Aunque en febrero el gobierno lo anunció como una de las medidas urgentes para contrarrestar el creciente déficit fiscal, la venta o concesión de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) no ocurrirá pronto.

Lo anterior obedece a que el Estado es incapaz de tasar el valor real del activo al desconocer el tamaño de sus deudas, debido al desorden financiero que arrastra el negocio propiedad del Consejo Nacional de Producción (CNP).

Desde el año 2002, por razones que las autoridades actuales dicen desconocer, la productora de alcohol dejó de pagar algunas obligaciones de ley.

Entre ellas figuran dineros que la Fábrica debe traspasar al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y al Instituto de Desarrollo Rural (Inder).

También es posible que tenga obligaciones con otras instituciones o empresas, pues el enredo es tal, que no se sabe con exactitud a quiénes más les debe dinero y cuánto tiene que pagarles.

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En medio de esa maraña de números confusos, el gobierno decidió, en marzo pasado, que fuera una auditoría forense la que esclareciera el estado de las finanzas de ese negocio estatal.

Sin embargo, meses después cambió de decisión sobre el tipo de consultoría financiera que requiere para conocer con precisión el monto global de las deudas de Fanal.

El estudio original estaba centrado en obtener evidencias de un potencial fraude o de errores graves en el manejo financiero. No obstante, a criterio de las autoridades eso no es lo que se requiere.

Así las cosas, cinco meses después de los anuncios urgentes que hizo el gobierno para atacar el déficit, el CNP apenas elabora el cartel licitatorio para contratar la consultoría financiera.

“El señor ministro (de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado) hizo mención de que se realizaría una auditoría forense a la Fanal; no obstante, se decidió posteriormente que ese no sería el procedimiento a aplicar.

“Estamos construyendo el cartel de especificaciones para la contratación de una empresa especializada para analizar la situación real que presenta la Fábrica”, señaló la oficina de prensa del CNP.

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Al respecto, el presidente ejecutivo del Consejo, Rogis Bermúdez, afirmó que sin esos estudios es imposible tomar decisiones sobre el futuro del negocio.

“Con esto vamos a tener claro qué debemos, a quién le debemos y desde cuándo le debemos, además del valor real de Fanal para tener un escenario en papel más realista de lo que tenemos, porque hoy hay muchos supuestos.

“Muchas cosas que deben aclararse”, aseveró Bermúdez.

Compromiso

Elián Villegas, nuevo ministro de Hacienda, reconoció a su llegada al puesto que desconocía el avance que tenía la propuesta sobre la Fábrica Nacional de Licores.

No obstante, afirmó que esa fue una promesa del gobierno y que, como tal, se va a cumplir.

“Fue una propuesta de gobierno y hay que trabajarla con la seriedad que la propuesta amerita para que pueda ser ejecutada”, aseveró Villegas.

El Poder Ejecutivo asumió ese compromiso con los legisladores el 10 de febrero, cuando el Congreso pidió cuentas al entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.

Ante el plenario legislativo, Chaves expuso un paquete de medidas para contrarrestar el déficit fiscal, que cerró en 6,96% en 2019, por encima de las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

También fue la cifra más alta desde 1980.

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Entre las medidas anunciadas ese día se encuentra el proyecto de ley denominado ‘Pagar’, el cual pretende destinar al abono de la deuda ¢226.000 millones de los superávits de 11 instituciones públicas.

Actualmente, la propuesta está en discusión en la Asamblea Legislativa mientras se habla de una posible reducción del monto que aportarían las entidades estatales producto de los efectos económicos provocados por la pandemia de covid-19.

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Chaves también pidió, en aquella oportunidad, la aprobación de recursos para modernizar el sistema tributario de Hacienda y mejorar la recaudación fiscal.

El pasado 2 de junio, días después de la salida de Chaves por “diferencias de estilo” con el presidente de la República, Carlos Alvarado, Hacienda presentó un préstamo por $157 millones para ese fin.

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Dentro de las medidas que propuso Chaves también se contempló la venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), así como la venta o la concesión de Fanal.

Chaves afirmó que la venta del banco generaría un beneficio equivalente al 0,04% del producto interno bruto (PiB), mientras que el remate o concesión de Fanal tendría un impacto de 0,03%.

A la fecha, ninguno de estos proyectos ha sido presentado al Congreso.

Fue solo discurso

A la espera de que el Poder Ejecutivo presentara esos proyectos, los diputados crearon una comisión especial sobre reforma del Estado.

Ese foro pretende proponer y dictaminar reformas estructurales en el Gobierno Central, empresas estatales y entes públicos no estatales, para reducir el gasto.

Pablo Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que preside esa comisión, afirmó que el gobierno se quedó solo en palabras con las propuestas que prometió presentar y que, por eso, decidieron actuar por su lado.

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“Fue solo discurso. Si el gobierno hubiera tenido un interés genuino hubiera convocado los proyectos que ya estaban, insistiendo en mociones para esos proyectos, sugiriendo un texto sustitutivo o algo, pero lo cierto es que no ha habido acción”, afirmó Abarca.

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Hace un año, el mismo legislador presentó un proyecto con el propósito de cerrar el Consejo Nacional de Producción (CNP) y trasladarle sus funciones al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

En la reforma que presentó Abarca, también planteó transferir la Fanal a la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica).

No obstante, el legislador afirmó que la iniciativa se podría modificar para que en lugar de traspasar la Fábrica a esa organización, pueda venderse a un interesado privado.

Esa propuesta está en la agenda de discusión de la comisión legislativa. Sin embargo, Abarca afirmó que no es la primera en la lista, por lo que la discusión sobre el futuro de Fanal podría tomar más tiempo.

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