EscucharA cuatro años y ocho meses del inicio de la construcción y ampliación de 107 km de la carretera hacia Limón, aún hace falta la expropiación de 434 terrenos –76% del total– que son claves para levantar puentes o intercambios y, por esa razón, es difícil que en febrero del 2023 esté lista la obra por la cual los limonenses han reclamado durante años.
De acuerdo con el contrato firmado por el Estado y la constructora China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC), en febrero de 2023 debe estar terminada la vía de $465 millones entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón, al igual que 36 puentes, 24 pasos peatonales y 13 pasos a desnivel que se comenzaron a construir el 20 de noviembre del 2017.
El último informe de supervisión de la obra, a cargo del consorcio Cacisa-Camacho y Mora, entregado a inicios de julio, detalla que faltan esas 434 expropiaciones de un total de 569 que dispuso hacer (al inicio eran 637, pero fueron descartadas 68).
Apunta que 224, la mitad de las 434 pendientes de trámite, están en escritorios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Otros 55 en la Procuraduría General de la República; 45 en el Juzgado Contencioso Administrativo y 110 en la oficina de gestión del proyecto.
Hasta el momento solo se ha logrado entrar en posesión de 43 terrenos e inscribir a nombre del Estado otros 92.
De los 224 expedientes que están en el MOPT, 107 están varados en el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles (DABI), 44 en el Conavi, 58 en la Dirección Jurídica y 15 en el despacho del ministro Luis Amador Jiménez.
Una vez que los expedientes pasen a la vía judicial, deberán cumplir otro largo camino, pues, como lo cuantificó el Informe Estado de la Justicia 2022, divulgado este martes 26 de julio por La Nación, el proceso para lograr una expropiación demora hasta 19 meses.
La supervisora advirtió que, pese a que la ejecución de la constructora CHEC mejoró “sustancialmente”, se requiere que esta aumente los rendimientos para la fabricación de vigas para los pasos a desnivel, puentes y puentes peatonales, “ya que con los rendimientos actuales no logrará finalizar dentro del plazo contractual”.
“Se insiste nuevamente que CHEC debe iniciar a la brevedad la construcción de todas las estructuras de PSV (pasos a desnivel), IC´s (intercambios) y puentes peatonales, en donde no tiene ninguna obstrucción. En otras palabras, debe iniciar la construcción en la franja del derecho de vía disponible”, concluye el documento.
Según la supervisora, a pesar del gran número de trámites pendientes, CHEC tiene 308 terrenos en los cuales hay permiso de ingreso. En muchos de ellos se logró ese permiso mediante entradas en posesión voluntaria, es decir, la gestión debe seguir la vía ordinaria, pero los dueños autorizaron los trabajos.
Luego de cuatro años y ocho meses de haber recibido la orden de inicio y tras las dos prórrogas aprobadas (inicialmente la obra se debía entregar en octubre del 2020), el avance de los trabajos es del 67%, lo que representa un retraso de 12% con respecto al cronograma aprobado.
“No le hemos facilitado a nivel de expropiaciones”
El jerarca del MOPT, Luis Amador Jiménez, reconoció que los atrasos no son del todo achacables al contratista, pues desde el ministerio también le han “dado problemas”.
“CHEC ha estado tratando de trabajar diligentemente, no los culpo a ellos, han encontrado problemas, nosotros hemos dado problemas, ha habido problemas de gestión, de expropiación, yo no lo voy a negar, se ha tratado de agilizar (...) No puedo decir que CHEC no está trabajando, no le hemos facilitado a nivel de expropiaciones, no se lo hemos facilitado, porque firmaron en la ley que en cuatro meses se iba a expropiar todo. Estamos tratando hasta lo imposible para que terminen”, sostuvo el ministro.
De acuerdo con el jerarca, la empresa actualmente realiza labores en un 45% de los frentes de trabajo de aproximadamente 55% en los que puede avanzar, lo cual calificó como una “ejecución satisfactoria”.
Sobre los reclamos de la constructora, que exige $25 millones por supuestos sobrecostos, el ministro dijo que aún están en valoración.
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Hace menos de un mes, durante una comparecencia ante los diputados de la provincia de Limón, el encargado de la unidad ejecutora, Kenneth Solano, sí responsabilizó a CHEC por los atrasos que ha arrastrado el proyecto desde su origen.
“CHEC tiene mucha responsabilidad en los atrasos porque no entregó diseños definitivos en las fechas finales y además ha sufrido sus propios atrasos”, dijo.
La orden de inicio para la ampliación de la carretera se dio en noviembre del 2017, en la Administración de Luis Guillermo Solís, sin que se contara con los diseños, permisos y otros requisitos de preingeniería.
Otro de los aspectos que el MOPT aún debe solventar son las obras complementarias que quedaron fuera del contrato original y que representarían una inversión adicional de $150 millones. Esas obras contemplan pasos peatonales, ciclovías, bahías de autobuses y otras mejoras pensadas en la seguridad vial.
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El proyecto tiene un costo de $465 millones, de los cuales $396 millones son financiados por el Eximbank de China y $69 millones corresponden a una contrapartida nacional.
