CHEC culpa a la pandemia de covid-19 de más atrasos en ampliación de la ruta a Limón

La empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) anunció más atrasos en las obras de ampliación de la carretera entre el cruce a Río Frío y Limón, ahora por culpa de la pandemia de covid-19.

Incluso llegó a presentar un reclamo económico por afectación a causa de la emergencia sanitaria el pasado 29 de abril; sin embargo, lo retiró la semana pasada, confirmaron tanto el Consejo Nacional de Vialidad como la misma constructora.

La versión que dio la firma china a La Nación, es que hubo gran afectación en los controles de trabajos masivos en el campo.

“Se tuvo que disminuir la cantidad de trabajadores en los sitios, lo cual ha afectado el avance de las obras. CHEC todavía está analizando las afectaciones de la pandemia y por el momento no se puede tener una estimación exacta”, indicó el vocero de la empresa ante las consultas de este diario.

De esta forma, adelantó que no descarta plantear el reclamo a futuro. Por ahora, aseguraron, es necesario evaluar la situación para tener estimaciones.

Frente a este nuevo problema con el proyecto, se ve cada vez más lejana la posibilidad de que la firma complete la ampliación de los 106 kilómetros para marzo de 2021.

De hecho, ese plazo se determinó luego de que se le concedieran solo 174 días de los 400 adicionales que solicitó la firma, pues originalmente debía estar lista en octubre de este año. No obstante, tras dos años y medio de haber recibido la orden de inicio, la obra presentaba poco más de 35% de progreso.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, dijo que semanas atrás sostuvo reuniones con representantes de la constructora y nuevamente se comprometieron a acelerar el paso.

Con ese fin, prometen revisar programas, precisar áreas de trabajo y someterse a una medición constante.

“No puedo creer que ningún proyecto ―y no me refiero solo a la 32― tenga razones para atrasos (asociados a la pandemia), salvo alguna cosa que yo no me haya percatado”, expresó el jerarca sobre el eventual reclamo de la empresa.

Según dijo, hasta ahora CHEC había presentado reclamos asociados a temas de expropiaciones y reubicación de postes.

Actualmente se están resolviendo los trámites necesarios para que la planta de asfalto de la firma tenga los permisos para operar.

Por su parte, el encargado de la Unidad Ejecutora, Kenneth Solano, afirmó que en la solicitud (que posteriormente fue retirada) la empresa alegaba temas de logística nacional y que su operación se ha visto afectada por el decreto de emergencia en cuestiones de personal y maquinaria.

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La firma confirmó a finales de marzo, apenas durante las primeras semanas de la emergencia sanitaria en el país, el despido de 180 trabajadores, precisamente por cuestiones asociadas con la covid-19 en las medidas necesarias para evitar contagios en el campo de trabajo.

A criterio del ministro, para cumplir con lo ofrecido la empresa deberá contratar nuevamente más personal en un corto plazo.

Mauricio González, vocero de la Cámara de la Construcción, aseguró que este momento más bien debería ser aprovechado por las empresas constructoras para trabajar más.

Según dijo, el sector estableció protocolos de seguridad y salud necesarios para garantizar que todos los trabajadores continúen ejecutando sus labores de la manera más segura posible.

“Lo que vemos es que todos tenemos que poner nuestro grano de arena para superar esta crisis trabajando.

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“De hecho, hay muchas obras que se han visto beneficiadas porque tienen menos tránsito y se puede trabajar más rápido, por ejemplo la intersección en la ruta de Circunvalación cerca de La República y el puente Virilla sobre la 32”, comentó.

Durante la rendición de cuentas el pasado 4 de mayo, el presidente de la República Carlos Alvarado, manifestó su descontento con el avance de los trabajos a lo largo de los 107 km de la ruta.

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Desde el inicio, CHEC también ha mostrado inconformidad con el proceder del Gobierno en temas de permisos, expropiaciones y otros requisitos necesarios para el avance del proyecto.

La obra recibió el banderazo de salida en noviembre del 2017, durante la administración de Luis Guillermo Solís, sin que para ese momento se contara con los diseños definitivos, permisos y traslado de servicios.

Sin embargo, el Gobierno actual también ha criticado la falta de acción de la empresa, específicamente asociada con la ausencia de cronogramas detallados y capacidad de ejecución. A criterio del MOPT, la compañía dispone de cerca de un 90% del derecho de vía para trabajar.

CHEC también incumplió con el compromiso de entregar los primeros 20 km de carretera en febrero de este año. Ese fallo fue achacado a errores de cálculo para el traslado de las vigas necesarias.

Además de la ampliación de la vía a cuatro carriles, el proyecto contempla la construcción de 36 nuevos puentes y el refuerzo de los ya existentes, así como la construcción de 13 pasos a desnivel, 11 retornos, 24 puentes peatonales y cinco intersecciones en los intercambios a Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y en el ingreso a la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

El proyecto de ampliación representa una inversión de $465 millones, de los cuales $396 millones son financiados por el Eximbank de China y $69 millones corresponden a una contrapartida nacional.

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