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La ampliación de los 50 km de la Interamericana Norte entre Barranca y Limonal y 2,4 km de La Angostura, arrastra, a cinco meses de haber recibido la orden de inicio, un voluminoso expediente de expropiaciones sin resolver.
Así lo reveló un informe de la Auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en el cual se detalla que para el 5 de enero se registraban 33 inmuebles inscritos a nombre del Estado, los cuales representan apenas un 8% de la totalidad de terrenos inventariados.
Además, especifica que hay 11 procesos anulados y 350 en trámite.
Sobre estos pendientes, añade el documento, 244 están en procesos dentro del MOPT y 106 se encuentran en juzgados, Procuraduría e Imprenta.
“Es importante mencionar que en los últimos cinco meses se han inscrito 26 inmuebles a nombre del Estado, lo cual implica un avance de cinco inscripciones por mes, aproximadamente”, agrega el documento.
El informe DAG-IT-04-2021, con fecha del 26 de enero del 2021, también evidencia que cuando se dio la orden de inicio el 28 de agosto del año pasado, solo se habían completado siete trámites de expropiación.
Sin embargo, cuando La Nación le consultó al viceministro de Infraestructura, Tomás Figueroa Malavassi, sobre el informe de Auditoría y la tardanza en las expropiaciones, su respuesta fue que la adquisición de inmuebles esta vez no se convertirá en una piedra en el zapato.
Él, quien es ingeniero y además es el director de la unidad ejecutora que tiene a su cargo la obra, alega que el Ministerio tiene en marcha un nuevo modelo de ejecución con el que busca reducir esas cifras a más de la mitad.
El proyecto tiene un valor de $175,9 millones, está a cargo de la constructora H. Solís y el plazo es de 30 meses. La fecha estimada de finalización es el 27 de febrero de 2023.
De acuerdo con reporte más reciente de la constructora, el avance del proyecto a diciembre de 2020 era del 0,045%, mientras que el programado debía ser para ese mes del 1,25%. Por esa razón, el contratista indica que va a presentar una propuesta de adecuación de la línea base y del programa de trabajo.
A la fecha, indica la auditoría, no se tiene evidencia de que se haya aprobado alguna ampliación del plazo.
Sin embargo, de acuerdo con los informes de avance que el contratista ha entregado mensualmente, las principales causas de atrasos han sido las exoneraciones, el tránsito excesivo y la carencia de topografía confiable.
MOPT aplica el modelo de ‘fast track’
El viceministro Tomás Figueroa afirma que conocían que era imposible dar la orden de inicio del proyecto con ese número de expropiaciones por resolver, por lo que incluyeron cambios en el contrato que “blindarían” esta obra de los atrasos.
Quiso dejar claro que 350 o más expropiaciones es mucho y “sería ilógico pensar que íbamos a lograrlo”.
Por esa razón, optaron por aplicar un modelo que se llama fast track.
Implica que se van adecuando las obras al derecho de vía existente, es decir sin esperar un ajuste en el diseño integral completo para empezar a trabajar. Así, van diseñando ajustes en el proyecto para que los cuatro carriles encajen en los terrenos disponibles e inmediatamente va ingresando la maquinaria con los movimientos de tierras o corta de árboles.
Con ese sistema dijo, ya se trabaja en 10 km del proyecto.
El viceministro garantiza que estos ajustes no implican sacrificar el alcance del proyecto.
Figueroa reconoció que la necesidad de dar un giro en los métodos de ejecución surgió porque “pegaron con pared” en cuanto a las expectativas que se tenían con respecto a las reformas a la ley de expropiaciones.
“Hay que mencionar nuestra realidad, es una realidad que conocemos. Hay una reforma de la Ley de Expropiaciones, donde se preveía que con esa reforma en sede judicial los temas iban a salir en un tiempo razonable y ahora el tema de la mora judicial nos sigue golpeando (...) Pegamos con pared. Creímos en su momento que la reforma a la ley nos iba a generar cierta agilidad, No fue así. Estamos ante una realidad, es la que es y no somos ignorantes de los problemas que estamos teniendo en otros proyectos”, sostuvo.
“Tenemos un volumen de procesos, donde no es culpa de quienes lo están haciendo, tienen los recursos que tienen y se entiende que el volumen sobrepasa la capacidad de respuesta que se tiene con esos recursos”, agregó.
Asimismo, añadió que los cambios no se llevaron sobre la marcha sino desde antes de dar la orden de inicio. Incluso, según él, se incluyeron varias cláusulas en el contrato para que el tema de las expropiaciones no fuera una “excusa” para no concluir a tiempo el proyecto.
Un proyecto con obstáculos
El problema de las expropiaciones en el proyecto se da a pesar de que la obra estaba en planes del MOPT desde hace varios años.
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El proceso de adjudicación se inició desde finales del 2017 y fue anulado debido a que el proyecto que se había dividido en dos secciones, se estaba encareciendo a causa de múltiples apelaciones por parte de las constructoras involucradas en el proceso.
Esto obligó al MOPT a iniciar de cero nuevamente a mediados del 2019, para dar la orden de inicio un año más tarde (en agosto del 2020).
Precisamente, las expropiaciones han sido la razón de atraso más frecuente en varias de las obras que se encuentran en ejecución actualmente, entre ellas el proyecto que da continuidad en la Interamericana en el tramo entre Cañas y Limonal, que a la fecha acumula un 29% de atraso, pues debía estar listo en setiembre del año pasado.
En ese proyecto, del total de 209 días compensables que se han aprobado al contratista, 114 corresponden a atrasos por expropiaciones, permisos de tala de árboles y errores en los planos.
Otras obras como la Circunvalación norte, la ruta 32 y el cuestionado incremento de costos en la vía entre Chilamate y Vuelta Kopper también han sufrido el impacto de recibir la orden de inicio sin completar los procesos de preingeniería, entre ellos, disponer de los terrenos necesarios.
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En el caso de la obra entre Barranca y Limonal, la orden de inicio se dio el pasado 28 de agosto, pero los trabajos se iniciaron hasta el 15 de setiembre con la tala de árboles.
Además de la ampliación de la calzada a cuatro carriles, el proyecto contempla los intercambios de Cuatro Cruces, Monteverde, Judas de Chomes, Guacimal-Pozo Azul y La Irma, así como la intervención de los puentes sobre los ríos San Miguel, Naranjo, Ciruelas, Seco, Aranjuez, Sardinal, Guacimal, Lagarto, Cañamazo, Congo y Abangares.
Incluye 16 pasos peatonales y 39 pasos de fauna silvestre: 18 arborícolas y 21 terrestres.
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Recomendaciones de Lanamme
El documento elaborado por la Auditoría del MOPT, también pide a la unidad ejecutora tomar en consideración, una serie de recomendaciones emitidas por expertos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).
Entre estas, se encuentran tomar en consideración las características de movilidad de la población local y los usuarios de paso; además identificar trayectorias peatonales y ciclistas y tomar en consideración registros de accidentabilidad, para dotar de aceras, pasos seguros para peatones y ciclistas.
A partir de esos estudios, el Lanamme recomienda dotar de infraestructura apropiada para los usuarios vulnerables, así como considerar que en las paradas de autobús se cuente con las condiciones necesarias para la operación y seguridad de los usuarios.
Otro de los aspectos que el Lanamme pidió revisar tiene que ver con los patrones de movilidad vehicular de la zona, a fin de valorar las ubicaciones de los accesos y retornos de acuerdo a esos flujos, además sugiere hacer un análisis de accidentabilidad para señalar los sitios de concentración de choques viales y así identificar las deficiencias y riesgos potenciales en el proyecto.
