EscucharEl regidor del Partido Nueva República (PNR) en Golfito, Gustavo Mayorga Mayorga, quien figura en la investigación del caso Diamante, por supuestamente haber ayudado a MECO a ganar una licitación de ¢1.200 millones a cambio de dinero para pagar una deuda de su campaña personal, se negó a declarar sobre las conversaciones que habría tenido con el representante de la constructora, Abel González.
Mayorga, quien ocupó el cargo de presidente del Concejo, tampoco supo explicar durante su comparecencia ante los diputados que investigan los hechos de corrupción en obras viales denunciadas en los casos Cochinilla y Diamante, cómo conoció al gerente de Operaciones de MECO. Según dijo, tuvo relación “por cosas de la vida” antes de ser regidor y aseguró que nunca hubo un vínculo de confianza.
Ante las consultas del diputado oficialista Enrique Sánchez sobre las conversaciones que recopila el legajo judicial, el regidor fabricista optó por abstenerse a declarar.
“El expediente habla de conversaciones relacionadas con MECO. Abel (González) ofreciendo el pago de deudas personales de su campaña electoral a cambio de ayuda en esta licitación, en donde usted le ofrece que tiene los votos del Concejo Municipal y usted le garantiza que él la gane.
“Usted tenía menos de un mes de ser regidor cuando esto ocurre; no me imagino a un empresario tratando de corromper a un regidor que tiene tan pocos días, si no le tiene la confianza suficiente para hacer una llamada de este tipo, ¿Por qué se atreve a llamarlo a usted que tenía tan poco tiempo de ser regidor?”, cuestionó Sánchez.
Mayorga insistió en que no existía una relación de confianza con el empresario y ante la repregunta sobre la llamada, nuevamente se abstuvo de declarar. La misma respuesta brindó cuando se le preguntó si había conversado con González antes de ser regidor y las razones por las que le gerente de MECO conocía de sus deudas de campaña, a pesar de que según dijo no era un amigo cercano.
Mayorga sostuvo que conoció de la licitación para rehabilitación de caminos cantonales que MECO terminó adjudicándose hasta que llegó al Concejo.
A la comparecencia de este martes, también asistió el alcalde de Golfito Freiner Lara Blanco, quien expuso ampliamente sobre el proceso administrativo que siguió la licitación cuestionada. Además, se desligó de las acusaciones que lanzó la semana anterior la jefa de Proveeduría del Ayuntamiento, pues aseguró estos corresponden a hechos que tuvieron lugar antes de que asumiera el cargo.
El alcalde, además, se refirió a un funcionario de apellido Suárez quien es uno de los involucrados en la investigación, por supuestamente haber pedido a los abogados de MECO que redactaran una respuesta de parte del Ayuntamiento a la constructora Mapache que había presentado una apelación al contrato citado.
El alcalde dijo desconocer si se dieron esas situaciones a lo externo e insistió en que los procesos se hicieron basados en la información técnica y jurídica que recibió.
Según Lara, el funcionario actualmente se encuentra suspendido sin goce de salario, además se realiza un proceso administrativo para determinar otras acciones.
Fue precisamente la denuncia del propietario de Mapache, quien dijo haber recibido ofrecimientos de dinero por parte de representantes de MECO para que saliera del concurso, la que generó el inicio de las investigaciones judiciales.
La semana anterior, la proveedora de la Municipalidad de Golfito, Karen Moya sostuvo que las irregularidades sobre los carteles a la medida para MECO y los rumores sobre dádivas a regidores eran conocidas en ese gobierno local. desde hace varios años.
Durante la sesión de este martes, los diputados también aprobaron una moción para llamar a comparecer al alcalde de San José Johnny Araya Monge, así como al auditor de ese municipio Israel Barrantes Sánchez y al proveedor Marco Castro Camacho.
La comisión legislativa especial que fue creada en junio del año pasado, luego de los allanamientos que destaparon el Caso Cochinilla, continuará durante los próximos meses en la indagación de los hechos que trascendieron posteriormente, bajo la denominada Operación Diamante, donde se vieron involucrados los alcaldes Johnny Araya Monge, de San José; Mario Redondo Poveda, de Cartago; Alfredo Córdoba Soro, de San Carlos; Humberto Soto Herrera, de Alajuela; Arnoldo Barahona Cortés, de Escazú, y Alberto Cole De León, de Osa.
