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San José
El Tribunal Contencioso Administrativo trasladó la lectura de la sentencia por daños ambientales contra la empresa Industrias Infinito para el 11 de setiembre entrante, a las 3 p. m.
La decisión la tomó la jueza Lorena Montes de Oca, ante la ausencia por incapacidad médica del abogado Juan Carlos Hernández, de Industrias Infinito, empresa que pretendía extraer 800.000 onzas de oro de la mina Crucitas, en Cutris de San Carlos.
En el 2010, el Tribunal decidió anular la concesión y condenar a la empresa de capital canadiense al pago por daños ambientales, monto que, en principio, iba a ser anunciado este martes a partir de las 2 p. m.
Empero, la jueza Montes de Oca, afirmó a las partes presentes, durante la audiencia de este 25 de agosto, que el anuncio se trasladará para el 11 de setiembre, al considerar que todos los actores del proceso judicial deben estar presentes en el anuncio de la sentencia.
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Álvaro Sagot, abogado de Jorge Lobo, uno de los demandantes, indicó que el peritaje cifró entre los $6 millones y los $10 millones el monto por daño ambiental que debe ser resarcido por Crucitas, el Estado y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en forma solidaria.
La cifra definitiva, empero, se conocerá hasta el 11 de setiembre.
Piden medidas adicionales. Sagot adelantó que los demandantes pidieron a la jueza inmovilizar las propiedades que figuran inscritas a nombre de Industrias Infinito. Así lo hicieron ante una denuncia que presentó Edgardo Araya, diputado por el Frente Amplio, que figura como abogado demandante, sobre la presunta venta de cinco fincas propiedad de la minera por montos entre los $445.000 y los $825.000.
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Araya dijo este martes que la jueza aclaró, durante la audiencia, que la venta repentina de las propiedades no es la causa que frena temporalmente la ejecución de la sentencia, aunque así lo solicitó la empresa transnacional, petición que desestimó la jueza.
Por otra parte, el diputado frenteamplista criticó al abogado de Industrias Infinito. "Esta historia ya la he oído no sé cuántas veces. No sé cuántas veces hemos pospuesto esto", reclamó.
Araya dijo que su expectativa es que, el 11 de setiembre, el Tribunal Contencioso Administrativo finalmente se pronuncie sobre la cuantía del pago por daños ambientales y la distribución de responsabilidades entre el Estado e Industrias Infinito.
La Procuraduría General de la República (PGR) declinó hacer referencia alguna sobre la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de suspender la ejecución de la sentencia.
