La crisis económica ocasionada por la pandemia de coronavirus también se reflejó en las municipalidades, con una importante caída en los ingresos, especialmente por el cobro de patentes.
Ese golpe financiero fue el principal fundamento para que ocho ayuntamientos abandonaran la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) en menos de 15 días.
La decisión implica el retiro de sus aportes económicos y dejar a la máxima organización política municipal sin unos ¢84 millones anuales, monto que aportaban esos municipios en conjunto.
Para este año, la Unión tenía un plan de gastos de ¢2.682 millones, de acuerdo con el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos de la Contraloría.
Cartago fue el primer gobierno local en anunciar la salida de la UNGL.
Su alcalde, Mario Redondo, alegó que esa decisión ahorraría a la municipalidad que dirige ¢35 millones al año, al tiempo que reconoció diferencias ideológicas con la cúpula de la Unión Nacional.
Aquella decisión generó réplicas en otros gobiernos locales.
Quepos, Paraíso, Moravia, San Pablo, Liberia y Coto Brus siguieron los pasos de Cartago y aprobaron su salida del espacio político y asesoramiento.
Este martes, Santo Domingo de Heredia también abandonó la UNGL con el respaldo de sus cinco regidores, según confirmó el alcalde del cantón, Roberto González.
La moción fue presentada por el presidente municipal Isaac Ramirez Zamora del Partido Unión Domingueña. Ahora, los recursos que giraban a la organización anualmente (alrededor de ¢16 millones) serán utilizados para atención de emergencias cantonales.
Estas desafiliaciones ocurren en momentos en que, además del impacto financiero, las municipalidades preparan sus presupuestos del año entrante, para aprobación de la Contraloría General de la República.
También trascienden unos días después de que la Junta Directiva eligiera a Johnny Araya, alcalde de San José, como su nuevo presidente.
Como único candidato y de forma unánime, los directivos consideraron que el indicado para presidir el espacio municipal en tiempos de crisis era Araya, alcalde por el Partido Liberación Nacional (PLN).
Como vicepresidenta fue escogida la alcaldesa de Jiménez, Lissette Fernández, también verdiblanca.
“Me parece que es un club de alcaldes de un solo partido político, además de que no es necesaria”, declaró Redondo a Telediario de Multimedios.
El abogado indicó a La Nación que prefería no profundizar en ese tema, pues no quería que la decisión se entendiera como un asunto político.
Las autoridades de la Unión Nacional bajaron el tono a esas declaraciones y atribuyen el abandono de municipalidades más a un tema presupuestario, por la afectación de la pandemia, que a uno de carácter político.
Empero, eso no impidió que la directora ejecutiva de la UNGL, Karen Porras, reconociera que existen diferencias ideológicas que pueden influir en ese tipo de decisiones.
“Definitivamente no podemos obviar que nos movemos en un entorno político con tendencias, alianzas y no solo eso, sino que genera detractores.
“Pero más allá de eso, quiero decirle que la dinámica de desafiliaciones ha sido constante con el paso de los años en esta institución y sobre todo en fechas de agosto y setiembre, cuando los concejos municipales plantean su presupuesto”, afirmó.
Johnny Araya, por su parte, lamentó que ocho municipalidades abandonaran el organismo que ahora lidera.
Alegó que es un momento difícil para los gobiernos locales. No obstante, afirmó que en estos momentos es cuando más se necesita dejar de lado las diferencias.
“No me anima ningún sectarismo de carácter político, todo lo contrario. Entiendo que en este momento las municipalidades juegan un papel protagónico y se están discutiendo muchos temas sobre su futuro, la Unión juega un papel importante y debe hacerlo sin sectarismos políticos.
“No hay ninguna intención de tomar banderas políticas. Los motivos políticos los respetamos. La UNGL es una instancia integrada en sus órganos de dirección de manera multipartidista, hay representantes de todos los partidos políticos”, afirmó Araya.
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Dominio liberacionista
Las autoridades del organismo defendieron que la conformación de su Junta Directiva “es un espejo” de los resultados de las elecciones municipales de febrero pasado, pues en la Asamblea Nacional hay más representates “de un partido político”.
Más del 50% de las municipalidades son lideradas por alcaldes liberacionistas.
Esa agrupación se dejó 42 de las 82 alcaldías nacionales. Entretanto, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) obtuvo 16 y el Partido Acción Ciudadana (PAC) solo 4.
Los partidos minoritarios y los cantonales se repartieron las restantes 20 alcaldías.
Tres de las municipalidades desafiliadas provienen del Partido Unidad Social Cristiana (Quepos, San Pablo y Liberia), una de Alianza Demócrata Cristiana (Cartago), otra de Somos Moravia (Moravia) y la última de Movimiento Avance Santo Domingo (Santo Domingo).
No obstante, también hay dos municipios gobernados por alcaldes liberacionistas (Paraíso y Coto Brus).
Empero, la última palabra sobre la desafiliación la tienen los concejos municipales.
‘Efecto dominó'
Aunque siete gobiernos locales más retiraron el apoyo de la UNGL, después de que lo hiciera la municipalidad de Cartago, Karen Porras descartó que esa decisión generara un efecto en cadena.
