Aunque la Sala IV no suspendió la vigencia de la ley que recorta las pensiones de lujo para inyectar fondos al Régimen No Contributivo (RNC) de la CCSS, el gobierno esperará a que se resuelva un acción de inconstitucionalidad presentada contra ese cuerpo normativo para hacer uso de los recursos.

La gestión fue planteada por 34 jubilados de lujo, quienes inicialmente interpusieron recursos de amparo, los cuales se unificaron en una acción, la cual fue acogida para estudio desde el 25 de marzo y se tramita en el expediente 20-005702-0007-CO.

Según Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), durante el tiempo que se tarde la Sala IV en emitir un fallo y mientras no haya una resolución clara, no pueden disponer del recurso.

La Ley para Rediseñar y Redistribuir los Recursos de la Contribución Especial Solidaria, aprobada en noviembre del 2019, autoriza la deducción de contribuciones solidarias sobre las jubilaciones mayores a ¢2,2 millones mensuales para los pagos con cargo al Magisterio Nacional y el Gobierno, y de ¢2,6 millones para el Poder Judicial.

Esta normativa entra a regir en junio, seis meses después de su publicación.

Se estima que por año podrían significar ¢12.000 millones que fortalecerían las pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual beneficia a adultos mayores pobres o personas con discapacidad en esa condición. Así lo determinaron los diputados mediante otra ley aprobada en marzo.

De acuerdo con los magistrados, “en el curso se indica expresamente que la admisión de la acción no suspende la vigencia de la norma cuestionada, tal y como lo establecen los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la jurisprudencia de la propia Sala”.

Pese a estar claros de que la Sala no suspendió los efectos de la ley, dice Bermúdez, prefieren abstenerse pues si comenzaran a hacer uso de los fondos, podría ser que en el futuro haya que devolverlos e indemnizar, según lo que decida la Sala.

“Las instituciones (de gobierno) estań en este momento en un periodo de falta de certeza jurídica, cualquier uso que se le dé a los recursos podría generar responsabilidades más adelante”, advirtió.

La población beneficiaria del RNC actual es de 128.845 personas (124.396 de RNC y 4.449 del parálisis cerebral profunda y otras enfermedades equiparables).

El costo de dicho programa para este año asciende a ¢175. 000 millones.

Se les otorga ¢82.000 mensuales. El área de Gestión de Pensiones maneja un promedio de 20.000 casos pendientes, o sea, personas que sí califican, pero que para obtener su pensión, tienen que esperar a que el RNC reciba recursos frescos.

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"En los últimos años se ha provisto al programa de fuentes nuevas con recursos frescos como lo fueron la Ley que asignó al RNC los depósitos judiciales no reclamados, así como el proyecto que trasladó el incremento de la contribución solidaria de las pensiones de lujo.

“Sin embargo, ambas iniciativas se han visto recurridas ante la Sala IV por ciudadanos que, si bien tienen derecho a judicializar sus reclamos, lo cierto es que impiden que se concreten aportes financieros que el país, desde la Asamblea Legislativa, ya decidió que tienen que ser dirigidos a proteger a las personas adultas mayores más vulnerables”, dijo.

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Suspensión de nuevas solicitudes

Este jueves, la Caja anunció que desde el 1.° de junio suspendió el trámite de solicitudes de nuevas de pensiones del RNC para adultos mayores en pobreza ante la reducción en la asignación del presupuesto 2021.

La decisión se tomó a raíz de que el presupuesto del Régimen para el año 2021, es menor al de 2020.

La Caja es, por Ley, la administradora del Programa Régimen No Contributivo, pero el financiamiento de este corresponde a otras instituciones especialmente a recursos provenientes del Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Fodesaf se alimenta con los aportes de los patronos públicos y privados.

De acuerdo con estimaciones del Gobierno, los efectos de la emergencia por el covid-19 sobre las empresas y los empleos pusieron en riesgo entre el 10% y 20% de los recursos que entran cada año al Fondo.

A raíz del anuncio hecho este jueves por la CCSS, el Gobierno informó que buscan alternativas de financiamiento de los programas sociales.

La Casa Presidencial garantizó el pago regular de las 128.845 pensiones del Régimen no contributivo vigentes.

“Queremos aclarar que el flujo financiero para el año 2020 está garantizado y no habrá una afectación en el pago mensual de estas pensiones. Por otro lado, y a consecuencia de la pandemia por el covid-19, debemos buscar las alternativas necesarias para poder otorgar nuevas pensiones de este régimen de manera que las podamos asumir económicamente en el año 2021”, informó el Gobierno esta tarde.

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La meta incluida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es superar al final del 2022 las 139.000 pensiones del RNC.

"La comunicación realizada por la CCSS debe entenderse como una suspensión transitoria de nuevos otorgamientos en tanto se concretan gestiones financieras que nos permitan certificar el monto final de los recursos que se asignarán en 2021 para seguir avanzando en la meta del PND", dijo Bermúdez.

Según el funcionario, identificar recursos para el RNC es "una prioridad más" dentro de un conjunto de necesidades que en medio de la emergencia deben ser atendidas por parte del Gobierno.

“Entre el equipo económico y el social estamos valorando el margen existente para rebalancear otras asignaciones del próximo año, y eso fue comunicado así esta semana a la CCSS por parte del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda”, dijo.

Nota del editor: Esta información fue modificada a las 10:11 a. m. del viernes 5 de junio para incluir la aclaración de la Sala Constitucional