en las empresas debido al impacto económico de la pandemia de covid-19.
Conforme a la situación de cada uno, según parámetros establecidos en un decreto, los beneficiarios recibían ¢62.500 o ¢125.000 al mes durante tres meses.
La ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, y el presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), alegaron, en sus anteriores comparecencias en ese mismo foro legislativo, que la Contraloría cometió errores metodológicos, que los resultados no eran concluyentes y que además fueron holgados.
Marta Acosta defendió que el análisis se hizo bajo criterios técnicos internacionales. Además, aseguró que los ministros a cargo del programa social no objetaron los resultados anteriormente.
“La Contraloría General de la República reitera, en todos sus extremos, el resultado de esta auditoría operativa, cuya metodología se ajusta al modelo de gestión para resultados definidos por la Administración para la emergencia (sanitaria).
“Los criterios e indicadores se basan en el decreto ejecutivo de Creación de Bono Proteger y fueron discutidos con la Administración y comunicados oficialmente sin objeción de su parte.
“Las listas mensuales de filtraciones se pusieron a la disposición de la Administración del 16 al 21 de diciembre, sin que fueran revisadas”, expresó Acosta.
Tras las afirmaciones de la contralora en la Comisión Legislativa, el Gobierno defendió los resultados de su verificación, según el cual monto asignado a personas que no debían recibir el beneficio fue mucho menor, que el señalado por la Contraloría.
“La verificación nos lleva a la conclusión de que ese universo de posibles casos, es una cantidad mucho más pequeña que actualmente requiere ser investigada con mayor precisión para determinar si efectivamente hay filtraciones. Este proceso de descarte de la mayoría de casos que advirtió la CGR, se hace contrastándose con bases de datos originales”, insistió Dinarte.
A raíz de este informe de auditoría, el Ministerio Público abrió de oficio una investigación por el posible delito de incumplimiento de deberes, sin imputados hasta el momento.
El Poder Ejecutivo deberá entregar, en mayo próximo, una verificación de cada uno de los potenciales riesgos detectados por el órgano contralor. A partir de entonces, afirmó Acosta, se decidirá si es necesario realizar nuevas pruebas de campo o posibles sanciones administrativas contra funcionarios involucrados.
¿A qué se debe la enorme diferencia?
La Contraloría General de la República (CGR) señala que las filtraciones en el programa podrían ser de hasta ¢15.000 millones, entretanto, según el Gobierno, estas no sobrepasarían los ¢1.100 millones.
Para hacer el estudio, el órgano contralor dividió a los beneficiarios en dos grupos: el primero con despedidos, suspendidos o con reducción de jornada y el segundo con independientes, informales y temporales.
En el primero de los grupos detectó una posible filtración de 16,4%, por un monto de ¢7.490 millones. Mientras que en el segundo, el potencial riesgo fue de 20,69%, por un monto de entre ¢3.759 millones y ¢7.556 millones.
Ese segundo grupo es más difícil de revisar, puesto que no se tiene información de ingreso salarial a través del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En la revisión del órgano contralor se hizo un análisis “mediante la definición de una muestra estadísticamente representativa” y se validó la información mediante la aplicación de una entrevista telefónica con el cruce de datos disponibles.
La contralora alegó que el Gobierno solo revisó el primer grupo, pero, además, aseguró que no “no hay claridad acerca del procedimiento ejecutado por la Administración para llegar a determinar” que las filtraciones apenas son de ¢1.100 millones.
No obstante, según el presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), esa información no contradice los hallazgos encontrados por el Gobierno.
“Los datos presentados hoy por la CGR en la comparecencia sobre bono Proteger, corresponden a los informes del mes de diciembre. Por ende, no contradice la información que la Administración ha presentado a la Comisión.
“De esos informes derivan las disposiciones que nos ha llevado a consultar las bases primarias que nos han permitido depurar los hallazgos de la CGR”, aseguró Bermúdez.
‘Gran falta de respeto’
Este jueves, la contralora también se refirió a los comentarios de los funcionarios de Gobierno sobre el informe de auditoría. Fue enfática en rechazar lo que consideró intentos de descrédito a su labor y a la de sus equipos de trabajo.
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“No puedo dejar de expresar que este informe y el grupo de auditores que lo realizaron han sido objeto por parte de la Administración de calificativos y manifestaciones como las siguientes: el informe es sesgado, el informe es tendencioso, causa daño reputacional al programa, falta de rigurosidad técnica, dudas sobre la intencionalidad, resultados con meras presunciones poco transparentes, hallazgos redactados como si fueran noticias y no del mejor periódico, y ese grupo de jovencitos, entre otros”, se quejó la jerarca.
Esas expresiones, consideró, representan “una gran falta de respeto”
Insistió en que aunque revisaron todas las objeciones planteadas contra el informe, no encontraron argumentos para acogerlas.
