Con una nómina de 80.000 trabajadores, el Ministerio de Educación Pública (MEP) es el mayor empleador en el Gobierno Central.
Para el 2016, según el Presupuesto Ordinario de la República, el MEP pagará ¢1,2 billones por concepto de planilla, un 31% del total de ¢3,9 billones que el Gobierno Central destinará en el 2016 para gasto social.
De ese total de la planilla del MEP, ¢580.684 millones son para sueldos de cargos fijos.
Los pluses salariales que paga el Ministerio, en tanto, suman ¢467.016 millones, según se desprende del presupuesto 2016 que presentó esta cartera al Ministerio de Hacienda.
Algunos de los pluses que más presupuesto demandan son el pago por las anualidades, por ¢162.206 millones; la dedicación exclusiva, por ¢33.550 millones, y “otros incentivos salariales” por un total de ¢270.750 millones.
Ante el tamaño de esas partidas, la cartera se ha visto en la obligación de tomar varias medidas para controlar el crecimiento de su planilla.
Reynaldo Ruiz Brenes, jefe del Departamento de Formulación Presupuestaria del MEP, comentó que la entidad hace un esfuerzo por detener el crecimiento de los pluses.
La restricción se enfoca en cinco acciones: freno a la creación de nuevos incentivos, no reconocer de forma automática la nueva anualidad ni el aumento anual a aquellos empleados que obtengan calificación de bueno, regular o malo, no pagar la dedicación exclusiva ni la prohibición al estrato docente de la planilla y usar la figura del educador itinerante que brinda sus servicios en varios centros educativos de zonas rurales.
Ruiz, empero, no cuantificó el ahorro que dichas directrices le han permitido hacer al MEP.
La Contraloría General de la República (CGR) concluyó en su informe técnico sobre el presupuesto para el 2016, que el monto que se invierte en la educación no necesariamente se ha traducido en una mejora en la calidad de este sector.
Sin embargo, Ruiz afirmó no estar de acuerdo con tal conclusión de ente contralor.
Su argumento es que desconoce en cuáles diagnósticos se basó la CGR para determinar que no hay una relación entre el incremento en los recursos para la educación y la calidad de las clases que reciben los estudiantes.