Dos organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de las personas migrantes y refugiadas cuestionaron la capacidad del Gobierno de Costa Rica para garantizar los derechos humanos de las personas extranjeras deportadas por Estados Unidos, tras el acuerdo migratorio firmado entre ambos países en marzo de 2026.
Refugees International y Global Strategic Litigation Council (GSLC) publicaron en octubre de este año un informe en el que documentaron que los migrantes que llegan al país enfrentan dificultades para obtener documentos de identificación migratoria, acceder al empleo, recibir asesoría legal y reunirse con familiares.
El documento, “En el limbo: Retos emergentes para las personas nacionales de terceros países trasladadas forzosamente por Estados Unidos a Costa Rica”, sostiene que la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) no está en capacidad de cumplir plenamente sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
En entrevista con La Nación, realizada el 5 de octubre, Omer Badilla, director general de Migración y Extranjería, rechazó las conclusiones del informe, defendió la atención brindada por el Gobierno y negó que Costa Rica esté incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos.
“El papel aguanta lo que le pongan, así es como dicen”, respondió el funcionario al ser consultado sobre los cuestionamientos.
Para elaborar la investigación, las organizaciones entrevistaron en abril de 2026 a 21 personas trasladadas desde Estados Unidos. No obstante, el documento aclara que la muestra no es representativa de la totalidad de migrantes recibidos ni de sus diferentes nacionalidades.
Costa Rica debía ser un puente para las deportaciones
El memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos durante la administración de Rodrigo Chaves contempla que Costa Rica reciba hasta 25 personas de otras nacionalidades por semana.
Según el informe, el acuerdo tenía como propósito que el país funcionara como un puente para facilitar el regreso de esta población a sus lugares de origen.
No obstante, las organizaciones advierten que una parte de esta población permanece en territorio costarricense porque teme regresar a sus países o porque está separada de sus familiares en Estados Unidos.
El documento registra que 210 de las primeras 460 personas trasladadas desde Estados Unidos permanecían en Costa Rica al 25 de setiembre, incluidas 37 que esperaban acogerse al programa de retorno voluntario asistido.
Sin embargo, datos más recientes de Migración indican que hasta el 2 de octubre habían ingresado 478 personas en 23 vuelos, de las cuales 183 permanecían en Costa Rica, 26 estaban en proceso de retorno y 269 ya habían salido del país. En total, son 18 personas más que las contabilizadas en el informe.
Las personas trasladadas son de 39 nacionalidades, principalmente de México, China, Colombia y Brasil, según los datos de Migración.
El informe cuestiona que el Gobierno no haya previsto suficientemente las consecuencias administrativas y financieras de recibir a personas que podrían necesitar protección a largo plazo.
Badilla reconoció que parte de esta población permanece en Costa Rica mientras define su situación migratoria, pero aseguró que entre el 55% y el 60% de las personas recibidas ya había salido del país.
“Como todas las semanas estamos recibiendo personas, pues claro, se va a ir viendo una acumulación porque no todas tienen el ritmo de estancia en el país”, explicó.
El jerarca indicó que algunas personas regresan a sus países de origen mediante el programa de Retorno Voluntario Asistido (RVA), mientras que otras compran sus propios boletos aéreos o salen del país por otros medios.
El documento cuestiona, además, que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sea, en la práctica, el principal punto de contacto de las personas deportadas, pese a que la responsabilidad de garantizar sus derechos corresponde al Estado costarricense.
Badilla explicó que Estados Unidos financia la asistencia mediante la OIM, mientras que Migración supervisa el proceso. “Pero Migración es el ente fiscalizador y por la competencia tenemos que estar nosotros sobre todo este proceso”, afirmó.
Falta de documentos dificulta conseguir empleo
Uno de los principales problemas identificados por las organizaciones es la falta del Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros (DIMEX), que permite acreditar la condición migratoria ante distintas entidades.
El informe señala que nueve de las 21 personas entrevistadas no habían recibido documentos de identidad expedidos por Costa Rica que acreditaran su situación legal.
Aunque algunas contaban con resoluciones que les otorgaban una condición migratoria humanitaria y autorización para trabajar, enfrentaban dificultades porque empleadores, bancos y otras entidades no siempre reconocen esos documentos.
Badilla reconoció que pueden presentarse dificultades prácticas para utilizar las resoluciones migratorias, pero aseguró que Migración trabaja en un proceso para entregar el DIMEX a quienes decidan permanecer en el país.
“Las personas que ya se van a ir quedando en Costa Rica, sí va a haber un proceso de acompañamiento para entregarles un DIMEX”, afirmó.
El funcionario también anunció un programa de integración, financiado por Estados Unidos, que contempla acompañamiento para aprender español, buscar empleo y encontrar vivienda.
“Ya estamos haciendo el trabajo, el proyecto para poder hacer el tema de la integración. Eso está caminando”, señaló. Según Badilla, en las próximas semanas podrían comenzar a incorporarse personas a la iniciativa.
Migración restringió visitas a hoteles
El informe también cuestiona que Migración impidiera nuevas visitas de organizaciones de la sociedad civil a los hoteles donde se alojan las personas deportadas.
Tras una visita realizada el 10 de agosto de 2026, Badilla comunicó dos días después que no autorizaría más encuentros. Entre las razones señaladas por la institución, según el documento, figuraba que los abordajes habrían provocado angustia emocional y llevado a algunos migrantes a solicitar aclaraciones sobre sus documentos y su situación migratoria.
Las organizaciones consideran especialmente preocupante que Migración pareciera interpretar esas consultas como un problema provocado por la sociedad civil, en lugar de reconocerlas como parte del derecho de los migrantes a recibir información.
También advirtieron que restringir las visitas reduce las posibilidades de acceder a asesoría legal independiente.
Consultado por La Nación, Badilla defendió la decisión y aseguró que busca proteger la privacidad de esta población.
“Los hoteles funcionan como ese centro o ese hogar temporal que tienen las personas y nosotros lo que hacemos es proteger el ámbito de la intimidad”, explicó.
El jerarca afirmó que algunos migrantes se sintieron incómodos con los abordajes y que, tras una visita, varios medios de comunicación conocieron la ubicación de los hoteles. No obstante, sostuvo que las personas pueden conversar libremente con periodistas fuera de los establecimientos.
Badilla rechaza cuestionamientos sobre derechos humanos
Refugees International y GSLC concluyen que Costa Rica no está cumpliendo plenamente sus obligaciones de protección y recomiendan suspender la implementación del acuerdo hasta que el Estado garantice los recursos y las condiciones necesarias para recibir a más personas.
Badilla rechazó esa conclusión y argumentó que Costa Rica cuenta con experiencia en la atención de población migrante. “Respeto el criterio de ellos, no lo comparto”, manifestó.
El director sostuvo que las personas trasladadas reciben alojamiento, alimentación, atención médica y asistencia psicológica y psiquiátrica, entre otros servicios.
“Sabemos que estamos haciendo las cosas bien, articulamos con todas las instituciones, se les está brindando apoyo a las personas”, señaló.
Badilla también aseguró que Migración no ha enfrentado procesos legales relacionados con las personas deportadas bajo este acuerdo, debido a que brindan “una garantía abosluta a todos sus derechos”.