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En solo cuatro años, las deudas de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) consumieron el 90% del patrimonio del Consejo Nacional de Producción (CNP), denunció la contralora general de la República, Marta Acosta, ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
Acosta incluso afirmó que el CNP está “desfinanciado”, o sea, perdió la capacidad de hacerle frente a las obligaciones, lo que también queda evidenciado en los estados financieros de la empresa estatal. De acuerdo con esos documentos, en el 2016, la institución tenía un patrimonio de ¢29.777 millones. Sin embargo, para 2019, la cifra cayó a ¢2.940 millones.
“Para el 2019, el patrimonio del CNP era, únicamente, de ¢2.940 millones. Es decir, se ha reducido el patrimonio en un 90% respecto al 2016, esto debido, principalmente, al aumento de las cuentas por pagar a largo plazo (pasivos no corrientes), por deudas de la Fanal, lo que ha aumentado los pasivos de largo plazo del Consejo. Esto muestra que la entidad se ha descapitalizado con el paso del tiempo”, explicó Acosta.
El patrimonio de una empresa lo constituye la diferencia entre los activos (que incluye bienes, recursos, derechos y valores) y los pasivos (deudas y obligaciones que constan en su balance financiero). Para el CNP, los activos serían, por ejemplo, las cuentas por cobrar, dinero en los bancos, inventarios, terrenos y edificios. Sin embargo, los estados financieros no exponen con claridad cuáles son los activos de la institución.
De hecho, los documentos dejan ver una serie de vacíos en la información, lo que impide conocer la verdadera situación financiera del Consejo.
Según la información contable, en el 2016, los pasivos corrientes del Consejo eran de ¢21.834 millones. Estos pasivos corrientes toman en cuenta las deudas y obligaciones a menos de un año, o sea a corto plazo. El 2019, se incrementaron un 25% (a ¢27.287 millones). En el caso de los pasivos no corrientes (deudas de más de un año o a largo plazo), en 2016 eran de ¢2.382 millones; en 2016, se incrementaron a ¢15.483 millones.
La Contraloría General de la República explica que los auditores externos que hicieron la evaluación del 2019 mencionaron que el patrimonio del CNP muestra “variaciones importantes”, pero, no saben el por qué pues no se les suministró documentación.
“Se puede observar que, del 2017 al 2019, el CNP muestra resultados negativos en sus utilidades debido a otros gastos como arreglos de pago, gastos no deducibles y gastos de periodos anteriores”, explicó la CGR.
Fanal es fabricante del popular guaro Cacique y de alcohol. Pese a que sus deudas son grandes, el dueño del negocio, es decir, el CNP, desconoce hasta cuánto llegan las obligaciones. Al menos esa fue la versión que dio a La Nación en enero de 2020 el entonces presidente ejecutivo del Consejo Rogis Bermúdez.
“La Fábrica –dijo él en ese momento– está en un problema financiero enorme porque los ingresos no dan para pagar cuentas. Hay deudas de muchos años que ni siquiera Fanal sabe de cuánto son, entonces lo que está haciendo es cuantificarlas para tener claro cuánto es el monto total”.
La Fanal cerró con pérdidas por ¢3.998 millones en 2018 y ¢3.170 millones en 2017. Esos resultados podrían ser más graves, pues la Fábrica tiene obligaciones que no están registradas en su contabilidad. Los estados financieros de la institución, en 2018, reflejan que Fanal tenía para ese año deudas por ¢13.900 millones, sin embargo, el negocio tendría otras que no estaban registradas.
Los ingresos de la Fanal son insuficientes para pagar todas las cuentas, entre ellas salarios, deudas, materia prima, y otros gastos de funcionamiento. Es el CNP el que asume la pérdida operativa de la Fanal, a través de los ingresos de otras líneas de negocios.
La preocupación por el desorden financiero de la Fanal es tal, que el mismo presidente de la República, Carlos Alvarado, ordenó crear una comisión interinstitucional para definir cuánto y a quién le debe la Fábrica.
