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Tres años después de que el experto de las Naciones Unidas ordenó consultar a los indígenas que se verían afectados, el megaproyecto hidroeléctrico El Diquís, en la zona sur del país, parece estar destinado a ser tema de debate por varios años más.
Así lo previeron por separado Hugo Lázaro, dirigente de comunidades indígenas, y el presidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Carlos Obregón.
“El deseo del Gobierno es hacerlo, pero no será tan pronto como uno desearía”, declaró, consciente de que también está pendiente el estudio de impacto ambiental.
Lázaro consideró poco probable que este Gobierno saque adelante el proyecto hidroeléctrico, conveniente por la coyuntura de estrechez energética nacional, pero inconveniente para pueblos indígenas; una parte de sus tierras quedaría inundada por el embalse.
Poco se ha avanzado en el proceso de diálogo del Gobierno con representantes de comunidades indígenas de los territorios como Térraba, China Kichá, Curré y Boruca, a pesar del acompañamiento de del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Ayer volvió a reunirse la Mesa de Diálogo para reactivar el proceso, ahora con representantes del gobierno de Luis Guillermo Solís.
Lo hicieron en la víspera de una cita privada que delegados de los pueblos indígenas tendrán hoy con el máximo representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, quien llega esta mañana a Costa Rica.
Está previsto que el avance del proceso de consulta sea parte de los temas en la reunión que tendrán los líderes indígenas con el secretario general de la ONU en el Museo del Jade, a mitad de la jornada de actividades del diplomático. Ban se enterará allí de las tareas pendientes en la Mesa de Diálogo.
Desde que vino a Costa Rica el relator especial de las Naciones Unidas para asuntos indígenas, James Anaya, en junio del 2011, quedó claro el poder de decisión que, sobre el proyecto, tienen comunidades aledañas a la cuenca del río Grande de Térraba, cuyo potencial hidroeléctrico se identificó en los años 70.
Parte de dos territorios indígenas quedarían inundados con una represa, mientras que las alteraciones en el río impactarían otras tierras, protegidas por ley, como reconoce el sitio web del ICE .
En estos tres años, sin embargo, no ha sido posible determinar siquiera la forma de hacer la consulta a los indígenas. Es decir, es necesario incluso preguntar sobre cómo hacer la consulta final.
Esto , porque el ahora diálogo Gobierno-indígenas no tiene como objetivo específico materializar el proyecto El Diquís, sino crear un método de consultas que se pueda usar también para otros asuntos que afecten derechos indígenas.
Hugo Lázaro, dirigente de Curré y participante del proceso, criticó ayer la disposición del Gobierno en los últimos tres años. “Lo que ha pasado es que la relación no ha pasado de ser discursiva”, comentó.
También señaló la carencia de experiencia en Costa Rica sobre consultas a pueblos indígenas.
“Este proceso es difícil de cumplir. No es hacer una encuesta, una reunión ni una asamblea. Son relaciones entre Estado y partes afectadas”, añadió.
La representante permanente del PNUD, Yoriko Yasukawa, dijo que el dilema no es exclusivo de Costa Rica, y que el proyecto El Diquís tampoco es central en este proceso. “Puede que desde otros sectores externos sea un tema urgente, pero es importante recordar la visión global: hay rezagos importantes en cumplimientos de los derechos de los pueblos indígenas, en su salud, su educación, empleos de calidad e identidad”, declaró.
