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"La compañía hará todo lo que indique el Tribunal. En todos los casos hemos cumplido con las decisiones de los jueces y esta no será la excepción".
De esa manera respondió Industrias Infinito a la decisión de los juzgados Primero Civil y Tercero Civil de San José de ejecutar los embargos de seis fincas propiedad de la minera de capital canadiense para cobrar los costos de juicios que perdieron en el país.
Ambos juzgados acogieron los reclamos por ¢118 millones que presentaron los profesores universitarios Nicolás Boeglin y Jorge Arturo Lobo, quienes reclaman el dinero por concepto de costas de los juicios que enfrentaron y ganaron.
La minera acusó a Boeglin y Lobo del delito de difamación por criterios que ellos emitieron en torno al proyecto de la mina Crucitas, que Infinito desarrollaba en Cutris de San Carlos.
En respuesta a una consulta realizada por este diario, la empresa dijo que sigue en el país y que está a la espera de una resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), con la que aseguran recuperarán la inversión.
La empresa hace alusión a una consulta elevada al CIADI en torno a la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso en noviembre del 2010 y que confirmó la Sala I de la Corte Suprema de Justica, que anuló la concesión para la mina Crucitas.
Colaboró la periodista Natasha Cambronero.
