Un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) evidenció el poco compromiso de los gobiernos locales en la lucha contra la corrupción institucional.

En ese análisis se examinaron las acciones preventivas de los ayuntamientos de Nicoya y La Cruz, en Guanacaste; Limón y Talamanca, en Limón; Garabito, en Puntarenas; y Paraíso, en Cartago.

De esos seis municipios estudiados se encontró, por ejemplo, que tres de ellos carecen por completo de una normativa que regule el actuar ético de sus funcionarios. Estos son Limón, Nicoya y Garabito.

Otros dos —Talamanca y La Cruz— sí cuentan con la guía ética, pero solo uno lo ha divulgado entre sus funcionarios. Este último caso se trata de Paraíso de Cartago.

El informe concluyó que ninguno de esos ayuntamientos implementa una cultura organizacional en procura de la prevención de actos de corrupción.

Por tal motivo, el órgano contralor cuestionó el liderazgo de alcaldías y concejos municipales.

“Ninguno de los gobiernos locales ha realizado actividades para instruir a los servidores en cuanto a los valores fijados.

Tales hechos obedecen a que el liderazgo y compromiso de las alcaldías y concejos municipales es limitado, siendo que las prácticas adoptadas no son suficientes para contribuir a instaurar un entorno de prevención de la corrupción en las municipalidades”, señala el informe.

Sobornos en compras y prestación de servicios

La auditoría también evidenció que los municipios de La Cruz, Nicoya, Paraíso y Talamanca, carecen de controles internos para prevenir riesgos de corrupción en compras de bienes y servicios, otorgamiento de licencias y permisos de construcción, así como inspecciones.

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Esas son áreas municipales altamente vulnerables a actos de corrupción, relacionados incluso con sobornos.

“Los riesgos evaluados se refieren a los conflictos de interés, las dádivas, la falta de supervisión y la no preservación y uso adecuado de los recursos”, indica el informe.

También señala que esos mismos gobiernos locales apenas tienen controles parciales para actividades relacionadas con el manejo de fondos públicos, como control de ingresos, pagos, manejo de caja chica y gestión de ayudas sociales brindadas durante la emergencia de la pandemia de coronavirus.

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Uno de los municipios examinados por el órgano contralor fue Limón, liderado por el alcalde Néstor Mattis, quien tiene varias causas en proceso por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, cohecho impropio y desobediencia.

El último de esos casos está relacionado con la supuesta donación de terrenos a la familia del alcalde. En ese proceso judicial está imputado Mattis, como presunto responsable del delito de cohecho impropio.

Los hechos investigados ocurrieron en 2016, cuando supuestamente personas particulares donaron terrenos ubicados en Ojo de Agua a familiares del jerarca municipal.

Dichos traspasos se concretaro ocho meses después de que la Municipalidad asfaltara la carretera entre Ojo de Agua y Las Brisas de Pueblo Nuevo.