Ante la caída en los ingresos por efecto de la pandemia, los presupuestos de las municipalidades para el 2021 arriesgan la continuidad de la inversión cantonal.

Si bien los gobiernos locales mantienen casi intacto su gasto en salarios, la construcción de carreteras y hasta la prestación de servicios como el de agua potable sí podrían verse afectados por la escasez de recursos.

Así lo revela un informe de la Contraloría General de la República (CGR) publicado este 26 de febrero, en el que se detalla la situación de las finanzas municipales.

“De continuar agravándose esta situación, los ingresos municipales podrían mantener una tendencia a la baja, lo que pone en riesgo las obras de mantenimiento y conservación de la red vial cantonal; así como en la prestación de los servicios de venta de agua, recolección de basura, mantenimiento de parques y aseo de vías públicas, entre otros”, aseveró el ente contralor.

Según la CGR, el 74% de las municipalidades (61 municipios) consideró que la disminución de los ingresos obedece a la devolución de patentes por cierres de locales, además de las moratorias en el pago de patentes y la caída en los ingresos familiares, producto de la emergencia sanitaria.

Con un decrecimiento en los ingresos, existen menos recursos para inversión cantonal.

“La disminución presupuestaria en partidas de gasto de las municipalidades representa un riesgo para la ejecución de obras comunales que pueden incidir en el desarrollo cantonal, así como un riesgo para la sostenibilidad financiera de estas”, alertó Contraloría.

Este descenso en los ingresos se vio reflejado con los presupuestos de las municipalidades para este 2021.

Al respecto, el informe señala que, entre todas, las municipalidades presupuestaron ¢531.700 millones, casi un 28% menos que en el 2020, cuando los presupuestos definitivos ascendieron a ¢735.900 millones.

De las cinco grandes partidas de las municipalidades, la más golpeada es la de bienes duraderos, que disminuyó prácticamente un 60% al pasar de ¢205.200 millones a ¢83.100 millones.

De los ¢204.000 millones que las municipalidades recortaron para este año, el 60% corresponde a bienes duraderos.

Los bienes duraderos corresponden a inversiones de capital fijo, muebles e inmuebles, como construcción y reparación de calles, señalización vial, movimientos de tierras, adquisición de propiedades o levantamiento de edificios, entre otros.

La segunda partida más afectada es la de transferencias corrientes, con un 34% menos; seguida por materiales y ministros, con casi un 30% menos; y servicios, con un 21% de recorte.

En cambio, la partida más grande de todas, la de remuneraciones, bajó menos de un 5%, al pasar de ¢236.079 millones a ¢224.837 millones.

De las partidas pequeñas, la más golpeada es la de transferencias de capital, es decir, transferencias de dinero a terceros para desarrollar otras obras. En ese caso, la caída es de un 93%, al pasar de ¢5.100 millones a ¢309 millones.

“Estas disminuciones en la asignación de gasto representan un riesgo para la sostenibilidad financiera de las municipalidades y la prestación de servicios de las municipalidades, si se considera que dichas partidas se utilizan para la formación de bienes de capital mediante el mecanismo de construcción por administración, adquisición de materia prima para obtener productos intermedios o terminados, adquisición de muebles e inmuebles, construcciones, adiciones y mejoras de carreteras, puentes, parques, edificios, así como transferencias que realizan las entidades municipales para financiar gastos de capital”, puntualiza el informe.

Para la Contraloría, los gobiernos locales afrontan el desafío de monitorear, evaluar y ajustar sus presupuestos en forma oportuna y eficiente, utilizando los mecanismos presupuestarios disponibles.

De tal forma, se podría garantizar la mejor asignación de los recursos.

En abril del 2020, los diputados aprobaron un proyecto que liberó a las municipalidades de la aplicación de la regla fiscal, bajo el alegato de que así les ayudarán a afrontar la pandemia.

Esa ley también autorizó a los ayuntamientos para que cuadrupliquen el porcentaje de la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles que pueden destinar a gastos administrativos. Antes, la ley establecía un tope del 10%, precisamente para que las municipalidades invirtieran en obras para los contribuyentes; ahora, los diputados les permiten destinar hasta un 40% a gastos administrativos durante los años 2020 y 2021.

En cuanto a los ingresos para el 2021, los que más cayeron son los ingresos por financiamiento, que pasaron de ¢177.700 millones a ¢28.000 millones, para una reducción del 84%.

En tanto, los ingresos corrientes, que constituyen la principal fuente de financiamiento, bajaron un 9%, de ¢446.600 millones a ¢405.900 millones.

Por último, los ingresos de capital cayeron un 13%, de ¢111.500 millones a ¢97.000 millones.

Improbación ¢8.000 millones

Para el ejercicio económico 2021 la Contraloría improbó ¢8.000 millones de ingresos que las municipalidades estimaban recaudar por concepto de ingresos corrientes.

Esto se debe a que un total de 49 municipios presentaron estimaciones con excesos y poca justificación.

Dentro de la lista de ayuntamientos que obtuvieron la improbación en estas partidas están las de Nicoya, San José, Goicoechea y La Unión.

“La Contraloría General improbó en 49 municipalidades el exceso de ¢8.882 millones de ingresos estimados, principalmente por la carencia en la fundamentación requerida para determinar la factibilidad razonable de la recaudación de los ingresos propuestos”, menciona el informe.

Se trata de ciertos ingresos por concepto de Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles, Patentes Municipales y Servicios de Saneamiento ambiental.

Según explica el documento, estos gobiernos locales no consideraron, entre otros factores, el crecimiento macroeconómico previsto por el Banco Central de Costa Rica para el ejercicio económico 2021.

Tampoco previeron la “morosidad histórica en la recaudación de ingresos de cada uno de los servicios y la devolución de patentes”.