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Con casi tres décadas de atraso desde que recibieron la primera promesa, alrededor de 100.000 indígenas costarricenses lograron que el país se comprometiera a consultarles cualquier actividad que pueda afectar sus derechos en alguno de los 24 territorios que habitan.
En lista de espera de consulta está la construcción de acueductos en algunas de estas comunidades, y hasta de megaobras, como una enorme planta hidroeléctrica en la zona sur del país: el proyecto El Diquís, en Buenos Aires de Puntarenas.
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El gobierno firmó esta tarde el decreto 40.932 que echa a andar el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, para esos y otros proyectos que surjan en el futuro. Fue calificado por la Presidencia como "el primero en América Latina desarrollado bajo el estándar de 'consulta sobre la consulta'".
"Son 24 años de deuda histórica, dos años y medio de trabajo, y cientos de años de exclusión, racismo y violencia. Hoy estamos dando un paso importante para ir erradicando esta exclusión histórica a la que el Estado ha sometido a los pueblos indígenas", dijo Ana Gabriel Zúñiga Aponte, viceministra de la Presidencia a cargo de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, y responsable de este proceso.
Este mecanismo tiene su origen en recomendaciones de la Relatoría Especial sobre Pueblos Indígenas de la Organización Naciones Unidas (ONU), informó en un boletín de prensa la Presidencia de la República.
Tras dos años de trabajo, se logró que 22 de los 24 territorios indígenas del país suscribieran una guía con ocho pasos que obliga a las instituciones de Gobierno a preguntar a estas poblaciones cuando vaya a echar a andar cualquier proyecto en estas comunidades.
Solo Alto Chirripó y Talamanca-Bribri no suscribieron el documento. Según Zúñiga, la primera comunidad espera la resolución de un recurso de amparo, y en el caso de Talamanca, la Asociación de Desarrollo local pidió hacer un proceso interno antes de respaldar el mecanismo.
"Respetuosos de esa dinámica, no queríamos imponer. Previendo eso y porque el mecanismo lo que busca es garantizar los derechos humanos de los indígenas, se estableció un transitorio en el decreto para que en el momento que ellos superen estos asuntos pendientes se puedan incorporar", explicó la viceministra.
Los ocho pasos para realizar una consulta son los siguientes:
- Solicitud de la consulta.
- Admisibilidad de la solicitud de la consulta.
- Acuerdos preparatorios.
- Intercambio de información.
- Evaluación interna del pueblo indígenas.
- Diálogo, negociación y acuerdos.
- Finalización del proceso.
- Cumplimiento y monitoreo de acuerdos.
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Costa Rica tiene 104.143 personas indígenas, según los datos del Censo 2011. Los 24 territorios indígenas del país se extienden en 307.000 hectáreas.
Protección de territorios olvidados
En todo este proceso, que se inició en marzo de 2016 con la directriz 042-MP, participaron más de 5.000 pobladores autóctonos en cerca de 120 actividades organizadas en los territorios indígenas del país.
El Sistema Naciones Unidas y la Defensoría de los Habitantes participaron como observadores.
El 9 y 10 de febrero pasados, las delegaciones territoriales ratificaron el Mecanismo General por unanimidad, durante el II Encuentro Nacional de Consulta Indígena (ENCI).
El objetivo fue precisar cómo se debería hacer el Gobierno las consultas de proyectos que pudieran afectar la calidad de vida de estas poblaciones.
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"Lo que hace distinto a este mecanismo es que no fue realizado en la verticalidad, desde un escritorio en San José, sino que es el resultado de un arduo trabajo y del compromiso de funcionarias y funcionarios públicos, pero, sobre todo, de los pueblos indígenas, que al día de hoy están más empoderados y tienen más claridad de cómo relacionarse y cuáles son las vías para exigir y garantizar sus derechos humanos", dijo Ana Gabriel Zúñiga Aponte.
El mecanismo crea la Unidad Técnica de Consulta Indígena, que estará en el Ministerio de Justicia y Paz, responsable de liderar operativamente todas las consultas desde el Gobierno.
Por su parte, en cada territorio indígena estará la figura de 'Instancia Territorial', designada por la comunidad y a cargo de coordinar la logística de las consultas que se realicen.
El texto estará disponible en español, bribri, cabécar, ngäbere y maleku.
"Con la firma de este documento para su publicación como decreto ejecutivo, Costa Rica cumple con una de las obligaciones establecidas en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", menciona el comunicado de la Presidencia.
Óscar Almengor Fernández, asesor indígena en el proceso de consulta e integrante de la comisión redactora, calificó este decreto como "un paso histórico en materia de derechos de los pueblos indígenas".
"Es un mecanismo que, como todo documento, no es perfecto, pero tiene alcances importantísimos para nuestros pueblos. Hoy se materializó nuestra voluntad", dijo.
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Según el Gobierno, este acuerdo es "histórico", y salda la deuda que el Estado mantiene con estos pueblos desde que ratificó el Convenio 169, en 1992.
