Perros con las costillas saltadas, amarrados bajo el sol, sin comida ni agua. Otros mutilados por diversión o maldad; algunos víctimas de machetazos que los hicieron sangrar por días sin que recibieran auxilio.

Caballos escuálidos, conejos enfermos o animales hacinados por acción de un acumulador.

Los casos son muchos, pero las respuestas pocas o insuficientes. Esta es la realidad en Costa Rica a pesar de que existe la Ley de Bienestar de los Animales, firmada por el expresidente Luis Guillermo Solís en junio del 2017, con la intención de asegurar atención y justicia en casos de crueldad o maltrato.

El problema es que la ley se aprobó sin recursos para las instituciones responsables de hacerla cumplir. El bienestar animal se quedó solo en el papel.

Así lo denuncian tanto el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), principales encargados de atender las denuncias por tenencia irresponsable y crueldad animal, respectivamente.

Para esas dos entidades, la ley solo vino a ponerles una labor más, entre muchas otras que desarrollan. No se les dotó de personal o equipos para implementarla.

“Esta ley no nos dio recursos adicionales, nos daba más responsabilidades y competencias, pero no más recursos. Con menos recursos hay que hacer más; las directrices ejecutivas, más bien han reducido el personal y reducido los recursos. Nuestros funcionarios, dentro de sus múltiples ocupaciones, atienden los casos de tenencia irresponsable”, explicó Bernardo Jaén, director de Senasa.

La situación no es muy diferente en el OIJ. La institución no tiene recursos ni personal para realizar pericias; no tienen posibilidad de efectuar autopsias animales a falta de instalaciones adecuadas y de funcionarios especializados.

No tienen ni una sola morguera para trasladar el cadáver de un animal muerto por crueldad, tampoco tienen un sitio adecuado para preservarlo; para esta labor usan las hieleras comunes.

“Toda la estructura de investigación y funcionamiento del OIJ están determinadas para la atención de víctimas humanas. El OIJ enfrenta el tema de la protección a los animales con los mismos recursos que tenía para la atención de los humanos. Por ejemplo, en el traslado, un animal en putrefacción puede ocasionar contaminación en vehículos que luego son usados por humanos ”, expresó Wálter Espinoza, director de la Policía Judicial.

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Estas dos instituciones son altamente dependientes de las organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema. El Senasa, por ejemplo, busca ayuda para dar atención a los animales decomisados por tenencia irresponsable: albergues que los reciban, atención veterinaria o alimentación.

Por su parte, el OIJ pide colaboración para las pericias y veterinarios ad honorem; incluso firmó un convenio con una universidad privada para realizar algunas autopsias.

Las ayudas que estas ONG’s o entes privados dan al OIJ y al Senasa son gratuitas. A pesar de que realizan una labor que compete al Estado, no hay recursos públicos para pagarles o compensarlos de alguna manera.

“Es una especie de mendicidad policial, una limosna que, en algunos casos, tenemos que pedir para que veterinarios de buen corazón nos colaboren.

En general, a todos los casos tratamos de acudir, a veces no es con la prontitud que quisiéramos, porque el OIJ atiende asuntos de toda naturaleza; la cantidad de investigadores no es mucha, no es suficiente para atender la delincuencia humana, por decirlo de alguna manera”, expresó Espinoza.

De acuerdo con el jerarca policial, en 2017 estimaron que se necesitaban unos ¢4.000 millones para cubrir esa ley.

Muchas labores en pocas manos

La institución que más recibe denuncias es el Senasa. En 2019, registraron 6.244 quejas por tenencia irresponsable de animales, que contemplan casos en que no se cubren las necesidades básicas como agua y comida; criaderos ilegales, perros agresivos, acumuladores, animales enfermos sin atención y animales amarrados con poco espacio.

Bernardo Jaén explicó que, de las denuncias que llegan, solo tienen capacidad de atender un 70%. El tiempo de respuesta depende de si hay un funcionario disponible, ya que solo tienen uno dedicado tiempo completo al bienestar animal, los demás, están en múltiples labores.

El Senasa un presupuesto anual de cerca de ¢15.000 millones y 500 funcionarios, de los cuales 50 son administrativos.

De los restantes, 200 trabajan se ocupan de la constatación de calidad de medicamentos veterinarios, diagnóstico, oficialización de laboratorios, determinación de inocuidad y residuos en alimentos; además detectan la presencia de toxinas (marea roja) en mariscos que afectan la salud humana si son consumidos, ordenan la cuarentena animal y analizan muestras de animales, entre otras responsabilidades

Otros 250 están “en el campo”, donde toman muestras de ganado vacuno o pesca, ven todas las especies: pescados, perros, vacas, cabras, cerdos, caballos, abejas, aves. También hacen inspección de plantas procesadoras, carnicerías, expendios de venta al detalle, inspección de farmacias veterinarias, atienden las denuncias por tenencia irresponsable, realizan capacitaciones a otras instituciones relacionadas con el bienestar animal, entre ellas OIJ y municipalidades.

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Jaén explicó que ante la aprobación de la Ley de Bienestar de los Animales, pidieron ¢3.000 millones en recursos adicionales para su atención, pero no se les dieron. Además, las plazas de 60 de los funcionarios que se pensionaron en 2018 y 2019 no se han repuesto.

