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El ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, convocó al Congreso un proyecto de ley que beneficiará a la Iglesia luterana, congregación en la que es obispo.
Se trata del plan de libertad religiosa y culto, cuyo expediente, el 19099, fue incluido entre las prioridades del Poder Ejecutivo para que los diputados inicien su discusión.
La convocatoria es un avance para esta iniciativa, redactada originalmente por el pastor evangélico y exdiputado de Restauración Nacional, Carlos Avendaño.
El plan de ley pretende que las religiones inscritas en el país obtengan beneficios similares a los que ostenta la Iglesia católica.
Entre ellos, facilita la recepción de donaciones sin especificar regulaciones y crea burocracia para generar un registro de iglesias.
Jiménez goza de una dispensa de la Iglesia luterana que lo exime de sus obligaciones como obispo.
El propio jerarca dijo a La Nación, el 13 de junio, que sigue teniendo el cargo y volverá a desempeñarlo una vez que concluya su paso por la Administración Pública.
El hecho de que Jiménez convoque un proyecto de ley que beneficia a la Iglesia de la que es obispo, es visto con recelo desde algunos sectores políticos.
Pero para Jiménez no hay tal conflicto, aun cuando impulse un proyecto de ley que daría privilegios a confesiones religiosas, entre las que se encuentra la suya.
“Mi firma para realizar la convocatoria al periodo de sesiones extraordinarias responde al cumplimiento de mis funciones como ministro de la Presidencia y no a ningún interés particular fuera del cargo. No hay conflicto alguno por la convocatoria de ningún proyecto en este periodo en la Asamblea Legislativa”, dijo Jiménez.
No obstante, los cuestionamientos persisten.
Así lo hizo ver el diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, al afirmar que Jiménez está en una posición “delicada”.
Guevara hizo referencia al criterio de la Procuraduría General de la República y enviado a la Sala IV, en el cual calificó de inconstitucional el nombramiento como ministro de Jiménez, precisamente por ser obispo luterano.
Ese informe de la Procuraduría señala que el hecho de que un obispo luterano esté al frente de un ministerio abre la posibilidad de un conflicto de interés.
“El ministro de la Presidencia está en una situación delicada. La Procuraduría fue contundente en cuanto a que su posición como ministro violenta la Constitución. Su posición es débil para impulsar un proyecto así”, resaltó Guevara.
Por su parte, el legislador de Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez, manifestó que la posición de Jiménez, cuando menos, fue poco elegante.
“Me parece que por elegancia el ministro no debió firmar el decreto y no debe patrocinar una ley que, evidentemente, va en beneficio directo de su congregación. No es tanto por un tema de legalidad o ilegalidad, sino de conveniencia, elegancia y prudencia”, apuntó.
Quien sí defendió la posición de Jiménez fue el diputado oficialista y fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís.
El rojiamarillo aseguró que la posición de Jiménez no representa un conflicto de interés por cuanto, a su criterio, la Iglesia luterana no es un negocio.
