EscucharTres organizaciones, a favor de los derechos de homosexuales, comparecieron ayer en la Asamblea Legislativa para pedir mucho más que la aprobación del matrimonio igualitario.
Representantes de grupos a favor de bisexuales transgénero y gais (Bitransg); del Colectivo de Personas, Sexualidad y Género; y del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos llegaron al Congreso a solicitar respeto a sus derechos sexuales.
Carlos Alfaro, de Bitransg, dijo a los diputados de la Comisión de Derechos Humanos que no hay controles sobre la población contagiada con el VIH en los centros penales, ni políticas para evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual (ETS).
Alfaro se hizo acompañar de Marlon Segura, un exconvicto transexual, de 46 años, conocido como Marlene, quien estuvo encerrado dos años y siete meses por robo, en La Leticia de Pococí.
Segura tiene VIH y afirma que fue discriminado en esa prisión, pero agregó que al pasar al puesto 10, en La Reforma, su vida sexual continuó a partir de maltratos y violaciones, con una protección que no pasaba de tres preservativos al mes.
Katia Calvo, también representante de Bitransg, afirmó que, a pesar de que han insistido ante el Ministerio de Justicia y Paz en mejorar las condiciones, no han tenido una respuesta positiva.
“Venimos a pedir apoyo de los diputados porque sabemos que este es un tema que se debe gestionar también ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y esperamos su apoyo”, dijo.
Felipe Guzmán Vega, del Colectivo Personas, Sexualidad y Género, afirmó que han recibido denuncias de parte de estudiantes homosexuales de secundaria, quienes han sido víctimas de violencia verbal y discriminación.
“No hay mecanismos para denunciar cuando no se imparten los cursos (de educación para la afectividad, sexualidad) del Ministerio; hay deficiencias en la formación de las personas que deberían impartirlos”, aseguró Guzmán.
Los diputados escucharon a los exponentes por dos horas. Al final, los congresistas acordaron pedir explicaciones al Ministerio de Educación Pública y a la Caja por lo señalado en la audiencia.
“De acuerdo con la organización quejosa, son prácticamente inexistentes los programas de prevención. Es inaceptable”, expresó Epsy Campbell, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Sandra Piszk, del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó que se debe pedir una explicación a la Caja en materia de prevención y dar seguimiento a la aplicación de los programas de educación sexual.
