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Los números rojos se convierten en un pesado lastre para las finanzas de Japdeva.
Para el 2021, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica presupuestó un gasto de ¢21.785 millones.
Sin embargo, sus ingresos proyectados llegarán apenas al 40%, es decir, ¢9.000 millones, por prestación de servicios portuarios y alquileres en Moín y Limón, así como por el canon de fiscalización del megapuerto de Moín, que cobra a la concesionaria APM Terminals.
Para cubrir el faltante del 60%, Japdeva pretendía pedir prestados al Gobierno Central la suma de ¢12.875 millones. No obstante, ese plan naufragó en la Contraloría General de la República, entidad con poder de aprobar o improbar presupuestos de autónomas.
La Contraloría, al revisar el presupuesto ordinario, lo improbó por falta de claridad con el megacrédito, pues no logró conocer en qué condiciones se contrataría.
La presidenta ejecutiva de la Junta, Andrea Centeno, afirmó que la idea del endeudamiento “contaba con el apoyo del Ministerio de Hacienda”.
Centeno también defendió la necesidad del financiamiento directo, debido a que las cuentas bancarias quedaron embargadas desde mayo por un monto de ¢5.730 millones, por un juicio laboral con el sindicato de trabajadores de Japdeva.
Detalló que alrededor de un 80% de esos recursos embargados estaban destinados a la liquidación de personal, mientras que el otro 20% era para cubrir gastos corrientes.
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El congelamiento de las cuentas dejó varado el proceso de reducción de planilla. Según la institución, hay 500 trabajadores, cuando para este momento deberían estar operando con 269 pues la actividad en los puertos operados por Japdeva vino a menos.
“Se ha señalado el riesgo y la preocupación que existe dada a la afectación del proceso de transformación por el embargo de las cuentas que permitían la reducción de planilla.
“El aumento de los pasivos y la necesidad de financiamiento han sido requeridos dada la imposibilidad de concluir el proceso que busca avanzar hacia el equilibrio institucional.
“Asimismo, en 2020 se sumaron elementos como la caída de ingresos por la pandemia, lo cual sumó a la crítica situación financiera”, afirmó Centeno.
La Contraloría, sin embargo, notificó a la entidad portuaria que su presupuesto para el ejercicio 2021 quedó improbado por múltiples razones.
Entre los principales argumentos, destaca la falta de claridad en la transacción acordada entre el Ministerio de Hacienda y Japdeva. El planteamiento presentado por la entidad portuaria, citó la Contraloría, incumple con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP).
“Esta norma establece los requisitos para incluir recursos de financiamiento interno y externo, los cuales son: la finalidad, el monto, el plazo, el acuerdo del jerarca aprobando el financiamiento y adjuntar las autorizaciones de las instancias que se requieran de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
“En el caso de contratos de préstamos se debe indicar además, el nombre del acreedor, la fecha de formalización, el régimen de desembolso y el tipo de cambio utilizado en los cálculos respectivos”, señala el oficio DFOE-IFR-0753.
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El plan de gastos de Japdeva tampoco cumplía con la regla fiscal, la cual estableció que el gasto corriente no puede crecer por encima de 4,13%, en comparación con el presupuesto anterior.
“El exceso en el gasto corriente alcanza la suma de ¢6.220 millones, por lo que procede la improbación de estos recursos y su fuente de financiamiento”, señala la Contraloría.
Por último, también halló que Japdeva contempló el aumento en el costo de la vida para las partidas de remuneraciones e incentivos salariales, ajustes que representaban ¢407 millones.
El órgano contralor recordó que la reforma fiscal dejó establecido que cuando la deuda del ejercicio presupuestario sea igual o mayor al 60% del PIB, no se realizarán aumentos por costo de vida en salarios base ni demás incentivos.
Justamente las remuneraciones e incentivos eran las partidas más pesadas en el presupuesto ordinario que Japdeva pretendía ejecutar en 2021, pues representaban el 65,2% de los gastos totales.
Con dicha resolución, ahora la Junta deberá empezar 2021 con un presupuesto de ¢14.900 millones, el cual corresponde al último plan aprobado por el órgano contralor, el presente año. Así será, al menos, hasta que Japdeva presente un nuevo plan que cumpla con los requisitos señalados.
Su jerarca, Andrea Centeno, no descartó insistir ante la Contraloría General de la República con el financiamiento directo con el Ministerio de Hacienda para sufragar los gastos operativos.
“Con la improbación del presupuesto se analizan una serie de escenarios para afrontar la situación. Estos escenarios incluyen, entre otros, el ejercicio de ajuste presupuestario y los elementos que se requieran para hacerlo viable”, afirmó Centeno.
Transferencias millonarias no acaban con penurias
La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) no logra superar sus penurias, pese a las millonarias transferencias que ha recibido para salvarla de la quiebra.
En julio de 2019, sin que hubiese iniciado el proceso de recorte de personal, los diputados acordaron un presupuesto extraordinario por ¢5.753 millones para asegurar el pago de salario por tres meses a sus trabajadores.
Para entonces, la entidad portuaria había consumido todas sus reservas financieras.
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En octubre de ese mismo año, el Congreso giró otros ¢17.900 millones para el pago de liquidaciones y prejubilaciones de unos 800 trabajadores.
Esa propuesta incluía, por ejemplo, el pago de hasta ocho salarios extra para los empleados que aceptaban el despido, así como un sistema de prejubilación para trabajadores mayores de 55 años.
El Estado terminará pagando ¢15.340 millones adicionales, al término de 10 años, para mantener esos subsidios que cubren a unas 277 personas, con un bono mensual promedio de ¢1,2 millones.
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Todos esos recursos, sin embargo, no lograron que la entidad portuaria llegara a un equilibrio financiero.
Por el contrario, en diciembre de 2019 recibió una transferencia por ¢3.500 millones, provenientes del superávit del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), para cancelar salarios, aguinaldos y pagar gasto corriente. Esta vez, a modo de préstamo.
No obstante, un litigio laboral con el Sindicato de Japdeva (Sintrajap) provocó que un juez embargara las cuentas bancarias, en mayo, donde se encontraba parte de los recursos girados por Inder.
Al verse nuevamente sin recursos, Japdeva nuevamente pidió un tanque de oxígeno a otras instituciones públicas.
Finalmente, en octubre de 2020, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) prestó otros ¢6.500 millones, últimos recursos con los que la entidad portuaria hace frente a sus necesidades.
La entidad portuaria, en pérdidas desde 2015, cayó en crisis con la entrada en operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), administrada por la firma holandesa APM Terminals.
Para entonces, el principal negocio de la empresa estatal pasó a manos de la concesionaria, como estaba previsto desde 2012.
Sin embargo, la Junta nunca redujo su planilla ni buscó nuevos negocios para mantener a flote sus finanzas.
Por el contrario la empresa estatal invirtió ¢15.000 millones destinados al recorte de personal para comprar grúas pórticas para la atención de buques portacontenedores. Esas embarcaciones ahora solo llegan al megapuerto de Moín, por lo que los equipos pórticos quedaron en desuso.
