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La Contraloría General de la República (CGR) denunció que una empresa privada posee control de la base de datos con información sensible de 1,2 millones de personas, quienes solicitaron el bono Proteger por la pandemia de coronavirus.
El órgano contralor emitió este miércoles una orden de carácter urgente para que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tome posesión y resguarde dicha información. Le dio tiempo para que demuestre el cumplimiento de la orden a más tardar el 17 de marzo.
Fue la misma contralora general, Marta Acosta, quien dio a conocer ese hecho durante su comparecencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público en la Asamblea Legislativa, para referirse a la filtración de recursos públicos en la asignación de los subsidios.
“El decreto de bono Proteger establece que la base de datos debe ser administrada por el Ministerio de Trabajo; sin embargo, la Contraloría tiene conocimiento de que eso no está siendo así, sino que más bien el Ministerio no la está administrando y le está diciendo ‘tráigasela’”.
Acosta evitó detallar los posibles riesgos de que un tercero, ajeno al Ministerio de Trabajo, posea la información de los solicitantes del subsidio por la pandemia de coronavirus.
“Evidentemente nos preocupa”, afirmó Acosta.
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El subcontralor general, Bernal Aragón, aseguró que esos datos son sensibles que el Estado debe recuperar y resguardar urgentemente.
“No es una base de datos abierta, es una base que tiene información de los ciudadanos, debe respetarse y debe protegerse. Es información sensible que el Estado, como tal, está obligado a proteger y, por eso, la orden al Ministerio de traerse la base y protegerla”, afirmó Aragón.
Para el desarrollo de la plataforma Proteger, mediante la cual se tramitaron las solicitudes de la ayuda estatal, el Gobierno recibió una donación de la empresa Continum Data Center S. A. No obstante, el órgano contralor no dio detalles del nombre de la empresa que administra dicha base de datos.
“El convenio de cooperación mediante el cual se materializa la donación ofrecida, no limita al Ministerio para que adopte las medidas necesarias tendientes a asumir los controles que le correspondan de conformidad con su participación y responsabilidad en este proceso”, señala un documento de la Contraloría enviado a Trabajo.
El órgano contralor ordenó a la actual ministra, Silvia Lara, solicitar a la empresa administradora de la base de datos traspasar claves, roles y privilegios de acceso a la plataforma.
De la misma manera, instruyó al Ministerio garantizar que la compañía no tenga respaldos de la información sensible de los solicitantes de bono Proteger.
“Cuando en el ejercicio de sus potestades el órgano contralor haya cursado órdenes a los sujetos pasivos y estas no se hayan cumplido injustificadamente, las reiterará por una sola vez y fijará un plazo para su cumplimiento; pero de mantenerse la desobediencia una vez agotado el plazo, se tendrá como falta grave y dará lugar a la suspensión o a la destitución del funcionario o empleado infractor, según lo determine la Contraloría General”, advierte.
Avanzada la tarde, la ministra de Trabajo confirmó, mediante un video, que la información estaba en manos de una empresa, pero aseguró que esta semana comenzó la migración de datos.
“La base de datos está hospedada en una empresa que prestó el servicio y esa base de datos ahora debe ser traslada al Ministerio de Trabajo. Para ese traslado conformé una comisión, exclusivamente, para garantizar que ese traslado se hará de manera profesional, riguroso, con el más absoluto apego a la legalidad y al derecho a la privacidad”, dijo.
Según Lara, para el proceso se estableció un protocolo y un cronograma, para los cuales las “recomendaciones y disposiciones de la Contraloría han sido muy útiles”.