“No considero que sea un efecto dominó y tampoco me parece apropiado indicarlo así. Las municipalidades que se mantienen con nosotros merecen el respeto absoluto y nuestro compromiso sigue con trabajo constante”, señaló.
No obstante, el alcalde de San Pablo de Heredia, Bernardo Porras, reconoció que en su municipio sí actuaron motivados por la decisión del ayuntamiento cartaginés.
“Al salir en los medios que los montos de asociación son tan altos, se comienza a analizar a lo interno de las administraciones realmente cuál es el aporte de la UNGL hacia las municipalidades”, señaló el alcalde.
El presidente del Concejo Municipal de Quepos, Kenneth Pérez, también manifestó que actuaron motivados por la decisión de Cartago.
“Hay que ser sinceros. Cuando vimos lo que se hizo, se nos encendió el bombillo, porque, diay, en estos tiempos hasta las moneditas blancas valen”, afirmó Pérez.
Entretanto, el alcalde de Paraíso, Carlos Manuel Ramírez, afirmó que su gobierno local optó por salirse para destinar esos recursos a proyectos comunales y debido a “los cuestionamientos que han pasado en los últimos días” en contra de la Unión.
Por su parte, el alcalde de Moravia, Roberto Zoch, señaló que la decisión “en gran parte” se tomó por la afectación económica ocasionada por la pandemia, y afirmó que esos recursos serán destinados a “atender las necesidades institucionales” para el año entrante.
En busca de evitar el éxodo de más entes municipales, la Junta Directiva acordó reducir la cuota de afiliación y condonar las deudas que arrastran los entes municipales con esa institución.
Hasta ahora, la cuota correspondía a un 0,25% del presupuesto de los gobiernos locales sin contemplar las transferencias estatales. La Unión acordó reducirla a 0,15%.
Esos acuerdos de la Junta Directiva deberán ser ratificados en una Asamblea Nacional de carácter extraordinario, que se realizaría en no más de dos meses.
También convinieron contratar una auditoría externa para las áreas financiero, administrativa y legal del organismo, con el propósito de “mostrar completa apertura”.
Eso obligará a una “reingeniería financiera” en el organismo de representación muncipal, adelantaron las autoridades.
“Más que el tema presupuestario, nos duele la separación del régimen municipal en momentos en los que es de suma importancia permaencer unidos”, señaló Karen Porras.
El organismo cuenta con el apoyo de 71 entes, entre gobiernos locales, concejos de distritos y federaciones municipales.
¿Qué hace y cómo se financia?
La Unión Nacional de Gobiernos Locales, creada en 1977, es un ente de derecho público con personería jurídica que se nutre, principalmente de los aportes municipales.
Brinda dos tipos de servicios: defensa y promoción del régimen municipal, y asesorías técnicas en diversas ramas.
De acuerdo con el director de Mejora Continua de la UNGL, Mario Corrales, la Unión encabeza negociaciones de carácter político con diputados y el gobierno, en favor de los municipios, en su conjunto.
“Ir, promover y luchar por el fortalecimiento del régimen municipal, haciendo lobby político, buscando cómo atender la promulgación de leyes que fortalezcan y así sucesivametne en una serie de actividades”, aseveró Corrales.
Como ejemplo, añadió las negociaciones que permitieron reducir el recorte que el Gobierno Central aplicó a las transferencias estatales para el mantenimiento de la red vial cantonal.
Incluso, el presidente de la República, Carlos Alvarado, se comprometió con la UNGL y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendentes (ANAI) a analizar si reponía esos recursos mediante la aprobación de nuevos empréstitos internacionales.
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También estuvieron detrás de negociaciones políticas que permitieron a los municipios librarse de la regla fiscal, con el respaldo de diputados y finalmente la firma del gobierno.
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De acuerdo con Corrales, hay municipios que no pueden costear los salarios de profesionales, o bien, contrataciones de empresas para cumplir requerimientos de la Contraloría o avanzar con proyectos de su plan de gobierno.
Cuando eso sucede, pueden pedir la asistencia de los profesionales y equipo técnico de la Unión Nacional.
“Las municipalidades tienen una diversidad de servicios, pero lo que limita esa prestación de servicios son las capacidades que tienen, entonces nosotros nos presentamos con personal técnico profesional que procura llenar esos vacíos que no pueden cubrir”, afirmó el gerente.
La Unión Nacional también tiene otros ingresos secundarios que permiten costear parte de su funcionamiento, como los fondos que recibe del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
Esa institución recibe parte del impuesto a las bebidas alcohólicas de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), así como el impuesto a licores y cervezas extranjeras.
La mitad de esos recursos debe trasladarlo a las municipalidades. De esa partida, el 40% los redirecciona a la UNGL.
También captan fondos no reembolsables de organismos internacionales para proyectos específicos, como planificación urbana o, por ejemplo, los recursos que recibieron para realizar estudios y construir infraestructura en las zonas de influencia que tendría el tren eléctrico.
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Nota actualizada con información sobre la salida de la municipalidad de Santo Domingo de Heredia