El ICE lanzó una licitación pública para contratar plantas de generación térmica privadas que respalden el suministro eléctrico en los próximos años. Este concurso sustituirá a los proveedores actuales contratados el año pasado y reducirá en $86 millones el gasto inicialmente previsto, en noviembre.
La licitación busca arrendar y operar bloques de potencia térmica durante los veranos del 2026 y 2027, según el anuncio publicado el 2 de diciembre en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
El contrato es por un valor estimado en $145,3 millones, una cifra significativamente menor a los $231 millones que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) había proyectado inicialmente. Las sumas se cargan posteriormente a las tarifas de los abonados.
En noviembre, el plan contemplaba un respaldo energético de 238 megavatios (MW) distribuidos en siete bloques de 34 MW cada uno.
Sin embargo, la licitación actual reduce esa capacidad a 133 MW, distribuidos en dos bloques de 40 MW para la subestación Angostura (Turrialba) y dos bloques adicionales para la subestación Garabito (Puntarenas), con potencias de 18 MW y 35 MW, respectivamente.
El cambio de previsiones, según documentación incluida en el concurso, responde a que ese respaldo térmico para los veranos del 2026 y 2027 coincidiría con la entrada en operación de nuevas plantas eólicas y solares en proceso de construcción, el manejo y recuperación de embalses de generación hídrica, así como con importaciones de electricidad de Centroamérica.
El ICE informó el 4 de diciembre en un comunicado de que este arrendamiento de plantas térmicas privadas sustituirá los bloques actualmente operativos, cuyos contratos con los proveedores actuales finalizarán tras la época seca de 2025.
Última contratación de plantas térmicas
En octubre del año anterior, el Instituto contrató de emergencia cuatro bloques de potencia de 36,5 MW cada uno por un monto de $82 millones.
La firma SoEnergy International INC se encargó de operar un bloque en Garabito por $24 millones, mientras que los tres restantes, situados en Moín (Limón), fueron otorgados a Aggreko International Projects Limited por $58 millones.
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No obstante, para marzo de este año, solo dos de los cuatro bloques habían iniciado operaciones, a pesar de que el contrato estipulaba que debían estar activos desde inicios de febrero.
El ICE justificó la contratación urgente en octubre de 2023 debido a una caída en los niveles de los embalses hidroeléctricos, lo que generó un déficit energético previsto para el verano siguiente.
Sin embargo, la mitad de la electricidad térmica privada contratada de emergencia no estuvo disponible a tiempo.
El 7 de mayo, el ICE anunció racionamientos eléctricos de hasta tres horas diarias, atribuyéndolos al agotamiento de las reservas hídricas nacionales y al incumplimiento de los proveedores de las plantas térmicas alquiladas para la época seca. La medida no se aplicó.