Constantes quejas por falta de tobilleras electrónicas para el monitoreo de privados de libertad, dispositivos vulnerables que podían ser retirados por los usuarios y deficiencias en los sistemas informáticos.

Se suman a los hechos, quejas de jueces por la generación lenta de reportes y denuncias por el desconocimiento del paradero de casi 600 reos.

Todas estas circunstancias, rodean el contrato para el monitoreo de reclusos que el Ministerio de Justicia pretende ampliar a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) por 24 meses más.

Además, la forma en que se adjudicó esa contratación, en 2016, está bajo análisis en el Ministerio Público como parte de una causa penal abierta contra el gerente general de la ESPH, Allan Benavides, el exdiputado Víctor Hugo Víquez, el exmagistrado Celso Gamboa y dos empresarios de apellidos Rothe y Andel.

Se investiga si mediaron presiones para obtener el contrato. El caso se tramita bajo el expediente 18-000094-1218-PE por el delito de tráfico de influencias.

Representantes de la Empresa de Servicios Públicos dijeron que no se pronunciarían por tratarse de pesquisas en la vía judicial.

Actualmente, la institución recibe $12,3 (¢7.575) diarios por cada privado de libertad que porta una tobillera, que son alrededor de 1.800.

Solo para el 2020, el presupuesto destinado para el monitoreo electrónico fue de $9 millones (¢5.514 millones). Entre 2017, cuando comenzó a ejecutarse el contrato, y 2020, la ESPH facturó $25 millones (¢15.318 millones) por el monitoreo.

El acuerdo, sin embargo, vence el 27 de febrero, cuando de no tener proveedor, Justicia se quedaría sin monitero de los reos con tobillera.

Como no se concretó la búsqueda de uno nuevo, la jerarca de ese Ministerio, Fiorella Salazar, envió el 18 de diciembre, un oficio a la Contraloría General de la República (CGR) para pedir autorización de extender el vínculo con la ESPH.

Nueva tecnología

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En el escrito, dirigido a Allan Ugalde, gerente de la División de Contratación Administrativa de la CGR, la ministra argumentó que un “cambio de tecnología”, efectuado en mayo de 2020, impidió continuar con el proceso de licitación para conseguir un nuevo proveedor que se ajuste a las necesidades de la institución.

“(...) Resultaría irresponsable lanzar un proceso licitatorio para la contratación de un servicio en plena modificación del mismo, sin contemplar los resultados inmediatos y de corto plazo que salieran de él”, justificó Salazar en la nota.

La oficina de prensa de la Contraloría comunicó, el 7 de enero, que tenía10 días hábiles para analizar “si procede” la petición del Ministerio de Justicia.

De acuerdo con la explicación de la ministra se cambió el dispositivo, es decir la tobillera que portan los reos, y la plataforma en la que opera el sistema de monitoreo.

“Por ejemplo, el dispositivo era grande, era realmente incómodo para ellos y una de las razones que se evidenciaron en ese momento, a la luz del tema de Derechos Humanos, era si existían en el mercado otros dispositivos que hicieran más confortable el portarlo, esa fue una razón”, contestó Salazar.

Otro aspecto mencionado por la jerarca es que el sistema anterior no era ágil a la hora de efectuar reportes para los jueces de ejecución de la pena.

“A veces ellos (los jueces) pedían un informe y me cuentan que se podía tardar un mes, se podía tardar una cantidad de tiempo importante en responderle a un juez; en este momento se les manda el reporte el mismo día, dependiendo de lo que pidan, pero generalmente se les manda el mismo día”.

Aquella sustitución de tecnología no ha sido la única. Desde 2017, las deficiencias en el sistema de vigilancia resultaron en tres cambios de tobilleras y software.

En la úlima ocasión, en mayo de 2020, la ESPH varió de empresa subcontratada para el monitoreo. Terminó con Grupo CESA y optó por otra compañía de nombre Buddi.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia expresó, por medio de su oficina de prensa, que el cambio de tecnología se realizó tras una evaluación hecha junto al Ministerio de Justicia.

Agregó que el contrato firmado permite ejecutar ese tipo de modificaciones.

Desde que se puso en marcha el monitoreo electrónico, la ESPH echó mano de tres tipos de dispositivos.

“Se comenzó brindando un dispositivo de origen brasileño de la marca Synergye que utilizaba cinta de sujeción; posteriormente en el 2017 el Ministerio de Justicia nos solicita el primer cambio tecnológico por un dispositivo que no utilizara cinta, ahí se implementa el dispositivo de origen suizo de la marca Geosatis; y finalmente, en diciembre 2019, se solicita el segundo cambio tecnológico por un dispositivo 3G que es el dispositivo actual de la marca Buddi”, detalló la entidad.

La firma dejó claro que las variaciones no impedían al Ministerio de Justicia avanzar con un proceso de licitación.

Sin tiempo

¿Por qué el Ministerio de Justicia hizo los ajustes en los equipos a menos de un año para que venciera el vínculo con la ESPH? ¿Por qué frenar el proceso de licitación internacional y continuar 24 meses con un proveedor con el que enfrentó conflictos?

La ministra de Justicia reconoció que al llegar a su cargo, en febrero de 2020, encontró “una base” de los términos de referencia para la licitación del nuevo proveedor de monitoreo electrónico.

No obstante, el proceso no continuó en consideración a las adaptaciones que se le hicieron al sistema. Según ella, esas adaptaciones no tuvieron costo para el Estado, no se decidieron de la noche a la mañana y tenían poco tiempo para incorporar los resultados al cartel del concurso.

La Nación solicitó copias de los oficios en los que se requirió transformaciones en los sistemas a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, pero no han sido remitidos por el Ministerio de Justicia.

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Marcia González Aguiluz, exministra de Justicia, dijo que debido a las “enormes deficiencias” de la ESPH decidieron acelerar la nueva licitación para que la entrada del nuevo contratista coincidiera con el vencimiento del acuerdo actual, en febrero de 2021.

“No se trataba de descartar a ninguna empresa, sino que con total transparencia ganara la oferta o la propuesta que permitía mejorar el servicio y que significara un ahorro para el país, porque teníamos información de que había opciones más baratas en el mercado”, declaró González.

En su administración, aseguró González, giró instrucciones para que el cartel de licitación estuviera listo en marzo del año anterior.

“Lo que le puedo decir es que cuando salí del Ministerio de Justicia llevábamos cinco meses trabajando en la confección del cartel de licitación; mis instrucciones eran que estuviera listo para marzo de 2020 porque era una prioridad que se atiempara el proceso de licitación con el vencimiento del contrato en febrero de 2021″.

Antes de elaborar las bases del concurso, de acuerdo con la exjerarca, se realizó una audiencia pública en la que se recolectó información de al menos 18 compañías interesadas en prestar el servicio de control electrónico.

¿Cuánto costará?

El Ministerio de Justicia conformó una comisión interna para realizar un estudio de mercado relacionado con el costo de las tobilleras electrónicas y los sistemas de seguimiento.

La Nación consultó sobre los resultados de ese análisis, pero Salazar indicó que aún no están listos y conocería los datos en próximos días.

Justicia estima que el costo del monitoreo, bajo las condiciones actuales, sería de $9 millones.