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En agosto del 2017, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, el país se planteó el reto de construir un nuevo Centro Nacional de la Música. La obra, de más de 4.600 metros cuadrados (m²), contaría con un moderno auditorio, aulas amplias, plazas y zonas verdes para albergar a músicos profesionales, coristas y estudiantes.
Para sacar adelante la tarea, el Estado presupuestó $6,7 millones y encargó la ejecución de la obra a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) en un plazo de dos años y dos meses. Sin embargo, cuatro años después, no hay una sola piedra en la construcción y el valor se elevó a $11,1 millones por “ajustes de costos”.
Un reflejo del desorden en el proyecto son las siete adendas que el Ministerio de Cultura y Juventud tramitó, en los últimos cuatro años, ante la Contraloría General de la República (CGR) para extender el contrato con UNOPS. La octava solicitud para ampliar el acuerdo se presentó el pasado 11 de agosto, la pretensión era prorrogar el vínculo 20 meses más y obtener el aval para utilizar los $11,1 millones, pero el 6 de octubre la Contraloría dijo no.
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La Nación intentó conversar con Gabriel Goñi, director del Centro Nacional de la Música, desde el viernes anterior, pero expresó a través de su encargado de prensa que no se pronunciaría porque está gestionando un recurso de reconsideración ante la Contraloría.
Luego de esa comunicación, este diario reiteró a Goñi la petición de una entrevista por medio de un correo, pero este pidió que se le enviaran las consultas por escrito.
También se trató de conocer la posición de UNOPS, pero Alejandro Rossi, director de ese ente en Costa Rica, no respondió las llamadas hechas a su teléfono celular.
El pronunciamiento de la Contraloría pone en riesgo el nuevo Centro Nacional de la Música, pues deja sin efecto el contrato con UNOPS. En la resolución del 6 de octubre, la CGR manifestó que elevar el presupuesto a $11,1 millones representa un aumento del 63,9% con respecto al monto original, lo cual excede los límites establecidos por la Ley de Contratación Administrativa.
La propia asesoría legal del Centro Nacional de la Música advirtió de los inconvenientes con respecto al presupuesto.
No obstante, los problemas van más allá. La Contraloría dejó en evidencia que la adenda número cinco fue gestionada y suscrita el 2 de julio del 2020, 16 días después de la fecha de vencimiento.
“Al respecto, véase que dicha adenda fue suscrita con posterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de los 32 meses estipulados mediante adenda 4, a saber el 17 de junio del 2020, lo que implica que el Memorando de Acuerdo no se encontraba vigente”, declaró el órgano contralor en su pronunciamiento.
La afirmación de la Contraloría demuestra que el contrato entre el Estado y UNOPS quedó sin efecto desde el año pasado y ninguna de las partes se había dado cuenta.
“No se encuentra vigente y jurídicamente no resulta viable modificar un contrato que ya ha fenecido según lo dispuesto expresamente en el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 208 de su reglamento”, agregó la CGR.
Una de las grandes preguntas es cuánto del dinero transferido a UNOPS por parte del Estado se ha gastado hasta ahora en planificación, estudios de preinversión, gastos administrativos y otros. Desde agosto del 2017, el Gobierno le trasladó a esa agencia de la ONU $5,8 millones.
También hay incertidumbre sobre qué pasará con la licitación de la obra, ya que se realizó un concurso y fue seleccionada la empresa constructora Eliseo Vargas y Asociados S. A., por $8,4 millones. En la actualidad, no se ha notificado al contratista sobre la adjudicación debido a una suspensión temporal del proyecto.
Desde el 2014, año en que UNOPS entró en Costa Rica, la organización se ha visto involucrada en varias polémicas por intentos de mantener en secreto expedientes de contratación, reiterados aumentos en los plazos de construcción de las obras asignadas, elevación en los presupuestos y negativas para pagar cargas sociales a la Caja Costarricense de Seguro Social.
En las últimas semanas, la agencia rehusó comparecer ante los diputados que investigan el Caso Cochinilla y rechazó la petición del Ministerio de Hacienda de inscribirse ante la Dirección Tributaria.
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El Centro Nacional de la Música es la entidad estatal encargada de fomentar la apreciación de las Artes Musicales. Además es la casa del Instituto Nacional de la Música, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía Lírica Nacional y el Coro Sinfónico Nacional.
La presidencia de la Junta Directiva del Centro Nacional de la Música está a cargo, desde el 2018, de Sylvie Durán Salvatierra, ministra de Cultura y Juventud.
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