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“El avión nos quedó a 150 metros, yo estaba en horas de descanso porque mi jornada es nocturna y escuché un estruendo, como si hubiera caído un rayo a pocos metros”. Ese ruido y esa sensación no serán fáciles de olvidar para Jonathan Castro, testigo muy cercano del accidente del Boeing 757 de la empŕesa DHL, ocurrido el 7 de abril, cuando la aeronave se partió al aterrizar en el aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela.
Castro es uno de los pocos habitantes de calle La Candela, ahí donde se ubicaba el conocido restaurante muy visitado por la vista que tenía de la terminal aérea. Aquel establecimiento desapareció, pero no las casas de un grupo de familias que quedaron prácticamente atrapadas en medio de la pista de rodaje al sur. Allí es donde vive Castro desde hace 35 años.
“La tranquilidad de uno ya no es la misma, porque ahora uno piensa que un fallo mínimo puede costarle la vida, aquí hay niños y mi mamá es adulta mayor, los aviones pasan 24-7″, dijo.
Su propiedad y la de sus vecinos están en trámite de expropiación desde hace cinco años, durante los cuales han vivido con la zozobra de no saber en qué momento tendrán que dejar sus viviendas. Sin embargo, desde el 7 de abril, otro miedo se intensificó y es el de que en cualquier momento podrían ser impactados por una de las decenas de aeronaves que aterrizan y despegan cada día a pocos metros de sus techos.
Entretanto, las gestiones de expropiación se han visto enmarañadas debido a una serie de tropiezos que afectan el proceso, el cual se elevó al Juzgado Contencioso Administrativo desde el 2017, pues los propietarios no aceptaron el monto ofrecido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a cambio de sus terrenos.
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Alex Ureña, encargado del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del Ministerio, explicó que la resolución de ese reclamo se ha retrasado por inconsistencias en las medidas de la propiedad, por el fallecimiento de uno de los dueños, la presencia de una torre de comunicaciones en medio de la finca, así como por los derechos de traslado de algunos inquilinos.
Las medidas de la finca y la división de los lotes que están dentro, así como el monto por el terreno que le correspondería a cada propietario son los temas que más han complicado la gestión.
“La finca nació hace muchos años, cuando daban medidas aproximadas en el Registro (de la Propiedad), entonces se indica que es aproximadamente una manzana, pero se corroboró que es menos. Eso ha afectado para que el juez pueda resolver (...) Son como 14 derechos, ellos han presentado diversas apelaciones en la distribución de montos”, declaró Ureña.
Los propietarios, por su parte, aseguran que la medida planteada por los peritos del MOPT es errónea, pues no se incluye la servidumbre de paso que está frente a sus viviendas, la cual a criterio de las autoridades es una calle pública.
Posesión y nuevas mediciones
Según Ureña, los representantes del Estado solo están a la espera de que el juez dicte la entrada en posesión, pues ya cumplieron con los dos requisitos que indica la Ley de Expropiaciones: depositar el avalúo y notificar a los propietarios. Luego, el pleito puede continuar en los tribunales por el reclamo de justo precio planteado por los dueños.
El funcionario reconoció que existe un riesgo latente para los vecinos pero también implica un problema de seguridad para el aeropuerto, pues aunque la calle de rodaje se completó con un ajuste de diseño, hay una calle de patrullaje que no se pudo completar, lo cual ocasiona que los vehículos de emergencia deban invadir la pista para poder hacer sus recorridos.
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La queja de Jonathan Castro y sus vecinos es que el precio ofrecido por el MOPT no se ajusta a la realidad. Además, sostuvo que solo les habían depositado lo correspondiente a las construcciones pero no por los terrenos.
“El avalúo lo calculan muy bajo, es como que yo vaya a Pococí. Con lo que nos dan no alcanzaría para comprar una casa aquí, tendríamos que irnos a una zona alejada como Guatuso para que podamos comprar una propiedad con eso”, afirmó.
Ahora, están a la espera de que se hagan las medidas nuevamente para que, según él, el juez resuelva sobre el precio justo y que se determine lo que corresponde a cada propietario respecto al terreno.
‘La tranquilidad se perdió'
Al tiempo que los habitantes de calle La Candela procuran mantener la esperanza de que una resolución judicial los favorezca, también batallan contra la intranquilidad que les dejó el accidente del carguero de DHL, pues vino a confirmar los riesgos, aunque ya desde hace varios años ven pasar las aeronaves muy cerca de sus casas. Eso ocurre desde que se completó la pista de rodaje, cuyo fin era que los aviones de mayor tamaño tuvieran facilidad de maniobrar.
“Yo estaba afuera conversando con un cliente y tuve que cortarle porque tras el estruendo, se soltó una nube de polvo que me quemó la cara, fue bastante susto, yo pensé que había caído en la casa por lo fuerte que sonó, inmediatamente salimos a ver por la parte de atrás y ahí estaba el avión echando humo”, recordó Elizabeth Vargas, otra de las vecinas que estaba en la comunidad aquel jueves.
Al igual que Castro, la mujer aseguró que ahora pasan más intranquilos y más que nunca desean que se resuelva la gestión, pero de manera justa para poder irse del lugar.
Aeris Holding, empresa gestora del aeropuerto, aseguró que el perímetro de la terminal aérea se encuentra “completamente resguardado”.
“La infraestructura de la zona fue revisada y aprobada por las autoridades competentes. Asimismo, se realizan rondas de seguridad de forma regular por parte de la Policía Aeroportuaria y de la seguridad complementaria de Aeris”, respondió ante consulta de La Nación.
Se espera, añadió, “que prontamente” la Dirección General de Aviación Civil concluya los procesos legales de expropiación de los terrenos donde están las viviendas para continuar con los “desarrollos correspondientes”, aunque no detalló cuáles son las obras pendientes.
