EscucharEl alcalde de Osa, Alberto Cole De León acudió este martes a la comisión legislativa que investiga irregularidades en la contratación de obras viales, develadas tras los allanamientos por el caso Diamante, pero se negó a responder la mayoría de cuestionamientos que le hicieron los diputados sobre las supuestas dádivas que habría recibido a cambio de favorecer la adjudicación de proyectos a la empresa MECO en su cantón.
Aunque inicialmente anunció que se abstendría en su totalidad de declarar por los hechos que son indagados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Cole sí intervino para referirse a temas como la planta de asfalto de Paso Real en Buenos Aires, que fue inaugurada pero nunca entró en operación, debido al sobrecosto que implicaba ponerla a funcionar.
Lo hizo para defender las pocas opciones debido a la escasa oferta de proveedores que hay en la zona, lo cual a su criterio sería distinto si se hubiera podido comprar ese material al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
En una primera aseveración, el alcalde sostuvo que el mismo jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez, les dijo textualmente “vayan y cómprele a la empresa privada (el asfalto)”.
Posteriormente , al ser consultado sobre las implicaciones de esa directriz para favorecer a empresa privadas, el funcionario optó por ser cauteloso y expresó que serían interpretaciones subjetivas.
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El legislador del Frente Amplio, José María Villalta, fue uno de los que lanzó una serie de preguntas relacionadas directamente con los hechos que, según el expediente judicial se le atribuyen a Cole, sin embargo, a pesar de que alegó que le “pica la lengua por hablar”, decidió hacer valer su derecho de abstenerse en cada una de las interrogantes.
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Entre estas, el congresista le pidió aclarar por ejemplo, las declaraciones hechas por la auditora durante una comparecencia anterior, en relación al aumento gradual en las contrataciones que le fueron otorgadas a MECO, hasta llegar a ser en el 2021 la única empresa contratada.
Tampoco quiso referirse a las anomalías señaladas por denuncias de los mismos ciudadanos, a las contrataciones realizadas sin seguir la recomendación de la proveeduría, ni a las obras pagadas que no se ejecutaron o que quedaron a medio camino.
Una y otra vez, la respuesta del alcalde (que se encuentra suspendido actualmente producto de la pesquisa), fue que no podía referirse al tema por estar judicializado.
“Me pica la lengua por explicarle y decirle muchas cosas, pero no es el momento oportuno, dada la situación de investigación y el estado en que se encuentra judicializado el caso al que se me atribuye a mi”, insistió Cole.
Entre las afirmaciones que realizó, el alcalde subrayó que los procesos están establecidos según las normas vigentes y que las contrataciones se realizaron en apego a esa normativa.
El diputado oficialista, Luis Ramón Carranza, también pidió a Cole detallar las llamadas intervenidas por el OIJ, relacionadas con solicitudes de recursos a MECO para su campaña política y sobre una dádiva para su reelección en Osa, a cambio de que dicha constructora ganara una licitación para la pavimentación en los caminos de ese cantón.
Ante ambas afirmaciones, el jerarca municipal insistió en abstenerse a declarar.
También Carranza, le preguntó por qué las funcionarias que acudieron días atrás, mencionaron que los trabajadores del municipio “le tienen miedo” porque es quien nombra y administra dentro de la entidad, razón por la que no lo confrontan ante irregularidades como las mencionadas por la misma Auditoría.
“Quién sabe por qué lo dirá, no sé qué miedo pueden tener (...) Yo he sido muy respetuoso de los funcionarios durante todos mis años, nunca he tenido ninguna situación de la que me pueda avergonzar o que haya abusado de mi capacidad, mis atribuciones o autoridad. Sí he visto y he tenido que verme involucrado en acusaciones de acoso laboral por parte de la auditora de subalternos de ella y es quizás una de las razones en las que alguna medida ha ocurrido alguna situación que ella piense que hay temor, tal vez se refiere a ella misma”, sostuvo el alcalde.
Además, al ser interpelado por las señales de alerta que podrían haber saltado al ver que el 40% del presupuesto del ayuntamiento estaba adjudicado a las empresas en cuestión, el funcionario insistió en que en las zonas rurales los proveedores son pocos y no todos cumplen con las exigencias de los carteles.
Además, expuso que solo MECO y la empresa Quebradores del Sur tienen plantas en la zona, lo que hace que para estas sea más fácil ofertar a mejor precio.
Los miembros de la comisión legislativa también mantuvieron una discusión sobre la convocatoria del alcalde josefino Johnny Araya, quien según aseguró el presidente de ese foro, Pablo Heriberto Abarca será convocado en los próximos días.
El foro, que inicialmente se creó para investigar los hechos relacionados con el caso Cochinilla, sobre el cual rindió informe la semana anterior, sesiona ahora para analizar los acontecimientos del caso Diamante, donde se vieron involucrados los alcaldes Johnny Araya Monge, de San José; Mario Redondo Poveda, de Cartago; Alfredo Córdoba Soro, de San Carlos; Humberto Soto Herrera, de Alajuela; Arnoldo Barahona Cortés, de Escazú, y Alberto Cole De León, de Osa.
