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El presidente Carlos Alvarado admitió la noche de este lunes que hubo “errores” en la conformación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y calificó de “legítimas” las inquietudes relativas al decreto propuesto.
“Quiero empezar por señalar, con toda claridad, que se cometieron errores en este tema, por eso ordené corregir de inmediato derogando el decreto", declaró en cadena nacional de televisión.
El mandatario señaló que "las dudas y preocupaciones de la ciudadanía y de diferentes sectores dejaron claro que la formulación de algunos conceptos estaba errada, particularmente en su artículo 7”.
Alvarado indicó que también fue un error no explicar de previo, y suficientemente, a toda la ciudadanía el objetivo y los mecanismos de trabajo, con todos los detalles necesarios para dejar claro un respeto absoluto a la privacidad de todos los ciudadanos.
“Hubo algunos esfuerzos para dar a conocer las herramientas que generaba este equipo a partir de los datos, pero no suficientes y necesarios (...). Este equipo trabajó con información de acceso público de las instituciones del Estado a las cuales estaba autorizado, así como la información que la ley permite. No tuvo acceso a registros de índole personal como llamadas telefónicas, redes sociales, información financiera y tributaria o expedientes médicos”, explicó.
Aunque el decreto fue conocido hace poco, el presidente confirmó que en diferentes momentos se mostraron las herramientas generadas con el análisis de datos a parte del sector académico, empresarios, algunos líderes de opinión, periodistas de medios de comunicación y a organismos internacionales.
Este lunes, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) se apersonó como víctima, ante la Fiscalía General de la República, en caso de que avance una investigación sobre el funcionamiento de la oficina de análisis de datos de la Casa Presidencial.
La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, le pidió a la Fiscalía hacer un peritaje técnico de las bases de datos que manejó la oficina asesora del presidente Alvarado.
Ante esto, el gobernante declaró que dejarán a las autoridades hacer todas las investigaciones necesarias sobre el tema, pero sostuvo que la toma de decisiones a partir de datos es una necesidad de cualquier gobierno en el siglo XXI.
“Como país nos quejamos, con razón, de las ineficiencias que encontramos en el gasto público, de las duplicidades o la insuficiencia de la cobertura de los programas. Para corregir estas cosas se requiere el análisis de datos, hay que hacerlo bien y hay que garantizar la privacidad”, finalizó.
