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El Ministerio Público confirmó la apertura de una causa penal contra de cinco jerarcas de Gobierno, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, relacionado con la compra de alimentos para diarios entregados a familias durante la pandemia de covid-19.
Se trata de los ministros de Hacienda, Elian Villegas; de Planificación, Pilar Garrido; de Coordinación con el Sector Empresarial Privado, André Garnier; y de Trabajo, Silvia Lara. También figura en la investigación el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alexánder Solís.
“Debido a que el caso se encuentra en la etapa preparatoria, la cual es privada, no es posible brindar mayores detalles, puesto que así lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal”, señaló la oficina de prensa de la Fiscalía.
La pesquisa, que se tramita bajo el expediente 21-000010-0033-PE, surgió tras una investigación del regidor de San José por el Partido Frente Amplio, Diego Miranda.
En las indagaciones personales realizadas por el miembro del Concejo Municipal de San José sobre las compras de la CNE para la entrega de diarios, Miranda aseguró haber encontrado vínculos entre los cuatro ministros y una empresa favorecida en la contratación.
“En la investigación que he venido haciendo durante varios meses, me di cuenta de que se contrató a una asociación privada. En la Junta Directiva de esa asociación hay vínculos directos e indirectos con cuatro ministros del gabinete de Carlos Alvarado”, afirmó el regidor.
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Se trata de la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), que ganó una adjudicación por ¢662 millones, para entregar 10.000 diarios a familias necesitadas debido al confinamiento de las primeras semanas de la emergencia sanitaria.
De acuerdo con el regidor frenteamplista, los ministros Villegas y Lara aún figuraban como integrantes de la Junta Directiva de esa organización al momento de la adjudicación de la compra, que se concretó el 18 de abril de 2020, a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Según una publicación realizada por Semanario Universidad, los jerarcas renunciaron oficialmente a sus cargos como directivos el 30 de setiembre de 2020 y el cambio quedó inscrito el 8 de diciembre de 2020 en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.
“Tengo razones para creer que el régimen de excepciones que se establece en nuestra ley ha sido violentado por esta contratación, creo que es fundamental que las instancias respondan y el presidente de la República se manifieste”, afirmó Miranda en un comunicado.
El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias declaró a Semanario Universidad, que aplicaron una excepción a la prohibición para comprar productos o servicios a entes privados en que participen ministros, jerarcas o familiares de hasta tercer grado de consanguinidad.
“No teníamos ningún otro ofrecimiento que nos dijera que nos iban a dar lo que necesitábamos con un 20% menos del precio del mercado, con la logística incorporada, centro de acopio y puesto donde lo pidan, con transporte incluido”, afirmó Solís.
Entretanto, el regidor también denunció que Philippe Garnier, hijo del ministro de Enlace con el Sector Privado, es secretario de la Junta Directiva de la AED, mientras que Aurelia Garrido, prima segunda de la jerarca de Planificación, es vocal.
Mediante un comunicado de prensa, la Comisión negó supuestos favorecimientos a entes privados en el proceso de contratación y aseguró que todos los contratos están disponibles en su sitio web o a través de Sicop.
“La CNE desarrolló un operativo de asistencia humanitaria a escala nacional, al distribuir un total de 330.000 diarios a familias en condición de vulnerabilidad producto de la covid-19, priorizando sobre la población en estado de aislamiento que contaban con una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud”, señaló la institución.
Cinco meses después de que diera comienzo el programa de atención, la Contraloría reprendió a esa misma entidad por “invertir cuantiosos recursos” sin tener un plan integral de atención. También demandó a la CNE mayor publicidad sobre el uso de recursos públicos para ese fin.
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Miranda también llevó su denuncia ante el órgano contralor y ante la Procuraduría de la Ética Pública, para que valoren posibles sanciones contra los funcionarios en caso de constatarse alguna ilegalidad.
El delito de enriquecimiento ilícito está tipicado en el artículo 353 del Código Penal, el cual castiga con prisión de seis meses a dos años de prisión, al funcionario que:
- Aceptare una dádiva cualquiera o la promesa de una dádiva para hacer valer la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario, para que este haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.
- Utilizare con fines de lucro para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.
- Admitiere dádivas que le fueren presentadas u ofrecidas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo.
- No justificare, al ser debidamente requerido, la procedencia de un incremento considerable a su patrimonio posterior a la asunción de un cargo público.
También está en el artículo 45 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el cual reprime con cárcel de tres a seis años a quien “aprovechando ilegítimamente el ejercicio de la función pública o la custodia, la explotación, el uso o la administración de fondos, servicios o bienes públicos, bajo cualquier título o modalidad de gestión, por sí o por interpósita persona física o jurídica, acreciente su patrimonio, adquiera bienes, goce derechos, cancele deudas o extinga obligaciones que afecten su patrimonio o el de personas jurídicas, en cuyo capital social tenga participación ya sea directamente o por medio de otras personas jurídicas”.
