La empresa que resulte adjudicada para ampliar la carretera entre San José y San Ramón también deberá asumir el mantenimiento de la vía una vez que esta se complete, pues el plan es contratar la obra mediante un modelo de diseño, construcción y mantenimiento.
Ese es el esquema que pretende implementar el Fideicomiso Ruta Uno, que es el ente encargado de la administración del proyecto. Según el modelo, el contratista se convertiría en una especie de concesionario, que no solo financiará la construcción mediante el pago de peajes, sino también la conservación de la vía por un plazo determinado.
Así lo dio a conocer la directora del Fideicomiso Hadda Muñoz, quien adelantó que para mitad de este año comenzarían con la fase de estructuración financiera del proyecto integral, para avanzar luego en la fase de licitación y adjudicación de la obra.
“La planificación estima un año y medio para la estructuración financiera, empezando en junio (de 2022), previendo que a finales del otro año tengamos el cierre financiero y a partir de ahí poder canalizar los contratos de diseño, construcción y mantenimiento de la vía”, expresó.
De acuerdo con ese escenario óptimo, los trabajos para ampliar el tronco principal de la ruta de 60 km entre La Sabana y San Ramón empezarían en el 2024, pues la intención es que la ejecución del proyecto se desarrolle mediante la modalidad llamada “fast track”, lo que implica que se irá avanzando en la construcción de los tramos conforme el contratista va elaborando y se van aprobando los diseños. El Fideicomiso no brindó un estimado del tiempo que demorarían los trabajos bajo ese sistema.
Según Muñoz, el tema de las expropiaciones no representa un obstáculo, pues ya se ha ido avanzando en la liberación del derecho de vía durante la ejecución de las obras impostergables u OBIS. A la fecha hay unos 35 terrenos por tramitar, los cuales corresponden a propiedades necesarias para la ampliación de los cuatro carriles del tronco principal.
De acuerdo con la directora, actualmente avanzan en la elaboración de los planos de esos terrenos y los estudios de cada uno de los predios, a fin de que una vez que se apruebe la estructuración financiera, un grupo de profesionales entre a apoyar para agilizar los procesos.
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Sin embargo, el Fideicomiso aún debe conseguir un crédito por $45 millones para completar esas expropiaciones, así como la reubicación y desalojo de los asentamientos humanos que invaden el derecho de vía y la reubicación de servicios públicos. En los estudios de factibilidad se identificaron 232 predios donde hay precarios.
“Conseguir esos recursos es fundamental, si no conseguimos esos recursos garantizar la bancabilidad del proyecto integral va a ser una ilusión”, reconoció la representante del Fideicomiso.
Según lo estimado en los estudios de factibilidad, viajar de ida y vuelta entre San José y San Ramón costaría al menos ¢3.600 en peajes.
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Las casetas de cobro en el tronco principal se ubicarían frente al residencial Los Arcos (¢580), en Coyol de Alajuela (¢425), en Grecia (¢755) y en Río Grande de Atenas (¢170). Además, se instalarían otros peajes de conexión en las salidas hacia Barreal, donde el pago sería de ¢580, y en Río Segundo, estimado en ¢160.Todos estos son montos estimados que se afinarán una vez que se complete la estructuración financiera.
Ese monto se utilizaría para financiar la construcción y mantenimiento de la vía, cuyo costo ronda los $740 millones y de los cuales $110 millones serían considerados como aporte estatal, pues es lo que se está invirtiendo en las llamadas obras impostergables, entre las que se incluye la ampliación de puentes e intercambios a lo largo de la vía.
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Actualmente, solo se han puesto en servicio cinco de las 17 obras impostergables. El cronograma establece que para finales del 2023 todas debían estar completas, sin embargo el Fideicomiso reconoció que existen atrasos en todo el plan, principalmente a causa de la pandemia de la covid-19.