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La auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ana Sofía Machuca Flores, criticó este miércoles al gobierno por emitir, en agosto del 2023, un decreto ejecutivo que excluyó a Huawei como proveedor de redes 5G, argumentando incumplimientos relacionados con la seguridad nacional y delitos informáticos.
Según la funcionaria, esta decisión es comparable a “tapar el sol con un dedo” en materia de ciberseguridad y, además, fomenta la exclusión de proveedores tecnológicos, como la firma china, del mercado nacional de telecomunicaciones.
Así lo manifestó ante los diputados de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa.
El decreto en cuestión establece que solo podrán adquirirse en el país equipos o programas para servicios de 5G provenientes de naciones que hayan ratificado el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, firmado en Budapest (Hungría) el 23 de noviembre del 2001. Esta normativa excluye a Huawei, ya que China no es signataria del acuerdo.
El decreto Nº 44196-MSP-MICITT, publicado el 31 de agosto de 2023 en el diario oficial La Gaceta, junto con un reglamento complementario, fue suspendido provisionalmente desde el 6 de febrero debido a que el Tribunal Contencioso Administrativo acogió una medida cautelar solicitada por un sindicato del ICE. Esta medida también detuvo una licitación del Instituto para la instalación de tecnología 5G.
Machuca Flores indicó a los diputados que el decreto y el reglamento están basados en el Convenio de Budapest, al cual Costa Rica se adhirió en junio de 2022. Sin embargo, consideró que el propósito de dicho convenio es armonizar el marco político nacional y fortalecer las capacidades de las instituciones públicas para combatir el espionaje y los delitos digitales. Según la auditora, las acciones tomadas hasta ahora son insuficientes.
Sin mencionar la medida cautelar que impide al ICE avanzar en la implementación de 5G, la funcionaria sostuvo que un decreto y un reglamento son instrumentos limitados para abordar las complejidades de la ciberseguridad.
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“Es insuficiente en comparación con el trabajo que hay que hacer a nivel país. Huawei sigue siendo contratado. ¿Cuál es el proveedor principal de los operadores privados de telefonía en este país? Es Huawei”, afirmó.
Machuca criticó que mientras se limita la participación de ciertos proveedores en el sector público con base en el Convenio de Budapest, las empresas privadas siguen contratando libremente a Huawei.
“Es como aplicar una medicina insuficiente para una enfermedad compleja”, señaló.
Falta análisis de ciberseguridad, dijo auditora
La auditora insistió en que la solución debe surgir de un análisis integral de las políticas y leyes existentes. Desde allí, sostuvo, deben plantearse prohibiciones fundamentadas en posibles incumplimientos, en lugar de hacerlo a través de un decreto y su reglamento.
Asimismo, recomendó al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) preparar la capacidad de las instituciones para afrontar este tipo de amenazas al cuestionar lo que consideró una limitada capacidad técnica en estas para enfrentar ciberataques.
Según ella, el país tiene pocos profesionales especializados en esta área y carece de un marco normativo robusto y armonizado para hacer frente a las amenazas digitales.
“Un decreto y un reglamento no están por encima ni del Convenio Internacional ni de las leyes. Por lo tanto, esto es básicamente querer tapar el sol con un dedo”, concluyó.
El pasado 11 de diciembre, el Ejecutivo presentó una denuncia penal contra Ana Sofía Machuca Flores y la empresa Huawei. A la auditora se le atribuyen presuntos delitos de incumplimiento de deberes, influencia en contra de la Hacienda Pública y fraude de ley.
Por su parte, Huawei Technologies Costa Rica S. A. estaría vinculada presuntamente con delitos de estafa, cohecho propio, tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública.
La denuncia también involucra a Yang Peng, apoderado generalísimo de Huawei en Costa Rica, por los mismos delitos que se le imputan a la empresa.
Un día después de conocida la denuncia, Machuca Flores rechazó las acusaciones, asegurando que es víctima de una persecución política por parte de actores que, desde hace meses, intentan vincularla con temas ajenos a sus funciones. Este miércoles, en declaraciones ante los diputados, reiteró su postura y negó cualquier irregularidad en su actuar.
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