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Las obras de construcción de un dique en la isla Calero para tapar el caño abierto por Nicaragua en el 2013, se desarrollaron bajo la vigilancia constante, desde el otro lado de la frontera, de militares del país vecino.
Así lo informó ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel González, al comentar el detalle de los trabajos realizados entre el martes 31 de marzo y el lunes 6 de abril.
El canciller aseguró que “dichosamente no pasó nada”, a pesar de la presencia militar. Incluso, los nicaragüenses amarraron una escalera a un árbol para poder observar las faenas.
En fotografías divulgadas por la Cancillería quedó retratado el exguerrillero Edén Pastora – encargado de abrir el canal en el 2013– precisamente subido en la escalera y revisando, al parecer, un teléfono celular.
González comentó que, además, el Gobierno de Nicaragua colocó una lancha frente al caño, sobre el río, a unos 150 metros de donde funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) hacían el dique.
La obra se concluyó una semana antes de que inicien las audiencias orales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en el marco de dos juicios que involucran a Costa Rica y Nicaragua que tramita ese tribunal internacional.
Ese sería el paso final en la demanda contra Managua por la invasión, en el 2010, de una pequeña porción de isla Calero, conocida como isla Portillos, así como de otro juicio contra Costa Rica por supuestos daños en el cauce del río San Juan al construir una carretera fronteriza.
Arena y más arena. En su informe sobre la construcción del dique, González detalló que 62 funcionarios del Minae trabajaron en la obra, la cual pretende revertir el daño ambiental provocado y que consumió unas 100 toneladas de arena, para bloquear el canal abierto por Nicaragua.
El material se trasladó con un helicóptero civil de la empresa Aerodiva, con capacidad para levantar, cada vez, una carga de 900 kilogramos. En total se necesitaron 110 cargamentos de ese tipo para concluir la obra.
Para construir el dique, el país recibió el aval de la Convención Ramsar sobre Humedales, en agosto pasad. Consta de 19 metros de largo y se colocó hacia el centro del caño de 300 metros abierto por militares nicaragüenses, bajo el mando de Pastora, quien fue el jefe de las labores de dragado del río San Juan.
El canciller aseguró que el costo de este proyecto ronda los ¢95 millones, financiados con recursos de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).
Aunque González negó que existan pruebas de presencia nicaragüense en la zona del conflicto, reconoció no poder garantizar que no hayan entrado, pese a la prohibición para el ingreso de militares o policías a ese sector.
