EscucharLa Dirección General de Migración y Extranjería gasta ¢434 millones al año en pagar un incentivo por “riesgo policial” a 509 funcionarios sin verificar si todos desempeñan puestos que pongan en peligro su integridad física.
El pasado 20 de agosto, Marlen Luna Alfaro, directora general de Migración, reactivó gestiones para determinar la procedencia del pago, en vista de que la Auditoría Interna del Ministerio de Gobernación advirtió de la situación desde el 15 de enero del 2020.
La auditora María Eugenia Barquero había encontrado que Migración concede el plus salarial “por oficio” a todos los funcionarios que ocupan plazas policiales, sin evidencia que fundamente que estas personas arriesgan su integridad física.
El beneficio, que equivale a un 18% del salario base, podría estar recayendo sobre servidores que ejercen labores administrativas.
La Ley General de Policía, en su artículo 91, establece que el plus de “riesgo policial” corresponde solamente a trabajadores que desarrollen funciones policiales que impliquen un riesgo físico. Además, dicha ley señala que el incentivo debe justificarse en cada caso.
Migración planteó consulta a Procuraduría
A finales de agosto pasado, la directora de Migración consultó a la Procuraduría General de la República (PGR) “si la labor que realizan los oficiales de la Policía Profesional de Migración y Extranjería es administrativa o policial y, consecuentemente, si son acreedores o no a percibir el incentivo, sin necesidad de llevar a cabo el análisis individual”.
Sin embargo, la Procuraduría declaró inadmisible el trámite de la consulta porque solo puede pronunciarse ante interrogantes genéricas, no a casos específicos.
La PGR señaló que, aunque el objetivo de Migración era obtener un criterio vinculante para resolver el conflicto generado por el informe de la Auditoría, esa tarea escapaba de sus competencias.
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En su informe, la auditora Barquero había recomendado a la Dirección General de Migración ejecutar acciones para cumplir con la Ley General de Policía y concedió plazo hasta el 13 de marzo de 2020.
Además, la Auditoría ordenó a la oficina de Gestión de Recursos Humanos definir cuáles funciones de Migración implican un riesgo a la integridad física, y elaborar un procedimiento de pago para que las jefaturas tuviesen bases concretas para decidir en qué casos dar o no el incentivo.
Finalmente, estableció que, a más tardar el 31 de marzo del 2020, el incentivo de “riesgo policial” debía dejar de pagarse de oficio.
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La Nación consultó a Migración el estado de estas gestiones y la entidad respondió que “Recursos Humanos y la Asesoría Jurídica institucional, emitieron criterios contrarios a lo recomendado (por la Auditoría)”.
Justificaron que esa disonancia de criterios llevó a la Dirección General a plantear sus consultas a la Procuraduría, con el afán de obtener un criterio vinculante. No obstante, ante la respuesta negativa de la PGR, “se hará el acercamiento pertinente con la Auditoría, a fin, de llegar a algún acuerdo por lo indicado por ellos”.
Contraloría podría tener última palabra
En caso de no haber un acuerdo entre la Dirección General de Migración y la Auditoría Interna del Ministerio de Gobernación y Policía, será la Contraloría General de la República (CGR) la que dirima la interrogante.
Así lo señaló la PGR al señalar que “no queda más que sugerir a los interesados que valoren acudir al procedimiento aludido en los artículos 37 y 38 de la Ley de Control Interno, para obtener una solución jurídica a su diferendo”.
Dichos artículos establecen el procedimiento a seguir cuando instituciones y auditorías no concuerdan en las recomendaciones. Cuando las discrepancias son imposibles de resolver, el conflicto debe remitirse a la CGR.
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