La modificación de un requisito que debían cumplir empresas interesadas en obras para ampliar la vía entre Limonal y Barranca dejó por fuera la oferta más barata para el proyecto vial.

Los contratos para los trabajos en los tramos San Gerardo-Limonal y Barranca-San Gerardo se adjudicaron a la firma Power Construction Corporation of China (PowerChina) que ofreció construir los 50 km en $218,3 millones.

Con esta decisión, la unidad ejecutora, a cargo del consorcio español Ineco-Acciona, excluyó la oferta más barata presentada por el consorcio tico Meco-HSolís. Este propuso hacer ambas obras en $208,9 millones; una diferencia de $9,4 millones.

Esto ocurrió por un cambio en uno de los requisitos para los oferentes ligado a la solvencia financiera de las empresas. La modificación se hizo seis meses después de publicados los carteles de licitación y tan solo un mes antes del plazo para la recepción de ofertas.

La adjudicación a PowerChina para San Gerardo-Barranca se anuló este jueves porque la Contraloría General de la República declaró con lugar reclamos planteados en recursos de apelación. Está pendiente la resolución de objeciones para San Gerardo-Limonal.

A un mes de las ofertas

Aparte de San Gerardo-Limonal y Barranca-San Gerardo, en enero de 2018 se adjudicó el tramo Cañas-Limonal, de 20 km, hoy ya en construcción.

Las licitaciones para los tres tramos se emitieron en abril, noviembre y diciembre del 2017. Los tres carteles pedían a los oferentes acreditar un promedio de facturación en los últimos cinco años de al menos $45 millones en labores de construcción o mejoramientos viales.

Con esas condiciones se adjudicó Cañas-Limonal.

Sin embargo, en abril y junio del año pasado (un mes antes de abrirse la recepción de ofertas), la unidad ejecutora varió ese requisito para los otros dos tramos: San Gerardo-Limonal y Barranca-San Gerardo.

Así, aparte de ese promedio de facturación se solicitó a los oferentes acreditar suficiente solvencia financiera a partir de sus compromisos futuros por obras que tuvieran en curso o ya adjudicadas para los años 2018, 2019 y 2020.

Firmas interesadas en la ampliación con otros compromisos constructivos a corto plazo eran más proclives a incumplir el nuevo parámetro si sus estados financieros sugerían que su solvencia era inferior a $45 millones al considerar esos compromisos futuros y su facturación de los últimos cinco años; lapso que además tenía dos posibles lecturas: podía ser del 2012 al 2016 o del 2013 al 2017.

Esta ambigüedad fue uno de los reclamos planteados en los recursos de apelación.

Cuestión de ‘riesgo’

Tomás Figueroa, director de la Unidad Asesora del Programa de Infraestructura en Transporte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) atribuyó el cambio de requisito a una supuesta gestión de riesgo.

Según dijo, se introdujo el parámetro un mes antes de recibir ofertas para prevenir un escenario en el que una sola empresa pudiera asumir un conjunto obras disponibles en distintos carteles, sin primero confirmarse que tuviera suficiente solvencia económica.

“Obviamente, una empresa puede ganar todas las licitaciones siempre y cuando cumpla con el requisito de tener suficiente capacidad financiera para asumir todas esas obras simultáneamente. Por eso se introdujo (el ajuste en el requisito)”, explicó Figueroa.

La interpretación del lapso de los cinco años (si se tomaba de referencia del 2012 al 2016 o del 2013 al 2017), lo atribuyó a una decisión de la Contraloría.

Su explicación contrasta con la postura del consorcio Meco-HSolís, conforme las apelaciones en este caso.

Ese consorcio argumenta que fijar calificación de ofertas por la diferencia de facturación de una empresa y sus compromisos futuros, y específicamente en referencia a un monto de $45 millones, podría reflejar un afán de contratar a empresas sin activos actuales o con deterioro de sus finanzas.

En este momento, todavía está pendiente la resolución de las apelaciones.

Las obras

Con la ampliación de la vía habrá cuatro carriles (dos por sentido), en vez de dos. Se construirán nuevos puentes a lo largo del corredor donde también habrá barreras divisorias, bahías para autobuses y puentes peatonales, según el MOPT.

Las adjudicaciones a PowerChina de San Gerardo-Limonal y Barranca-San Gerardo ocurrieron el 25 de octubre y el 10 de diciembre del año pasado, respectivamente.

Para el primer tramo presentaron oferta cuatro empresas y, para el segundo, siete compañías.

No obstante la adjudicación a PowerChina, el consorcio costarricense Meco-HSolís apeló ambas adjudicaciones; una de las cuales incluso se le otorgó a ellos el 29 de junio del 2018 (el tramo San Gerardo - Limonal).

Por una apelación de otra empresa oferente, Consorcio Puentes-Almendro, la Contraloría General de la República acogió parcialmente su reclamo y devolvió el cartel a la unidad ejecutora Ineco-Acciona.

Esa unidad ejecutora hizo una interpretación sobre el lapso de cinco años de solvencia económica y concluyó que el texto del cartel de licitación sugería que el lapso de referencia podía ser del 2012 al 2016 o del 2013 al 2017.

La unidad ejecutora consideró al final optó por el lapso 2012 al 2016, Meco-HSolís quedó fuera y PowerChina sumó en diciembre el segundo tramo de la ampliación.