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El reclamo por $93 millones planteado por la empresa minera Infinito Gold contra Costa Rica quedó en suspenso.
Así lo solicitaron los representantes legales de la firma, obligados por la pérdida de financiamiento y la renuncia de directores y gerentes de la compañía, en Canadá.
Alexánder Mora, ministro de Comercio Exterior, explicó ayer que la petición de Infinito fue planteada el 15 de julio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial y con sede en Washington, Estados Unidos.
Dos días después, dijo Mora, el Ciadi informó a Costa Rica de la gestión, sobre la cual el país debe pronunciarse a más tardar el 30 de julio.
Estas acciones corresponden a Comex, por ser la entidad responsable de los temas de relaciones comerciales.
El proyecto se frustró por la anulación de la concesión que le había otorgado el Estado.
Dicha autorización fue anulada por el Tribunal Contencioso-Administrativo en sentencia de noviembre del 2010 . El fallo quedó firme al año siguiente.
El jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) explicó que Infinito debía presentar los alegatos contra el país el 10 de julio. Como no cumplió, el Ciadi le hizo la prevención el día 13.
Dos días más tarde, los abogados de la minera pidieron la suspensión del arbitraje.
“Estamos valorando cuál debe ser nuestra respuesta”, dijo Alexánder Mora, al aclarar que estos hechos no dan por terminado el proceso.
Pago pendiente. La nueva realidad de Infinito Gold, casa matriz de Industrias Infinito, despierta otras preocupaciones aquí.
Esa empresa tiene pendiente el pago de los daños ambientales ordenado por el fallo del 2010.
Edgardo Araya, actual diputado y uno de los demandantes en aquel juicio, teme que ya no quede a quién cobrar pues la empresa ya no opera aquí.
La situación se complicó porque a la fecha no se ha determinado el costo de los daños, estimados en hasta $10 millones. La audiencia para conocer el monto está prevista para el 25 de agosto.
“Es una barbaridad; ellos la fueron pateando con la colaboración de la Procuraduría General de la República (representante del Estado) y cuando estamos a punto de tener una sanción, ahora se declaran en quiera”, aseveró el legislador.
Lo único que queda es un depósito de $600.000.
José Luis Ocampo, un de los abogados de Crucitas, aseguró que no ha recibido ninguna comunicación de la casa matriz. Se intentó localizar a Ciro Casas, el otro de los representantes legales, pero no atendió llamadas.
Tampoco la Procuraduría General de la República tiene información nueva sobre el tema.
