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El hogar de ancianos Carlos María Ulloa, ubicado en Goicoechea, no podrá recibir ni un viejito más por falta de plata.
Así será mientras la Contraloría General de la República (CGR) no reconsidere un criterio que mantiene frenado el giro de, al menos, ¢40 millones en transferencias de entidades públicas.
Ese es el monto que debería de haber ingresado al Hogar en los primeros cinco meses del año, como parte de los ¢131 millones anuales previstos.
La plata fue aprobada dentro del Presupuesto Nacional. Es parte de las transferencias que, por ley, Hacienda les gira desde 1937, de entes como la Junta de Protección Social (JPS), explicó Gerardo Venegas, presidente de la junta directiva del Hogar.
Los fondos integran el 30% del presupuesto total de ese centro, y se usan para velar por las necesidades anuales de, al menos, 50 de los 250 viejitos que atienden.
Origen. Este hogar, fundado en 1877, pretendía establecer un convenio para que giren ese dinero a través del Ministerio de Trabajo.
El convenio fue remitido a la Contraloría, que lo devolvió sin su refrendo. Esto sucedió en marzo anterior.
El argumento para devolverlo fue que la ley número 10, de diciembre de 1937, en la que se basa el traslado de recursos, fue derogada por una nueva, emitida en agosto de 1976.
Mediante su oficina de prensa, la Contraloría dijo que el tema "está actualmente analizándose en una reconsideración planteada ante la Unidad de Autorizaciones y Aprobaciones" de la entidad.
Jorge Eladio Mora, administrador del Hogar, confía en que esa reconsideración sea favorable para su institución pues, de no darse el traslado de fondos, el funcionamiento se empezaría a ver en problemas.
Por ahora, han reducido su capacidad de 250 a 236 ancianos. Hay 20 en lista de espera que no han podido ser admitidos por el temor de no tener capacidad financiera para costear su atención, dijo la hermana Elsa Méndez Villalobos, vicepresidenta de la junta del hogar y superiora de las hermanas de la Caridad, que trabajan allí.
"Han pasado cinco meses en que no hemos recibido ni un solo cinco. Son cinco meses en los que el anciano tiene que comer. Si el Estado no nos ayuda como corresponde, tendremos que reducir lo que tenemos", dijo Venegas.
La medida extrema, si esa plata no ingresa, sería utilizar recursos del ahorro, originalmente destinados a ampliar áreas como la cocina y renovar la flotilla vehicular, agregó el funcionario.
Eventualmente no descartan despedir funcionarios si se mantiene la misma situación hasta el final de año, época en la que deben pagar los aguinaldos a sus 106 empleados.
"Tenemos que agotar todas las vías, porque si llegamos así hasta el final la situación va a ser grave para todos", afirmó Venegas.
Mientras tanto, el caso sigue en manos de la Contraloría.
