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La Contraloría General de la República recomendó al presidente de la República, Carlos Alvarado, imponer una sanción de 30 días a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, por pagar los compromisos del gobierno con sus acreedores, a principios de la administración actual, sin tener contenido presupuestario.
Los acreedores eran, principalmente, instituciones públicas que le prestan dinero al Gobierno central para cubrir su faltante de recursos a cambio del pago de intereses.
Cuando empezó la gestión de Alvarado, el Ministerio de Hacienda encontró que la administración de Luis Guillermo Solís ya había agotado la partida para pagar deuda pública que había autorizado la Asamblea Legislativa, con el inconveniente de que faltaba mucho dinero por pagar: había un hueco de ¢600.000 millones.
Luego de investigar lo ocurrido, la Contraloría sugirió sancionar por 30 días a la titular de Hacienda.
La pesquisa también incluyó las acciones del exministro de Hacienda, Helio Fallas; la tesorera nacional, Marta Cubillo; el director de Crédito Público, Melvin Quirós; y Julio Espinoza, exdirector de Crédito Público.
Todos ellos fueron notificados este lunes de las posibles sanciones, decisión que podrán recurrir en un plazo de tres días. Mientras tanto, la información es confidencial, advirtió la Contraloría.
“Me permito informar que se notificó a las partes el acto final de dicho procedimiento administrativo el lunes 21 de octubre, por encontrarnos en este momento en proceso recursivo (parte del debido proceso) no se puede ampliar información al respecto por no estra en firme el acto final, porque en este momento el proceso es confidencial”, respondió la Oficina de Prensa.
Al ser contactado por este medio, Helio Fallas dijo que no dará ninguna declaración sobre el tema, por recomendación de su abogada.
La Nación también envió consultas para Cubillo, a través de la oficina de prensa del Ministerio de Hacienda, y está a la espera de una respuesta. Casa Presidencial no ha confirmado si recibió la notificación del ente contralor.
La pesquisa administrativa pretendía explicar y señalar responsables del faltante de ¢600.000 millones que dejó sin presupuestar para el 2018 el gobierno de Luis Guillermo Solís.
Ese hueco en el presupuesto se dio pese a que las autoridades de Hacienda aparentemente manejaban información de que el plan de gastos solicitado y aprobado por el Congreso, en el 2017, no alcanzaría para atender los pagos del servicio de la deuda interna, a corto y largo plazo.
Por esta razón, con la llegada de la nueva administración, en mayo de ese año, se realizaron pagos sin contenido presupuestario, es decir, sin el aval de los diputados.
Tales pagos se ejecutaron durante las dos administraciones.
Estas situaciones fueron denunciadas por la propia ministra de Hacienda a la Contraloría.
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La investigación del órgano contralor la dio a conocer la diputada liberacionista Silvia Hernández, quien desde meses atrás había solicitado la investigación.
