París y San José. El litigio limítrofe que Costa Rica sostiene contra el Gobierno de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, ya le ha costado ¢1.500 millones al país.
Ese es el cálculo del ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo, luego de tres años de planteado el conflicto ante el tribunal internacional.
La factura incluye los traslados de representantes de la Cancillería y el pago de los honorarios de los abogados internacionales que defienden a nuestro país desde noviembre del 2010.
La denuncia costarricense señaló que el Gobierno de Nicaragua invadió en octubre del 2010 el territorio de isla Portillos (perteneciente a un territorio mayor, isla Calero), en el Caribe norte.
Además, Costa Rica se defiende de la demanda que presentó Managua al alegar daños ambientales en el río San Juan, supuestamente generados por la construcción de la trocha fronteriza, desde diciembre del 2010.
Según Castillo, el gasto es necesario porque implica la defensa del territorio de Calero. Además, destacó el potencial ecológico y turístico de esa zona.
“Esto tiene muchas implicaciones. Es una cuestión de principios, por la integridad territorial, aunque sea un centímetro. No vamos a dejar que nos lo quiten”, explicó el canciller desde París, donde acompaña a la presidenta Laura Chinchilla en su gira por Francia y ciudad del Vaticano.
En estos días, se realizan en La Haya, Holanda, las audiencias en el marco del reclamo nicaragüense por la construcción de la trocha fronteriza o ruta 1856.
Pero Castillo anticipó que el país presentará un tercer litigio ante la Corte Internacional para que se fijen los límites marítimos entre ambos países. Lo anterior, debido a la renuencia de Nicaragua a sentarse a negociar la división entre los bloques marinos costarricenses y nicaragüenses.
Defensa. De acuerdo con el encargado de la política exterior, en este momento hay unas 10 personas en La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia.
Entre otros, en Holanda se encuentran dos abogados de la Cancillería, Sergio Ugalde y Arnoldo Brenes; y los asesores legales en materia ambiental y de límites James Crawford y Marcelo Cohen. También participan los embajadores agentes ante la Corte Internacional, Jorge Urbina y Édgar Ugalde.
El analista internacional Carlos Murillo aseguró que no se puede evaluar el litigio desde los costos para el país, pues se trata de la integridad territorial y la defensa de la soberanía costarricense.
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Claudio Monge aseguró que la defensa tica es débil y calificó el gasto de desmesurado. “La Cancillería sigue acéfala en cuestión de litigios internacionales”, aseguró Monge.
El liberacionista Alfonso Pérez atacó ayer la defensa de Nicaragua en el plenario. “No se vale que vayan a mentir”, reclamó.