La Nación solicitó explicaciones al CNP por la pérdida de patrimonio y sus estados financieros, pero no respondieron las consultas enviadas desde hace más de una semana. La contralora Marta Acosta dijo que, al 30 de setiembre del 2021, el CNP aún no había publicado los estados financieros del 2020, por lo cual no pudo actualizar los indicadores.
Vacíos y saldos ‘inusuales’
Luego de la comparecencia de la contralora ante los diputados, el 30 de setiembre, finalmente se publicaron los estados financieros de 2020, en los que, como ocurrió en 2019, los auditores, en su opinión calificada, mencionaron falencias de la contabilidad del Consejo que les dificulta concluir qué está pasando con la institución. Explicaron que los estados financieros de la institución no corresponden con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Así lo advirtieron claramente en el informe: “Pudimos constatar que los auxiliares de Cuentas por Cobrar y por Pagar son llevados en Excel por el área de Contabilidad. Las conciliaciones bancarias son preparadas manualmente. Adicionalmente, para este periodo detectamos que el mismo no genera información histórica o reportes a nivel de sistema por lo que se tiene que recurrir a métodos alternativos de revisión generando reprocesos para obtener dicha información”.
A los auditores no les fue posible opinar sobre la razonabilidad del saldo mostrado por el CNP en sus cuentas de bancos. Dijeron que al 31 de diciembre de 2019 y del 2020, existían cuentas en los estados financieros con saldos “anormales” e “inusuales” que evidencian que existen ajustes pendientes de realizar por la Administración.
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Los especialistas no pudieron saber la composición de cuentas por cobrar a clientes y por factura con exactitud en este periodo auditado. El Consejo no cuenta con un reporte de antigüedad de saldos, por lo que a los auditores no les fue posible determinar la suficiencia de la estimación para incobrables al 31 de diciembre de 2019 y del 2020.
Los auditores, además, hallaron una diferencia de ȼ2.905 millones de más entre las planillas reportadas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las planillas suministradas como internas. La diferencia no les fue explicada por la institución al finalizar el 2019.
“El incremento en el saldo de las cuentas por cobrar del 2018 al 2019 y la presencia de partidas con antigüedad importante, nos indican problemas en la gestión de cobro. La Administración no realiza estudios de deterioro de sus activos, por lo que desconocemos si es necesario un ajuste por deterioro al 31 de diciembre de 2019″, dijeron.
Los reportes financieros indican que el 40% de todos los ingresos de Fanal se transfieren en pago de tributos, procesos judiciales interpuestos por instancias receptoras de sus impuestos ante retrasos o rechazo del pago, por controversia sobre la estructura de costos para base imponible que debe regir, acarreando multas, intereses, acuerdos de pago.
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Sin ingresos adicionales
Otro hecho que señalan los informes es que las pasadas y la presente administración ha multiplicado las funciones y demandas de servicio que se delegan al CNP como el fortalecimiento del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) para suministrar alimentación a las instituciones públicas, importación de insumos (Ley 8700), Plan Nacional de Desarrollo 2015-18, entre otros programas.
Sin embargo, ninguna complementa fuentes efectivas de ingresos adicionales, que permitan confrontar con eficiencia las nuevas tareas.
Los documentos destacan que el Consejo ha debido contemplar gastos extraordinarios por acuerdos de pago vigentes, que está honrando la presente administración con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) e Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) por omisión de pago de cargas sociales de diversos períodos que datan del 2010 hasta febrero 2014.
“Ello representa erogar mensualmente un total de ¢76 millones. De desestimar esta carga, la institución se vería ante el riesgo inmediato de embargo de cuentas y cierre temporal de operaciones ordinarias de giro comercial: FANAL y PAI”, explicaron.
En los estados financieros del 2020, se registra un incremento del patrimonio del CNP por ¢28.739 millones. Al parecer, se incluyó como una “reserva” (que forma parte del patrimonio), un superávit por reevaluación de activos que no correspondía y elevaba el patrimonio a ese monto.
Sin embargo, indicaron los auditores, para julio de este año la situación fue corregida, pero no explicaron cómo ni por qué. Se desconoce, entonces, cuál es el patrimonio del Consejo al 2020.
