EscucharEl presidente de la República, Rodrigo Chaves, negó haber influido en el retiro de la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S. A. de C. V. (Prodemex) del proyecto para la construcción del nuevo Hospital Max Peralta, en Cartago.
En un video difundido por la Casa Presidencial la tarde de este viernes, el gobernante también afirmó que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) nunca debió haber adjudicado ese proyecto, el cual la empresa mexicana ofreció hacer por $314 millones en un terreno en El Guarco, adquirido por la Caja para ese fin desde el 2011.
Chaves calificó de “mentirosa” e “hipócrita” la manera en que seis diputados que representan la provincia de Cartago lo señalaron, según él, de haber “empujado” a la compañía para que desistiera de hacer el nuevo hospital.
Aludió con nombres y apellidos a los diputados Óscar Izquierdo Sandí (Partido Liberación Nacional; PLN); Alejandro Pacheco Castro (Partido Unidad Social Cristiana; PUSC), Antonio Ortega Gutiérrez (Partido Frente Amplio; PFA), y a las diputadas Paulina Ramírez Portuguez (PLN), Rosaura Méndez Gamboa (PLN) y Johana Obando Bonilla (Partido Liberal Progresista; PLP).
Chaves dijo que esos diputados “trabajaron” con la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), durante el mandato de José Álvaro Jenkins (setiembre 2020-2024), para que los tres representantes patronales en la Junta Directiva de la CCSS, más los tres del sector trabajador (uno de sindicatos, uno de cooperativas y otro de solidarismo) “adjudicaran algo que nunca debió ser adjudicado”. Sin embargo, no ahondó en las razones.
El 22 de mayo, seis de los nueve miembros del máximo órgano de la Caja aprobaron hacer el hospital en El Guarco. Votaron en contra los tres representantes del gobierno, incluyendo a la presidenta ejecutiva Marta Esquivel Rodríguez.
Los nueve miembros de la Junta Directiva tendrán que volver a decidir qué pasará con el proyecto. En el video de este viernes, el gobernante afirmó que, a diferencia de Jenkins, la nueva presidenta de Uccaep, Maritza Hernández Castañeda, quien asumió en mayo, sí lo “está haciendo muy bien”.
La empresa mexicana comunicó que renuncia a construir el proyecto por las “fluctuaciones” en el tipo de cambio en los últimos tres años en Costa Rica. También adujo que “hay claras desavenencias entre instituciones del Estado costarricense”, en alusión a la posición de la CCSS y las objeciones del Ministerio de Salud a construir en El Guarco.
Argumentó, además, que las confrontaciones crean un clima de “incertidumbre política” en torno al proyecto y “falta de certidumbre respecto a la posibilidad de ejecutar el mismo conforme a lo originalmente previsto”.
El jueves 19 de setiembre, cuando se supo de esa carta, los diputados Ortega y Obando anunciaron que presentarían mociones para llamar a los representantes de la compañía a comparecer en la Comisión de Cartago, de la Asamblea Legislativa.
Los dos legisladores, además, denunciaron presiones del Poder Ejecutivo a la firma extranjera para llevarla a desistir.
Ese mismo día, la legisladora Ramírez Portugués acusó al gobierno de “salirse con la suya” porque, a su criterio, logró impedir la construcción de un nuevo hospital para esa provincia con presiones sobre la compañía extranjera.
El gobierno de Chaves adversa construir el hospital en El Guarco aunque tampoco tiene otro lote dónde hacerlo.
Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S. A. de C. V. había obtenido una calificación de 98,22% en los análisis técnicos de la CCSS, lo cual llevó a su elección en mayo.
Las otras tres empresas que ofertaron fueron Van der Laat y Jiménez S. A. ($398,9 millones), Consorcio Edica HMPJ ($419,5 millones), y el Consorcio Edificar-Estructuras ($263,9 millones). Sin embargo, Marta Esquivel afirmó el jueves que, de acuerdo con la Contraloría, la que ocupó el segundo puesto quedó fuera.
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