Los estados financieros de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) “no contienen información relevante, fiable y comprensible” relacionada con las transacciones, sucesos o condiciones relativas a la situación financiera y el rendimiento financiero de la institución, de acuerdo con el criterio de la Contraloría General de la República (CGR).
Estos vacíos limitan la utilidad de la información financiera de esta empresa, propiedad del Consejo Nacional de Producción (CNP), y por lo tanto no contribuye en el proceso de toma de decisiones de los distintos usuarios.
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Así lo indicó la CGR en el informe DFOE-SOS-IF-00006-2021, dado a conocer este martes, en el cual expresó una “opinión adversa” sobre los estados fi
nancieros de la Fanal al 31 de diciembre de 2020, por cuanto estos no se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
El órgano contralor comenzó su análisis con los activos fijos, conforme la revisión de las cuentas de maquinaria, equipo, mobiliario, terrenos y de edificios; se determinaron debilidades de control referentes al reconocimiento del costo de dichos activos, el modelo de revaluación utilizado, así como del análisis de indicios de deterioro.
Explicaron que la Fanal no dispone de una política contable ni procedimientos relacionados con la metodología de revaluación a seguir, ni ejecuta periódicamente los avalúos correspondientes, siendo que el último fue en el 2012, hace aproximadamente ocho años.
“Estas situaciones generan que sus activos no estén registrados a su valor razonable y que se hayan revaluado activos que por su naturaleza no adquieren valor con el paso del tiempo, sino que experimentan una rápida obsolescencia, entre los que se encuentran: basureros, guillotinas, relojes de pared y calculadoras.
“Por otra parte, se determinó que la Fanal no efectúa de forma periódica análisis de indicios de deterioro del valor de los activos, por lo que no puede determinar si el valor contable de estos ha disminuido y los posibles efectos en los resultados del periodo”, indicó la Contraloría.
En cuanto a las “Cuentas por Pagar a Largo Plazo”, la Fanal estima que su deuda por impuestos con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y Ministerio de Hacienda, podría ascender a ¢41.361 millones, lo que equivale a 2,7 veces el importe de los activos totales (¢15.193 millones); sin embargo, según el ente contralor, ese monto no deriva de cálculos basados en supuestos y criterios técnicos.
“Respecto a las ‘Cuentas por Pagar a Corto Plazo’, la Fanal no mantiene un proceso de depuración oportuno de los saldos de estos pasivos, por lo que se evidenció, al cierre de 2020, la existencia de registros pendientes de ajustar, tales como: ¢101 millones derivados de un caso de pago de mercadería que tuvo su origen entre los años 2000 y 2002; ¢19 millones y ¢13 millones de facturas pagadas en los períodos 2019 y 2020, respectivamente, y que al cierre del período auditado se mantuvieron como obligaciones pendientes de pago; ¢3 millones a favor de un proveedor cuya transacción corresponde al año 2011 y ¢2 millones de ajustes relacionados con la compra de materia prima en 2019″, explicó la Contraloría.
Incluso, resaltó que están incluidas notas de crédito muy antiguas que están pendientes de aplicar, entre las que se encuentran documentos de 1987.
En el mismo rubro de las “Cuentas por Cobrar a Corto Plazo”, la Contraloría identificó que no se ejecuta una conciliación oportuna de los saldos, por lo que el saldo de las “Cuentas por Cobrar Comerciales” está sobrevaluado por ¢388 millones. También existen otros movimientos sin depurar, de 2015 y 2019, así como registros duplicados de notas de débito.
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Según la Contraloría, la Fábrica no ha llevado a cabo las gestiones necesarias para determinar si el saldo registrado en las “Cuentas por Cobrar Deudores Varios”, por ¢411 millones, es recuperable en virtud de que fueron recursos transferidos al CNP para el pago de impuestos de bebidas alcohólicas del período 2011 y el Consejo no realizó el pago respectivo al Ministerio de Hacienda.
Para la cuenta “Provisión de Cobranza Dudosa”, que asciende a ¢877 millones, el ente contralor determinó que la Fanal no dispone de una política de incobrabilidad acorde con el marco de información financiera aplicable, debido a que fue emitida en 2007 y se basa en una directriz del Ministerio de Hacienda que está derogada desde el 2012.
El saldo de dicha cuenta fue calculado desde 2016 y no ha experimentado ningún tipo de variación desde esa fecha; a su vez, fue distribuido en un 15% (¢131 millones) y 85% (¢745 millones) para las “Cuentas por Cobrar a Corto Plazo y a Largo Plazo” , respectivamente, “sin que exista criterio técnico que respalde los porcentajes utilizados”.
Esto genera que el saldo de la “Provisión de Cobranza Dudosa” no sea razonable, y por ende, no refleje la realidad de la incobrabilidad de la Fábrica para el período 2020.
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“Por otra parte, no se efectúa un análisis continuo de la información de las contingencias, a fin de asegurar que en los estados financieros se revele información actualizada; y el auxiliar de contingencias detalla procesos judiciales de la Fanal que no guardan concordancia con los informes de las dependencias jurídicas de esa instancia y del CNP”, añadió.
La consecuencia, concluyó la Contraloría, es que no hay información suficiente para reconocer una provisión por contingencias, lo cual limita la preparación para enfrentar las obligaciones, que en caso de materializarse, pueden afectar la estabilidad económica de la empresa y por consiguiente, la capacidad de continuar en funcionamiento.
La Nación publicó semanas atrás que, en solo cuatro años, las deudas de la Fanal consumieron el 90% del patrimonio del CNP, denuncia que hizo la contralora general de la República, Marta Acosta, ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
Acosta incluso afirmó que el CNP está “desfinanciado”, o sea, perdió la capacidad de hacerle frente a las obligaciones.
Fanal es fabricante del popular guaro Cacique y de alcohol. Pese a que sus deudas son grandes, el dueño del negocio, es decir, el CNP, desconoce hasta cuánto llegan las obligaciones. Al menos esa fue la versión que dio a La Nación en enero de 2020 el entonces presidente ejecutivo del Consejo Rogis Bermúdez.