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La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) pidió este martes al Juzgado de Trabajo de Limón abrir un procedimiento ante el fracaso de las negociaciones con el sindicato de la institución para establecer los términos de una nueva convención colectiva.
Si los jueces acogen su propuesta, la entidad recortaría 83% el gasto en pluses, que pasaría de costar ¢12.704 millones en 2018 a ¢2.197 millones de previsión para este año.
Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva y parte del equipo negociador del acuerdo laboral, aseguró que el fracaso del proceso resultó de la “falta de disposición legítima” de los representantes del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), quienes se negaron a discutir por el fondo los artículos existentes para adaptarlos a la realidad financiera de la institución.
Según la jerarca, su contraparte pretendía mantener en vigencia la convención colectiva que había sido debidamente denunciada.
“Es la primera ocasión en que se declara fracasado el proceso con la totalidad de artículos de una convención colectiva. Hubiésemos preferido llegar a un acuerdo proporcionado y con razonabilidad, que respetara los derechos laborales de nuestra gente y a su vez considerado el objetivo de dar sostenibilidad a la institución, pero fue imposible”, afirmó Centeno.
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Ante la imposibilidad de aplicar una convención no vigente ni efectiva (debido a la negociación fracasada), por ahora se mantendrán en firme solamente ciertas condiciones y rubros regulados en otras normativas internas de entidad portuaria, de la legislación nacional o que constituyen derechos adquiridos.
A ello se suman otros factores que contribuyeron a bajar el gasto, como la aplicación de la Ley de Salarios de la Administración Pública y de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la declaratoria de inconstitucionalidad de doce beneficios de Japdeva en 2020 y una reducción de 794 plazas. Por ello, Japdeva estima que al cierre de 2022 su gasto en sobresueldos será de ¢2.197 millones, ¢10.507 menos que en 2018, cuando se gastaron ¢12.704 millones en pluses atados al acuerdo laboral.
Si se compara con 2021, no aplicar la convención colectiva por las razones indicadas significaría un recorte de 41% del gasto, que pasaría de ¢3.729 millones a los citados ¢2.197 millones de previsión.
Según el artículo 644 del Código de Trabajo (incluido en la Reforma Procesal Laboral y adicionado mediante Ley Nº 9343 del 25 de enero del 2016), si al cabo de 30 días no hubiera acuerdo entre la Administración y los trabajadores, las partes podrán acudir directamente a la figura de arbitraje, sin necesidad de agotar la fase conciliatoria, si hubiera consentimiento de las partes.
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Beneficios congelados
Mientras el Juzgado analiza este caso, Japdeva puede legalmente detener la inyección de recursos al fondo de ahorro y capital de los trabajadores. Como no esta habilitada la convención, también deberá aplicar lo indicado por la Ley de Salarios de la Administración Pública y la Ley 9635, según la cual, empezará a calcular y sufragar la cesantía de sus trabajadores con base en los supuestos y fórmula de cálculo pero con un tope de 8 años.
Las vacaciones del personal se otorgarán de acuerdo a lo establecido en el Código de Trabajo. Anteriormente, la convención establecía una serie de días adicionales los cuales a partir de este momento no aplicarían para los nuevos trabajadores y tampoco para los existentes que no hayan alcanzado el derecho según la escala.
Tampoco se aplicarán subsidios permanentes que se brindaban a los trabajadores incapacitados durante todo el periodo en esa condición, mientras avance la revisión de los jueces del caso.
Del mismo modo, no se pagarán incentivos a la altura, riesgo policial, bonificación por riesgo operacional, incentivo de cómputo, subsidio de soda, servicios de Odontología y Psicología, aparatos ortopédicos y anteojos, incentivo a la productividad y eficiencia, y la bonificación para pilotos, entre otros.
Para permisos por matrimonio, los días autorizados pasan de siete a dos y se congelan permisos laborales por matrimonios de hijos o cambios de residencia de los funcionarios.
