EscucharLa nula cultura de planificación pasa la factura a la cartera de créditos públicos e incluso podría dejar a muchas instituciones sin la posibilidad de obtener nuevos financiamientos.
Así lo reconoció la noche de este lunes, ante los diputados de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien advirtió de que a su criterio debería evitarse darles nuevos financiamientos a los entes que no ejecutan en los plazos establecidos.
Acosta, quien acudió para dar cuentas por los niveles de ejecución de los créditos públicos, así como el pago de comisiones y multas por los atrasos en las obras, sentenció que existen “buenas ideas pero malos proyectos”, haciendo referencia a la ausencia de preinversión que luego se traduce en trabas que retrasan y encarecen los proyectos.
Al citar los problemas de ejecución, el jerarca señaló la falta de estudios y diseños como uno de los primeros yerros.
“Queremos hacer una carretera, pero no sabemos el trazado, si es el correcto o no, no sabemos el nivel de expropiaciones que se requieren para poder cumplir con ese proyecto (...) todo esto atrasa y particularmente es que no tenemos claridad de los alcances de la obra misma, en general queremos una carretera, pero no sabemos exactamente qué tipo de carretera ocupamos”, explicó.
Además, el funcionario destacó el gran problema con las expropiaciones, pues normalmente se da orden de inicio en las obras sin contar con la totalidad de los terrenos.
El ministro citó el caso de la ruta 32, donde tras casi tres años de atraso aún están pendientes 400 predios de pasar a manos del Estado.
Los tiempos de aprobación de los trámites y permisos, que en algunos casos se demoran hasta dos años en gestionarse, también fueron subrayados por el jerarca como causales de la pobre ejecución de los empréstitos.
Acosta agregó que debería existir una sanción para las empresas que presentan apelaciones improcedentes, pues este es uno de los grandes problemas que enfrentan los proyectos en las fases de adjudicación y, que por ende, también retrasan su puesta en marcha dentro de los plazos establecidos.
Además, mencionó la falta de coordinación entre las instituciones para resolver temas clave como el traslado de servicios públicos.
Según Acosta, actualmente, la cartera de créditos del país asciende a $4.200 millones, que se reparten en 25 créditos externos, los cuales son ejecutados principalmente por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) que tiene a su cargo el proyecto Paacume en Guanacaste.
De esos 25 créditos, siete tienen solicitudes de extensión del plazo, además, una gran parte del monto financiado proviene del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“Estamos endeudando a los costarricenses con proyectos que tienen un fin loable, pero que no los terminamos o que los hacemos demasiado tarde o que no vamos a poder terminar porque los recursos no alcanzaron. Es responsabilidad del Ministerio de Hacienda tener más cuidado con la firma de nuevos créditos, la Asamblea también va a tener que demandar mayor especificidad de esto y también de quienes tienen la idea, deben aplicar ese decálogo, en relación con los proyectos, es decir sin preinversión no hay proyecto”, agregó el jerarca.
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De acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República (CGR), en los últimos nueve años, las instituciones públicas han tenido que pagar $35 millones en multas por la baja ejecución de obras y programas financiados con créditos internacionales que, debido a lo anterior, presentan retrasos en los desembolsos.