“Habíamos estimado que necesitábamos para todo el país cerca 44 funcionarios más, 9 veterinarios y 35 técnicos, pero no se pudo. Los funcionarios atienden las denuncias de tenencia irresponsable dependiendo de su disponibilidad. Quisiéramos apoyar económicamente a los albergues y a las ONG’s que nos ayudan a atender los casoss pero no tenemos capacidad financiera”, dijo Jáen.

La estadística del Senasa no contempla los informes que recibe por casos que no son de su competencia, según la ley, por ejemplo, la crueldad animal (que le compete al OIJ), robo de animales (caso de la Fiscalía) o perros callejeros (que compete a las municipalidades). Cuando recibe esas denuncias, las traslada a los órganos competentes, pero no llevan el registro estadístico.

Jaén considera que hay una confusión en la población ya que consideran que todo lo relacionado con animales debe denunciarse ante Senasa. Por ejemplo, la gente pone denuncias por el ruido que provocan los ladridos de perros, pero este tema lo corresponde al Ministerio de Salud, o denuncian la presencia de un mapache o una serpiente en una casa, cuando eso es competencia del Sinac (Sistema Nacional de Áreas de Conservación).

“Nosotros no tenemos capacidad de recoger animales ni atenderlos, no tenemos un lugar donde tenerlos, no tenemos presupuesto para alimentarlos animales, no recogemos perros callejeros. Nuestro ámbito de acción no es ese, lo lo que hacemos es contactar organizaciones no gubernamentales que tienen esta disposición para recibir animales, cuidarlos y darlos en adopción”, manifestó.

Sin nada más

Wálter Espinoza explicó que, desde antes de que se promulgara la ley, el OIJ fue “muy claro y categórico de que la única manera en que esta ley podía funcionar y ser eficaz" era dotando de recursos a las organizaciones a cargo.

“Cuando la ley se promulga nosotros insistimos en el tema, hemos pedido presupuesto, hemos hecho gestiones pero no hemos logrado que al OIJ se le otorgue prácticamente nada porque el aumento de presupuesto nunca se nos dio, no se otorgaron plazas, ni vehículos, no pudimos construir alguna sede o instalación para hacer exámenes y necropsias.

A pesar de las carencias, hemos atendido los casos que se han presentado. Hemos obtenido ayuda de algunas ONG que nos han facilitado recursos o cubiertos pericias, veterinarios ad honorem que han colaborado con el OIJ.

El número de denuncias, se mantiene en una cifra manejable, sin embargo cuando se requiere una actuación pericial es algo que el OIJ no puede hacer entonces lo hace un tercero. Senasa ha colaborado con el OIJ, pero es una institución pequeña con presupuesto restringido”, agregó.a.

En 2017, al OIJ ingresaron 56 denuncias por crueldad animal: 164, en 2018 y 207 en 2019.

Entre las del último año estuvo la de un hombre en Pavas, San José, que golpeó a un perro en la cabeza, le amarró el hocico, y con una sierra le cortó el tórax y le sacó los pulmones. Todo esto para vengarse de una familiar.

Ahí mismo atendieron otro caso de un individuo que sacó su arma y, de la nada, le disparó a dos perros que sus vecinos sacaron a pasear.

En 2019, lo Juzgados tenían 180 casos activos por crueldad animal. En ese año, en relación con esta ley se emitieron dos sentencias, ambas absolutorias.

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Confusión

Juan Carlos Pereira, presidente de la Asociación para el Bienestar y Amparo de los Animales (ABAA), organización que da asesoría en la aplicación de esa ley, dijo que las quejas de las personas que acuden a ellos son principalmente por la inacción de Senasa con respecto a las denuncias.

“Normalmente lo que la gente más nos denuncia es la tenencia irresponsable, es lo que más se da y lo que la gente le dice a uno es: ‘yo fui y presenté la denuncia ante Senasa y nunca hicieron la inspección; la presenté hace un año, hace meses y no ha visitado. El tiempo de reacción demasiado lento’.

Ojalá que estén atendiendo el 70% de las denuncias, eso sería una maravilla”, expresó en referencia al dato dado por Jaén.

Según Pereira, la gente también tiene mucha confusión sobre dónde tienen que denunciar pues no saben a qué institución corresponde cada caso. Ya cuando se enteran dónde denunciar, la problemática es acceder a las instituciones.

“Por ejemplo, en Senasa, el formulario en línea para hacer una denuncia, pide firma digital o, si no se tiene, hay que ir a las correspondientes oficinas de Senasa y a la gente se le dificulta. En las subregionales reciben denuncias, pero solo llega un médico veterinario una vez por semana”, manifestó Pereira.

La reforma a la Ley 7451 de Bienestar de los Animales se aprobó en segundo debate en junio del 2017 y fue discutida durante varios meses bajo el proyecto legislativo N° 18.625, presentado a la corriente legislativa por iniciativa popular.

Esta legislación incluye sanciones de prisión de tres meses a un año a quien directamente o por medio de otra persona, cause daño a un animal doméstico o domesticado.

Asimismo, sanciona con prisión de tres meses a un año a quien directamente o por medio de otra persona organice, propicie o ejecute peleas de animales.

Además, impone multas de un cuarto a medio salario base (salario base es de ¢450.200) a quienes promuevan o realicen su cría o adiestramiento para promover peleas, viole las disposiciones sobre experimentación o incumpla las condiciones básicas para el bienestar de los animales.